La erótica del poder provincial

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aleardo f. laría (*)

La atracción que ejerce el poder sobre la mayoría de los políticos es tan grande, que los gobernantes se obsesionan diseñando estrategias para sortear los límites que las constituciones ponen a sus mandatos electivos. Es un fenómeno que se ha acentuado en América Latina, donde los liderazgos personalistas convierten a los gobernantes en figuras aparentemente insustituibles. Contribuyen a este efecto la debilidad de los partidos políticos y la creciente fetichización de los liderazgos, subproducto de su constante exposición mediática. El fenómeno se ha extendido también a las provincias argentinas, al punto que algunos autores han acuñado la expresión autoritarismo subnacional o autoritarismo electivo para referirse a estas patologías que incorporan la presencia del personalismo, nepotismo y clientelismo como ingredientes de un autoritarismo light. El autoritarismo fuerte, en estado puro, implica un régimen no electoral (o con elecciones no competitivas), con importantes restricciones a las libertades civiles y políticas, y sin límites significativos al poder de los gobernantes. Evidentemente, no es la situación de las provincias argentinas, pero existe una gradación, que va de un extremo a otro, donde existe un punto que puede ser representativo de la situación en que se encuentra cada Estado provincial en particular. El resultado de este autoritarismo híbrido –otra expresión que alude al mismo fenómeno– es que en la Argentina, según la estadística recogida por Carlos Gervasoni, hay ocho provincias que han sido gobernadas por el mismo partido durante siete períodos consecutivos (esto es, 28 años ininterrumpidos desde 1983 hasta el 2011): Formosa (Partido Justicialista o PJ), Jujuy (PJ), La Pampa (PJ), La Rioja (PJ), Neuquén (Movimiento Popular Neuquino), Río Negro (Unión Cívica Radical), San Luis (PJ) y Santa Cruz (PJ). A esta lista deberían agregarse tres distritos donde hubo rotación porque fue forzada por una intervención federal: Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero. La lectura de esta serie estadística prueba que el 46% (11 de las 24 provincias) nunca vio al oficialismo perder elecciones para gobernador en más de un cuarto de siglo. Como señala irónicamente Gervasoni, se tiene la impresión de que las autoridades de estos distritos gobiernan mejor que sus contrapartes en los Estados Unidos (donde entre 1983 y 2010 hubo rotación electoral en 49 de los 50 estados que componen la Unión), o la otra explicación, más probable, es que las características de la competencia democrática hacen prácticamente imposible desalojar electoralmente al partido que ha venido ocupando el poder. Los motivos subyacentes que explican las facilidades que tienen los partidos que ya están en el poder para obtener la prórroga de sus mandatos se vinculan, fundamentalmente, al uso partidista de los recursos de los estados provinciales. Al colonizar la administración provincial con adherentes partidarios, se van generando capas sucesivas de empleados públicos que temen perder el puesto en el caso de un cambio de gobierno. A ello se añade el uso de fondos públicos desviados ilícitamente (por ejemplo los “retornos” que pagan los contratistas del Estado), lo que le permite al ocupante del poder disponer de una masa de recursos que no está al alcance de los partidos de la oposición. Sólo resta añadir que estas prácticas, tan habituales en la Argentina, han sido abandonadas hace tiempo por las democracias modernas y avanzadas del planeta. Como si este uso prebendario del aparato provincial resultara insuficiente, esporádicamente surgen pueriles iniciativas de ingeniería electoral que apuntan al mismo propósito: conservar el poder y eludir las consecuencias de una competencia leal en condiciones de igualdad. De este modo se lanzan globos de ensayo para anunciar estrambóticas “testimoniales” o alambicadas fórmulas de continuidad que se quieren introducir a machamartillo en el sólido tejido constitucional. Una iniciativa delirante, con la que sueñan personas serias en la provincia del Neuquén, es imaginar la hipótesis de una renuncia anticipada del gobernador para habilitar una reelección encubierta. Basta la lectura del texto constitucional para advertir lo absurdo de este empeño. Según el artículo 208 de la Constitución provincial, “el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos por un nuevo período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos para ninguno de esos cargos sino con el intervalo de un período legal”. La duración del “período legal” es de cuatro años según lo que dispone el artículo 207 de la Constitución: “El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones y cesan indefectiblemente en el mismo día en que expire el período legal”. De modo que una interpretación estricta del texto legal no permitiría a un gobernador que cesa antes de completar su mandato presentarse en la elección siguiente, puesto que no habría transcurrido el “período legal” de cuatro años. A título meramente argumentativo, imaginemos el caso de un gobernador que para eludir la prohibición constitucional renunciara un par de meses antes de la finalización de su mandato para volver a presentarse en la siguiente convocatoria electoral. Podría repetir esta estrategia indefinidamente, de modo que así habría alcanzado el sueño cristinista de convertirse en un gobernador “eterno”, con breves y merecidas interrupciones vacacionales caribeñas para reponer fuerzas. La democracia argentina, tanto en el nivel nacional como en el provincial, necesita urgentemente reconstituir su sistema de partidos políticos. Los liderazgos partidarios deberían ser producto de un esforzado cursus honorum en el interior de cada fuerza partidaria para dar lugar a la renovación natural de las elites. Si se contaran con renovadas fuerzas jóvenes que surgieran del combate democrático en el interior de los partidos, se desvanecería pronto la falsa idea de que existen figuras patriarcales, insustituibles e irreemplazables. Entonces, en vez de inventar trampas para sortear los límites constitucionales, los partidos podrían limitarse a cumplir la sencilla y productiva tarea de seleccionar a los mejores.