La fragilidad de vivir al margen

La muerte de una niña de 11 años en el Obrero A de Cipolletti reinstaló el debate sobre los asentamientos. La Provincia expropió ese terreno en 2018 pero el proceso judicial continúa. Los referentes del barrio exigen una solución a las condiciones habitacionales.

Aldana tenía 11 años cuando murió en el incendio del barrio Obrero A de Cipolletti el lunes pasado. Son los años de vida que tiene el centro urbano que se asentó en las vísperas del invierno de 2009, en la zona norte de la ciudad. Habían pasado algunos días desde las instalación de las primeras viviendas, cuando una beba de 3 meses murió por hipotermia, el 11 de junio de 2009.


Un año más tarde falleció una mujer por la misma causa. Según el registro que tienen los referentes del barrio, la de Aldana es la tercera muerte producto de las “condiciones” en las que se encuentra el barrio.

El obrero A, como el resto de los asentamientos de la ciudad, que supera los 30 y ronda el 20 por ciento de la población, no cuenta con la regularización de los servicios esenciales. No hay gas y la electricidad es precaria. No hay obras de infraestructura porque primero deben regularizar la situación nominal.

11
años tenía Aldana cuando murió en el incendio del lunes pasado. Mismos años de vida que tiene el asentamiento.


De los tantísimos incendios que se registran en el barrio, mucho de ellos por fallas eléctricas – no fue el caso de Aldana-, nunca hubo que lamentar muertes. “Hubo muchas personas quemadas con heridas graves, pérdidas totales de viviendas, pero nunca algo así. Nosotros siempre le pusimos el cuerpo a los incendios, pero no pudimos sacar Aldana”, dice Lila Calderón, referente del barrio y una de las vecinas que ayudó a rescatar a la familia de la niña. El padre y sus dos hermanos siguen en terapia intensiva en gravísimo estado.


“Hace años que venimos reclamando al Municipio y al gobierno. Más de una vez dijimos ‘Tiene que morir alguien para que apuren la regularización del barrio’ y acá estamos llorando una niña”, expresó.


La conmoción duró algunas horas en el barrio. La misma tarde armaron una caravana hasta el centro y solicitaron una reunión con el intendente Claudio Di Tella. El jefe comunal los recibió con parte de su gabinete y se comprometió a acelerar el proceso de expropiación. Desde el Ejecutivo aseguraron que el lunes habrá novedades sobre el expediente.

Más de una vez dijimos “¿Tiene que morir alguien para que apuren la regularización del barrio?”.

Lila Calderón, referente del barrio Obrero


Es que el Obrero A, junto a otros cuatro barrios populares, forman parte de la 66 hectáreas que el gobierno provincial expropió en mayo de 2018. Pasaron 2 años y poco se avanzó en la regularización del terreno, herramienta clave para brindar soluciones de fondos como la prestación de servicios básicos. El Obrero B, 2 y 10 de Febrero y Nueva Esperanza son los cuatro centros urbanos que también forman parte de la expropiación.


Fue una semana muy compleja en el barrio. El fin de semana pasado la tormenta dejó casi todas las calles inundadas. Incluso eso generó dificultades para que los bomberos ingresen la mañana del martes cuando se desató el incendio. La hipótesis que investiga el Ministerio Público Fiscal es la explosión de una garrafa de gas envasado. Al día siguiente se desató una ola de robos.

Como si fuera poco, el jueves se confirmó un nuevo caso de coronavirus en la zona. Es el segundo que se detecta en el sector. Los referentes barriales solicitaron testeos masivos para evitar la propagación del virus.


El intendente cipoleño, Claudio Di Tella, detalló que trabajan para poder sacar el expediente del poder judicial para avanzar en el registro catastral.

“El lunes vamos a tener novedades, el objetivo a corto plazo es inscribir al barrio en el registro de la propiedad”.

Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti


Aseguró que las gestiones se iniciaron antes de la pandemia, pero que la crisis por el coronavirus afectó el avance de la urbanización. El depósito judicial para la expropiación de esa zona comenzó en la gestión pasada. Días antes de dejar la función, el exintendente Aníbal Tortoriello hizo el depósito a una cuenta judicial. “El lunes vamos a tener novedades para ver si podemos sacar el expediente de la justicia para mandar a inscribir la propiedad”, detalló el jefe comunal.

La decisión judicial está tomada desde diciembre de 2019

El proceso de expropiación de las 66 hectáreas de la zona norte de Cipolletti data de varios años, pero fue en abril de 2018 cuando la Legislatura dio luz verde al proyecto.


Para eso comenzó una serie de negociaciones con los propietarios de los terrenos donde están asentados los cinco barrios que se beneficiaron con esta ley provincial: Obrero A y B, 2 y 10 de Febrero y Nueva Esperanza.
La situación del Obrero es la más avanzada porque ya se hizo el depósito judicial.


En ese sentido el intendente Claudio Di Tella destacó que el lunes esperan tener la resolución para avanzar sobre el registro de propiedad” indicó.
El juicio es de la municipalidad de Cipolletti contra Carlos Romero y ocho personas de apellido Alias, quienes figuran como propietarios del terreno. El proceso es dispositivo, es decir que el expediente se mueve solo por “disposición” de las partes.


Este expediente se inició en el Juzgado Civil 1 el 27 de noviembre de 2019. Una de las primeras medidas fue otorgarle la posesión a la municipalidad y notificar al registro de la propiedad e inmueble sobre el juicio en curso.


El mandamiento de posesión se ordenó por parte del juzgado el 27 de diciembre. Es decir que el municipio en los hechos ya tiene la posesión, independientemente de algunos tecnicismos propios del tramite procesal.
Por el momento la demanda solo fue contestada por dos de los nueve demandados.

El primer paso es inicio demanda y contestación. Luego la causa se abre a presentación de pruebas (tasaciones, peritos) y si no hay acuerdo el juez fija un valor y dicta sentencia.


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