La guerra contra los evasores
Todo gobierno nuevo insiste en que a diferencia de sus antecesores librará una guerra sin cuartel contra los evasores impositivos a fin de eliminar el parasitismo supuesto por la negativa de una parte significante de la población a aportar lo debido al fisco, pero hasta ahora ninguno ha logrado suprimir lo que en una ocasión Carlos Menem calificó del deporte nacional por antonomasia, razón por la que los anuncios recientes en tal sentido produjeron más dudas que entusiasmo. Si bien nadie se afirma en favor de dejar las cosas como están, los más parecen convencidos de que no resultará posible avanzar mucho en un terreno en el que fracasaron los militares, los radicales y los neoliberales de Menem. Es que en nuestro país y en muchos otros de tradiciones similares, los evasores ya están tan acostumbrados a burlarse de los intentos del gobierno de turno de atraparlos, que no se sentirán intimidados por las amenazas oficiales. Por supuesto que este estado de cosas nada satisfactorio se modificaría si un gobierno llegara a contar con instrumentos tan eficaces como los empleados en países que son considerados relativamente libres del flagelo, pero crearlos no será fácil mientras no exista una administración pública que sea plenamente profesional y por lo tanto menos propensa que la actual a dejarse influir por factores políticos. Además, como distintos juristas ya han señalado, una ofensiva contundente del tipo previsto por el gobierno del presidente Néstor Kirchner podría suponer la violación de derechos fundamentales, motivo por el cual a su juicio sería inconstitucional aplicar a los grupos que favorecen la evasión impositiva la figura de asociación ilícita, esta variante legal multipropósito que aquí suelen usar los gobiernos cuando otras más habituales no les parecen adecuadas.
Otro problema tiene que ver con la idea, la que con toda seguridad está compartida por Kirchner y sus colaboradores, de que los culpables principales de evadir impuestos son las grandes empresas, sobre todo las de capital extranjero, de suerte que una campaña realmente vigorosa contra el mal sería una forma de redistribuir el ingreso en beneficio de los pobres.
Sin embargo, aunque no cabe duda de que todo empresario que se precie tratará de minimizar sus propias obligaciones tributarias, extrañaría que los más importantes, muchos de los cuales han estado bajo la lupa oficial desde hace años, no tuvieran todas sus cuentas en orden. En cambio, no es ningún secreto que una multitud de pequeños empresarios, algunos meramente artesanales, además de comerciantes, sí se han habituado a operar al margen de la ley, a menudo por no estar en condiciones de cumplir, mientras que como es notorio es muy exigua la proporción de autónomos que se preocupó por mantenerse al día. De la misma manera, es innegable que abundan los que trabajan en negro que se resisten a pagar sus impuestos o aportes sociales porque hacerlo los reduciría a la miseria más absoluta.
He aquí un motivo por el que en el pasado las campañas contra la evasión han producido resultados tan decepcionantes, al afectar principalmente a minoristas de ingresos modestos.
A la larga, los resultados de la lucha contra la evasión sistemática dependerán menos de la capacidad de los voceros oficiales para formular amenazas creíbles contra los reacios a pagar, que de la eficiencia administrativa y de la incorporación de tecnología moderna, lo que, claro está, necesitaría una reforma del Estado que por motivos ideológicos Kirchner no quisiera emprender. Además, por tratarse de un problema de raíces tan profundas que ha incidido mucho en la conformación de la sociedad argentina, todo éxito anotado por el gobierno implicará costos. Si bien es evidente que las autoridades tienen forzosamente que intentar obligar a todos sin excepción a cumplir con la ley, en el caso poco probable de que en un par de meses lograran reducir la evasión a un nivel más escandinavo que latino, se verían frente a muchos problemas sociales muy graves porque para amplios sectores sería traumático el ajuste que les supondría integrarse al país formal. En cuanto a los pocos beneficiados por las oportunidades para evadir brindadas por la globalización, ellos siempre contarán con la alternativa de trasladarse a otra parte.
