La industria del control del delito

martín lozada (*)

Durante su campaña para impulsar la reforma del sistema de justicia criminal, auspiciada por republicanos y demócratas, el presidente Barack Obama visitó días atrás la prisión federal de FCI El Reno, en Oklahoma. Se trató de un acontecimiento histórico, puesto que fue la primera vez que un presidente de ese país se hizo presente en un correccional federal. Desde allí insistió en la necesidad de cambiar algunos de los aspectos más complejos del sistema, especialmente vinculados al tratamiento de los delitos no violentos. Unos días antes había conmutado la condena de 46 presos por delitos relacionados con drogas, 19 de ellos sentenciados a cadena perpetua. Entonces afirmó: “Nos gastamos más de 80.000 millones de dólares al año en encarcelar gente que a menudo ha estado involucrada con delitos de drogas no violentos (…) Se trata de ver si junto al Congreso podemos reducir alguno de los mínimos obligatorios alrededor de los delitos de drogas no violentos”. El presidente estadounidense pretende reformar el sistema criminal del país, en el que las cárceles se convirtieron en los últimos años en un gigantesco monopolio privado que cuesta al contribuyente miles de millones de dólares. Las preocupaciones del mandatario se justifican puesto que Estados Unidos posee la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 2,3 millones de personas en prisiones federales, estatales y locales. Si bien cuentan con algo más del 4% de la población global, se mantiene encerrado en su territorio al 25% de los presos del planeta. Esto es, 724 por cada 100.000 habitantes, seguido luego por Rusia con 581. Décadas de demagogia punitiva llevaron a que muchos delitos no violentos se castiguen con sentencias obligatorias de prisión, privando al Poder Judicial de su autoridad para imponer penas proporcionales a la infracción cometida. Según la revista Newsweek, afro-estadounidenses y latinos representan el 60% de población tras las rejas en el país. Uno de cada 35 afro-estadounidenses y un latino de cada 88 están en prisión, mientras que entre la población blanca la relación es de uno cada 214. La realidad advertida por el presidente Obama fue anunciada décadas atrás por el prestigioso criminólogo noruego, recientemente fallecido, Nils Christie. Así lo hizo en su magnífico libro titulado “La industria del control del delito. ¿La nueva forma de holocausto?”. Sostuvo entonces que las sociedades occidentales enfrentan dos problemas principales. Ellos consisten en la distribución desigual de la riqueza y la distribución desigual del acceso al trabajo remunerado. Problemas que pueden dar lugar a variados disturbios sociales. Frente a ese cuadro, la industria del control del delito está preparada para enfrentarlos, en tanto provee ganancias y trabajo al mismo tiempo que produce control sobre quienes de otra manera perturbarían el proceso social. Agregó el criminólogo que, en comparación con la mayoría de las industrias, la del control del delito se encuentra en una situación más que privilegiada. No hay escasez de materia prima, pues la oferta de delito parece ser infinita. También son infinitas la demanda de este servicio y la voluntad de pagar por lo que se considera seguridad. Y los planteos habituales sobre la contaminación del medioambiente no existen. Por el contrario, se considera que esta industria cumple con tareas de limpieza al extraer del sistema social elementos no deseados. Christie llamó a no olvidar que el tamaño de la población carcelaria es una cuestión normativa, producto de decisiones puntuales en materia de política criminal. De acuerdo a ello, son las prioridades sociales, los valores, la ética –y no el empuje industrial– los que debieran determinar los límites del control formal e institucional. La cantidad de castigo que impone el sistema jurídico de cada país se puede medir de varias maneras. Una de ellas consiste en analizar el número de sus reclusos y la razonabilidad de sus penas. El criminólogo noruego lo tuvo bien en cuenta toda vez que, después de la muerte, el encarcelamiento es el ejercicio de poder más severo que el Estado tiene a su disposición. (*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)