La información sumaria que más preocupa en el Tribunal Superior de Neuquén
La denuncia presentada por el fiscal Andrés Azar contra el ex juez Diego Piedrabuena quedó casi en el olvido, detrás de la helada cortina de la feria invernal. Pero hay ojos atentos a sus movimientos.
La Ciudad Judiical de Neuquén (Foto: Yamil Regules)
En la Auditoría General del Poder Judicial hibernó durante la feria un decreto del Tribunal Superior que ordena abrir una información sumaria para investigar una denuncia del fiscal Andrés Azar. El objetivo es determinar «la posible trasgresión de deberes funcionales propios de magistrados y funcionarios de este poder judicial». El caso, detrás de tanto palabrerío, es más conocido por su apodo: «el pdf de Piedrabuena».
La renuncia de Piedrabuena: el allanamiento y la llamada que no llegó
El Tribunal imprime a sus pesquisas internas el ritmo que cree más conveniente. Como los mismos hechos que dan lugar a la información sumaria están siendo investigados en una causa penal, el decreto de presidencia consideró «conveniente ordenar a la Auditoría General la reserva de las presentes actuaciones, supeditando su avance a los actos que surjan del legajo penal».
Una información sumaria puede terminar en nada, o derivar a un sumario. Un sumario puede terminar en nada, o derivar a un Jurado de Enjuiciamiento. Un Jurado de Enjuiciamiento puede terminar en nada, o en una destitución. Depende.
Por ejemplo
Hubo un magistrado contra el que se abrieron dos informaciones sumarias por cuestiones internas. Los expedientes estuvieron meses inmóviles. Los vocales no se ponían de acuerdo. ¿Había elementos para hacerle un sumario o había que archivar?. Las posiciones estaban 2 a 2.
De pronto sucedió algo que convirtió esas informaciones sumarias en algo público, trascendente, y se convirtieron en parte de la acusación en un Jurado de Enjuiciamiento. Pasó hace muy poco, con el ex juez Diego Piedrabuena.
La auditoría está a cargo en modo subrogante de Ximena Verdugo. La causa penal, del fiscal Diego Azcárate. Estos dos funcionarios manejan uno de los temas que más inquietan al Tribunal Superior, por el potencial poder de daño y sus efectos colaterales.
Flashback
Retrocedamos al 3 de junio pasado. Ese día el fiscal de Delitos Sexuales Andrés Azar denunció que «había recibido en su teléfono un mensaje con un documento pdf con fotos y textos referidos a su vida privada y laboral. A través del contenido de este documento, se planteó además que supuestamente había cometido delitos, algunos de ellos en perjuicio de su hijo e hija, ambos menores de edad, y se lo cuestionaba por su actuación en casos que llevó adelante como fiscal de Delitos Sexuales». La cita es textual del decreto de presidencia del Tribunal.
La investigación penal iniciada tras esa denuncia motivó, el 18 de junio, el allanamiento en la vivienda del entonces juez Diego Piedrabuena, a quien se atribuyó la confección y distribución de ese pdf a través de los correos electrónicos de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, integrantes del Poder Judicial, entre otros.
En ese entonces ya tenía fecha fijada el Jurado de Enjuiciamiento contra el entonces juez Diego Piedrabuena, quien el 28 de junio renunció.
En el allanamiento, encabezado por el fiscal Azcárate, secuestraron cinco computadoras y tres teléfonos. Todavía no se informó qué había en esos dispositivos, no se pidió la audiencia de formulación de cargos pero tampoco se dispuso el archivo del legajo, de modo que la causa penal no avanza y por lo tanto la información sumaria de Verdugo tampoco.
El presente
Se sabe que Azar fue corrido de la agencia de Delitos Sexuales a Homicidios. Presentó un descargo de 4 hojas para responder las acusaciones en su contra que hay en el pdf, donde le atribuyen hechos graves como haber ocultado información que beneficiaba a una persona para poder mantenerla detenida.
El responsable directo de supervisar su trabajo es el fiscal jefe Rómulo Patti. El jefe de todos los fiscales es José Gerez, quien además de retener ese cargo se desempeña como vocal subrogante en el Tribunal Superior.
Cuando alguien tiene que subrogarlo como fiscal general, esa tarea le corresponde a Patti.
Escenarios posibles en el Consejo de la Magistratura
La confirmación de la precandidatura de María Eugenia Ferrareso a diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino abre una serie posible de cambios en cascada que podrían llegar hasta el Consejo de la Magistratura.
Si bien son muchas las fichas que deben moverse, los que juegan en varios tableros a la vez ya tomaron nota de que, en caso de ganar una banca en Diputados (para lo cual debe obtener buenos resultados en las PASO y en la general), Ferrareso dejará la secretaría parlamentaria en la Legislatura y muy probablemente la reemplazaría Rocío Aylén Martín Aimar, actual prosecretaria.
Martín Aimar es también suplente de Claudio Domínguez, consejero del Consejo de la Magistratura, que dejará el cargo para asumir como concejal de la ciudad de Neuquén.
Si la abogada se queda en la Legislatura, el bloque del MPN deberá designar otra (u otro) representante en el organismo encargado de la elección de jueces para que complete el mandato de Domínguez.
Si los votos alcanzan, habrá sillas para todes.
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