La insolvencia y las pymes



Dario Tropeano*

El deterioro del patrimonio empresario y comercial se advierte con nitidez, y solo la reconstrucción del mercado (con políticas diversas a la actual) podrá abortar la situación.

El último informe del CEPA indica que cada tres días hay en la Argentina un concurso de acreedores o quiebra en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, lo que evidencia un proceso que se sostiene desde mediados del año anterior. El aumento interanual entre el 2017 y 2018 asciende al 62%, dando con ello una magnitud de la crisis que atravesamos. Por cierto se observa durante este año que el problema ha llegado a grandes empresas (BGH , Molinos Cañuelas, etc.) en tanto confluyen en ellas la caída de ventas por el deterioro del consumo y las altas tasas de interés bancario y fiscal, que se potenciaron con la potente devaluación del 2018.

La empresas con problemas económicos o financieros primero optan por el procedimiento preventivo de crisis laboral (suspender o reducir personal con el pago del 50% de la indemnización), para posteriormente ir al concurso preventivo de acreedores (solución negociada con los acreedores para evitar la quiebra y el remate de los bienes) o en caso que no exista salida el pedido de quiebra y venta judicial de bienes. Según el informe del CEPA estamos al 50% de los niveles observados en los años 2001/2002 cuando afrontamos la mayor crisis sistémica de carácter económico, social y financiero de la Argentina.

El concurso de acreedores asoma como una solución que entre sus ventajas cuenta con la posibilidad de suspender los juicios de AFIP y el devengamiento de los intereses punitorios que aplica el organismo, aproximadamente por un año. Asimismo se levantan los embargos trabados por los acreedores en las cuentas bancarias de la empresa, lo que supone un oxígeno que otorga la posibilidad de repensar la empresa parando una situación que -de no ocurrir- desembocará fatalmente en la quiebra.

Llegado a este punto, el empresario debe adoptar medidas -en ese tiempo de gracia- que le permitan realizar los ajustes a su estructura económica buscando un nuevo posicionamiento comercial, económico y por cierto financiero, el cual -en este último caso- se ve mejorado por el tiempo de gracia que obtiene al transitar el proceso judicial, que debe desembocar en un acuerdo con sus acreedores que le permita afrontar sus deudas. Durante el proceso, el empresario o comerciante puede trabajar normalmente y administrar su establecimiento, cobrar, pagar, adquirir y vender mercaderías.

Este proceso se manifiesta claramente a los largo de nuestro país y la cadena de pago muestra un debilitamiento preocupante que alarga los mismos en plazos de hasta 180 días, lo cual hace inviable cualquier actividad lícita frente a semejante proceso inflacionario en curso.

Este deterioro general está afectando la capacidad de recaudar impuestos por parte de AFIP , cuyo su titular hace pocos días reconoció la existencia de más de $100.000 millones de deuda vencida y $ 200.000 millones en planes de pago. Una parte sustancial de dichos montos no será abonada, dado que el proceso de deterioro empresario se profundizará cada semana en la Argentina, en tanto se continúen las políticas llevadas adelante por la actual gestión.

Nuestra zona del Alto Valle, aliviada por los yacimientos de petróleo y gas, muestra un perfil de endeudamiento cuyo eje gira en torno a las deudas con AFIP, acumulando allí las deudas principales. Si bien existen actividades (pequeñas empresas de servicios petroleros, plantas de empaque, comercios de proximidad y constructoras) que han mostrado la decisión de cerrar sus puertas, quebrar o concursarse, la situación no alcanza aun la dimensión del resto del país.

Sin embargo a la presión fiscal que genera deudas que se pretenden regularizar periódicamente a través de planes de pagos que se incumplen sistemáticamente, se evidencia hoy el impacto financiero que causan las grandes operadoras o de servicios frente a las pymes.

Al prolongar los pagos, desglosar servicios, recalcular los mismos, retener montos por de facturas en garantía del pago de aportes y contribuciones, solicitar la ejecución de adicionales de obras que nunca se pagan, generan un desequilibrio financiera en las pequeña y mediana empresa que suele desembocar en la cesación de pago o por lo menor en un proceso de deterioro patrimonial que conducirá -en el tiempo- a ella.

Quienes vivimos y ejercimos profesionalmente con intensidad la temática de la cesación de pagos en aquellos destructivos años de finales de la década de 1990 y especialmente el 2001/02, observamos hoy algunas manifestaciones repetidas.

El deterioro del patrimonio empresario y comercial se advierte nuevamente con nitidez, y solamente la reconstrucción del mercado (me refiero al productivo y del consumo a través de una inyección de ingresos a través de políticas absolutamente diversa de la actual) podrá abortar dicha situación.

*Abogado, docente de grado y posgrado en Concursos y Quiebras de la UNC


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