La intervención judicial empujó las medidas

La remediación ambiental es un paso clave para que la fuente contaminante deje de aportar al medio minerales pesados que puedan entrar en contacto con la población y seguir afectando su salud. Esa instancia ya está a punto de ponerse en marcha y mañana se desarrollará una jornada fundamental en este sentido. Sin embargo, otras cuestiones han quedado relegadas y al menos dos de ellas se deberán resolver en el ámbito judicial. Una es la problemática sanitaria. Lo más grave de todo lo ocurrido con Geotécnica es que se ha determinado fehacientemente que los residuos de la planta abandonada –como también lo hizo en su momento el humo de su producción– provocan graves daños en la salud humana y que los niños de la localidad se ven afectados por la exposición. Desde principios del 2006 se sabe que el plomo está presente en valores mayores que los que acepta la OMS en el 20% de los chicos de la ciudad. Sin embargo, seis años después hizo falta que la defensora general Rita Custet Llambí interviniera y mediante un amparo colectivo lograra que el STJ ordenara al Ministerio de Salud de Río Negro desarrollar antes del 21 de diciembre un plan pormenorizado de prevención y abordaje en materia de salud integral de los habitantes de San Antonio Oeste, con plazos específicos, responsables de su cumplimiento y acciones concretas para su ejecución. Es preocupante que se haya tenido que llegar hasta esta intervención de la Justicia, cuando desde 1995 se sabe que el plomo y otros metales pesados están presentes en la bahía San Antonio. Un estudio de la Fundación Patagonia Natural dio cuenta de esa existencia. La Fundación Inalafquen pidió informes luego y el Consejo de Salud Pública ratificó que existían riesgos, pero nada se hizo al respecto. En el 2005 Nuria Vázquez confirmó con su tesis que el plomo estaba en organismos vivos de la ría y al año siguiente se hicieron muestreos en sangre de niños de la localidad que dieron positivo en el 20%. Entonces hubo un compromiso de seguimiento de los casos, que en particular se daban en las escuelas cercanas a la pila y en las familias que vivían en el sector inmediato, en la zona de chancherías. Sin embargo, la población en esa área creció notablemente y las autoridades no lo evitaron. El hospital de San Antonio relevó 41 personas viviendo junto al escorial, de las cuales 14 son niños, cuando en el 2006 había sólo 13 ó 14 en total y solamente tres niños. Por qué no se alertó de los riesgos a estas familias y no se evitó que se sumara más gente a vivir allí es una duda que persiste. Ahora la Municipalidad recibió la orden judicial de impedir que se incorporen más personas a residir allí. Otro de los temas accesorios que se manejan en el ámbito judicial es un mandamus interpuesto por un profesional de la minería, Vicente Marino, que asegura que en el escorial que se pretende confinar o remover existe un mineral, llamado indio, en cantidades cuyo valor de mercado rondaría los tres millones de pesos. El accionante interpuso un recurso para que la provincia pueda disponer de ese mineral sea cual fuere el procedimiento utilizado para evitar la contaminación.


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