La desafiante confesión del líder de Los Monos en pleno juicio: «contrato sicarios para tirar tiros a los jueces»
Fue la respuesta que dio cuando le consultaron cuál era su oficio o profesión. Ariel 'Guille' Cantero está imputado por siete de los diez atentados contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales en Rosario.
Comenzó la semana pasada el juicio contra siete integrantes de la banda "Los Monos" en Rosario.
El líder de la banda criminal «Los Monos», Ariel ‘Guille’ Cantero, dijo hoy que contrata «sicarios para tirar tiros a jueces» cuando el tribunal que lo juzga por siete de los diez atentados contra edificios judiciales y domicilios de funcionarios del área de justicia le pidió sus datos personales y le preguntó por su oficio o profesión.
«Oficios varios. Contrato sicarios para tirar tiros a jueces», dijo Cantero en tono casual a los jueces.
El audio de la declaración de cantero fue reproducido a la prensa que asiste al juicio virtual en una sala contigua a la 10, donde se desarrolla el debate con la presencia de los jueces los fiscales y los defensores.
Los siete acusados, en tanto, siguen el juicio a través de la plataforma Zoom desde sus lugares de detención, en el caso de «Guille» Cantero, el penal federal de Marcos Paz.
A poco de iniciarse la audiencia, los jueces preguntaron a cada uno de los siete acusados sus datos filiatorios y cuando llegó el turno de Cantero escucharon su respuesta irónica frente a los cargos que se le atribuyen justamente por intimidación y atentados planeados desde prisión contra integrantes del Poder Judicial.
Cantero y los otros seis acusados enfrentan cargos por diez ataques cometidos contra domicilios de funcionarios judiciales o sedes de justicia, siete de los cuales creen que fueron instigados desde prisión por el líder de «Los Monos».
Los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo adelantaron que pedirán 24 años de prisión para Cantero por considerar que las balaceras «tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones».
Los siete imputados llegan al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos están con prisión preventiva por otros delitos.
Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro «Teletubi» Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11.
En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.
Los otros involucrados en el caso, Claudio «Churro» Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas.
Los hechos que se les imputan conforman una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2.100 y otra de Montevideo al 1.000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1.400 que perteneció al exintegrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de «Los Monos».
A continuación, el 26 de julio, se cometieron atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2.500 y la otra en Dorrego al 1.600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.
Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió un ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a «Los Monos».
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1,700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1,400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La cronología de atentados destinados continúa el 14 de agosto, con un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1,900.
Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
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