La Justicia mira las designaciones

VIEDMA (AV)- La Justicia rionegrina investiga presuntas irregularidades en la designación de personal en la Legislatura y el Ejecutivo. También se incluyó en esta investigación la ocupación de una vivienda oficial -destinada a legisladores y funcionarios del interior de la provincia- de un dirigente gremial.

El fiscal de Viedma Ricardo Falca requirió la instrucción de proceso contra funcionarios públicos provinciales, nacionales, parlamentarios y dirigentes gremiales.

La causa se inició en base a publicaciones periodísticas y documentación obtenida de la que surgirían irregularidades en el Poder Legislativo rionegrino en el marco de las designaciones de personal.

También se investiga la designación de exlegisladores que no tendrían definida la función que desempeñarían pero igual percibirían salarios. En esta condición se encontrarían Eduardo Cailly, Mariano Palomar, Justo Ramírez, Juan Carlos Montecinos, Roberto Barros y Raúl Mon.

El pedido del fiscal incluyó además el caso de personas con funciones aparentes en el Ejecutivo rionegrino y que estarían adscriptas a la Legislatura cobrando sueldos del primero y un adicional del segundo que oscilaría entre un mínimo de 211 pesos y un máximo de 577 por las funciones que en apariencia prestarían en el Poder Legislativo.

En esta situación se encontraría Guillermo Eduardo Jáuregui domiciliado en Bariloche, además de una cantidad de personal contratado con funciones fuera de la provincia como en Cipolletti (52 contratos), Bariloche (32), Roca (31), San Antonio (10), Capital Federal (4) y Bahía Blanca (1).

Por otra parte una docena de personas estarían registradas como empleados de planta o contratados de la Legislatura y desempeñarían funciones en el Ejecutivo como el caso de Alberto Gómez, chofer del gobernador, y Patricia Arnaldo, secretaria del mandatario en la Capital Federal. También se investiga la designación y la función que cumplen Leticia Poggi y Silvia Buckland.

Viviendas oficiales

Falca pidió el reglamento de la Legislatura que regula el uso de viviendas oficiales de ese Poder, en el marco de la investigación iniciada por la ocupación de una de esas casas por parte del secretario General del gremio legislativo, Alejandro Gatica.

La causa iniciada comprende además un presunto acuerdo entre el gobernador, Pablo Verani; el intendente de Cipolletti, Julio Arriaga; el actual titular de la Side, Carlos Soria y el senador por Río Negro Miguel Pichetto para que en el futuro no se investiguen ilícitos contra el Estado provincial cometidos presuntamente durante las anteriores gestiones y la actual.