La Justicia penal en crisis

El proceso penal

Es duro tener que exponer ante la opinión pública lo que nadie quiere oír; sin embargo resulta necesario hacerlo para no caer en la complicidad de callar.

El Poder Judicial fue concebido para equilibrar las garantías de preservación de la personalidad del hombre, según sus necesidades, tratando de detener los avances de las manifestaciones totalitarias del poder de los representantes del Estado, de sus absolutismos ideológicos.

Destruir la eficacia de esa función de equilibrio, negándola o dejándola sin medios para actuar, implica romperla derrumbando los diques que se oponen a la soberbia y prepotencia de un Ejecutivo poderoso; a la inoperancia de un Poder Legislativo sumiso, más notarial que creador de leyes; al absolutismo de sus ideólogos o el interés personal de los que poseen una informal, pero real, cuota de poder.

El país pretende o sueña con un cambio cuasi total, con la aspiración ciudadana de poder contar con un gobierno en el que prime el equilibrio entre los tres poderes. Equilibrio, respeto y mutuo control, basados en una política gubernamental democrática y republicana. Para ello se impone la autocrítica: cómo está la Justicia penal y el porqué de su desprestigio.

No cabe duda de que durante estos años vividos en democracia, a pesar de los discursos más que de los esfuerzos, la Justicia penal se encuentra sometida merced a malos nombramientos, debido principalmente a la ley que, casualmente, se preocupa por la designación de jueces. Así, de la primera causal del sometimiento judicial, la responsabilidad cae en el tramposo sistema impuesto por el Consejo de la Magistratura, ente más político que académico. En muchos casos, no se eligen jueces para la administración de justicia sino a “amigos del poder” que actuarán como jueces avasallando la augusta misión.

Por otra parte la marea legislativa, en ocasiones, por obediencia sumisa de una mayoría, hace leyes de cualquier manera, comúnmente mal asesorada, acudiendo a infinitas variaciones sobre los mismos temas, sumando en oscuro tornado de leyes contradictorias, derramando obligaciones y responsabilidades sobre el Poder Judicial.

El proceso penal se convirtió en entretenimiento público -cuasi deporte-; es la cruel emoción que proporciona este nuevo circo romano, en el cual la competencia de los medios de información convirtió a un público en jurado no sólo de los imputados, sino hasta de los mismos jueces. Así la Justicia deja jirones de su prestigio en este proceso espectáculo, que nada tiene que ver con la publicidad del proceso, y al que muchos jueces prestan su concurso sin medir consecuencias. Finalmente el invertebrado jurado no deja de recibir el mensaje de quienes se autocolocan como integrantes calificados de él, miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo que gozan de prensa y adelantan juicios con total impavidez.

Y así tenemos un Poder Judicial desmedrado, con muchos de sus hombres quebrantados y con sus dirigentes divididos. Es que el triunfo político logró lo jamás pensado: quebrar la unidad conceptual y filosófica encaminada a administrar justicia, logrando fundar bandos odiosos e incomprensibles con pancartas que los identifican a unos como “justicia legítima” , en oposición a los otros que tildan de falsos, simplemente por su tenaz independencia. Surge así una parte del Poder Judicial, acusada de obedecer servilmente órdenes del Poder Ejecutivo, que ansía proclamarse “Yo soy el Estado”. Y esa parte del Poder Judicial sirve a los manejos políticos y -aquí lo dramático- debe obligatoriamente prestarse a ello porque la ley se lo impone.

No es nuevo que la corrupción en la administración siempre existió, pero últimamente se muestra como inmoralidad inherente al orden constitucional. Los hechos de corrupción llegan a los estrados judiciales de varias maneras, pero los de alguna magnitud alcanzan ecos institucionales, más allá de la publicidad, y pareciera que conforman un cuadro rutinario, sin escándalo, como algo normal. Lo que en otras épocas imponía -prácticamente- la caída del sistema y el gobierno quedaba en manos de la Corte.

Y en ese cuadro se advierte una reacción que opera como lucha de clases: parte de la clase política comprometida en ese proceso de corrupción reacciona, mecánicamente, no atacando a quienes alentaron la intervención de la Justicia, con la ilogicidad de la defensa animal, sino contra la Justicia, tratando de demostrar que en ella hay corruptos.

Pero hay otros estigmas: las deficiencias de las instituciones de detención; la situación espantosa en que se encuentran los inimputables con problemas psiquiátricos; el periplo que tiene que hacer un juez de Menores para colocarlos cuando éstos cuentan con problemas de conducta, debiendo terminar por arrumbarlos en lugares inadecuados donde no reciben tratamiento alguno.

Y qué decir cuando se impone analizar el contenido de fallos que, despiadadamente, mandan a la cárcel a inocentes, juzgados simplemente porque la víctima los acusa, tratando de satisfacer las ansias vengativas, no buscando “la justicia que invocan” sino la irrestricta aplicación de la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente.

Y ese desconocimiento de la ley es la consecuencia natural de quien fue elegido por la “dedocracia” sin importar si tenía o no kilates académicos para ello.

También paraliza la conciencia republicana contar con jueces serviles, venales o, lo que es más grave, incapaces para ejercer con dignidad, decoro e inteligencia el cargo.

Advertimos que algunos magistrados -no todos- lo son por simple esnobismo: “Es importante lucir la toga de juez, con un bill de inmunidad en el bolsillo, asegurando su cargo en la medida que pueda asegurar su obediencia debida al mandamás de turno que lo eligió”; o sólo como simple recurso económico: “Un buen sueldo, prestigio social que reemplaza las angustias económicas y los avatares que depara el ejercicio profesional desde el llano, de quienes carecen de agallas para ganar prestigio y consolidarse como exitoso profesional. Y así, detrás del escritorio, quien carece de sabiduría necesaria para administrar justicia vegeta impunemente, condenando inocentes y absolviendo culpables…”. Y se dan casos como el de un detenido que solicita su excarcelación sobre la base de que su prisión preventiva se fundaba en pruebas falsas, ideadas por el juez para someterlo; este mismo juez deniega la petición; el imputado apela ante la Cámara, invocando iguales argumentos: falsas pruebas; la Cámara de Apelación confirma la prisión preventiva y rechaza los argumentos del apelante por improcedentes; el imputado interpone recurso de casación por ante el Superior Tribunal de Justicia, argumentando que su prisión preventiva se funda en pruebas falsas; el alto tribunal provincial confirma la prisión preventiva y declara mal concedido el recurso de casación por invocar argumentos improcedentes; y aquí lo insólito: antes de que quede firme lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, denegando la libertad caucionada, el imputado, nuevamente, invocando que su prisión preventiva se funda en pruebas falsas ideadas por el juez de instrucción, le solicita a éste la excarcelación y el juez le concede la libertad bajo caución juratoria… Sin comentario.

Se avecina un cambio. Esperemos que llegue con la fuerza moral y patriótica necesaria para sanear el Poder Judicial y, en especial, la Justicia penal que necesitará, más que nunca, contar con jueces probos y capaces para terminar con la obsecuencia, la incapacidad y el parcialismo que tanto daño hace a la república, imponiéndose en este ámbito también un ¡nunca más!

EVES OMAR TEJEDA

Abogado

EVES OMAR TEJEDA