La Legislatura avalará el uso pleno de expedientes y firmas digitales
La solicitud será analizada en la sesión de hoy, que también evaluará la creación de la sociedad anónima para la emisión de las tarjetas de créditos para estatales.
El gobierno provincial requirió autorización a la Legislatura para la implementación del expediente electrónico y firmas digitales en todos los procesos administrativos. Esa solicitud será analizada en la sesión de hoy, que también evaluará la creación de la sociedad anónima para la emisión de las tarjetas de créditos para estatales.
La autorización legislativa está orientada a “disipar las dudas” frente a la actual normativa y, también, a “mejorar la accesibilidad, celeridad, transparencia, eficiencia y la calidad de las respuestas administrativas”.
La reunión parlamentaria analizará un permiso del gobernador Alberto Weretilneck para el “uso del expediente electrónico, documento electrónico, comunicaciones electrónicas, firma digital, de domicilio electrónico constituido, de clave informática simple, firma electrónica y firma digital, en todos los procesos administrativos” que se tramitan en los tres Poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades. Se reafirma que esos trámites tendrán “idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”.
Esta reformulación propicia “la maximización del uso de los recursos para una mejor prestación de los servicios estatales” y, además, es “condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y social de la Provincia y redundará en un mejor servicio a sus habitantes”.
En sus fundamentos, el gobernador recuerda que Río Negro suscribió el compromiso Federal para la Modernización del Estado con la Nación, orientado a “desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites para hacer más sencilla y práctica la vida de los ciudadanos”, “jerarquizar el empleo público”; “transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información pública y asegurar la participación ciudadana”, “fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas públicas”, y la “incorporación de infraestructura tecnológica necesaria para favorecer la inclusión digital de toda la ciudadanía en forma segura”.
El proyecto precisa que la ley es necesaria para “avanzar en el uso total de los sistemas ya implantados (Gestión Documental Electrónica, Comprar, Legajo Único Electrónico, etc.) y otros a desarrollar, lo que constituirá el paso definitivo para situar a la Administración rionegrina, a la altura de los tiempos que corren”. La norma pretendida “servirá para despejar y disipar las dudas que generó la redacción del artículo 7º de la ley A nº 3997” que “pareciera circunscribir la autorización dada sólo a los actos internos de la Administración Pública. Esta medida también mejora la accesibilidad, celeridad, transparencia, eficiencia y la calidad de las respuestas administrativas”.
