La ley nacional de Alquileres podría beneficiar a 165 mil inquilinos en Río Negro

Así lo indica la Unión regional, que tiene expectativas en que la legislación se sancione en las próximas semanas. Además, habría mayor flexibilidad en los contratos.

Más de 165 mil personas alquilan viviendas en Río Negro para solucionar su situación habitacional. La mayor parte de ellas se encuentran en las zonas de alta concentración poblacional, como son Alto Valle, Este y Andina. El porcentaje de demanda de alquileres disminuye en la región de Valle Medio y es prácticamente nula en el sur, donde el acceso a la vivienda tiene otras facilidades.

Esos datos se reflejaron en las últimas encuestas realizadas por la Unión de Inquilinos de Río Negro, donde también los locatarios detallaron los problemas que tienen para habitar en algún sitio.

Las más perjudicadas son las madres solteras, ya que muchas veces los contratos exhiben entre sus requisitos la ausencia de hijos. En tanto que los costos se van por las nubes cuando se suman los montos para entrar a un espacio. «La cantidad de requisitos que se solicitan son un engorro y es un cuello de botella», detalló Roberto Díaz, representante de la organización provincial.

De hecho, en Río Negro está previsto legalmente que las comisiones corran por parte de los propietarios en el caso de contratos con inmobiliarias; pero eso por lo general no se cumple, y los cargos onerosos quedan del lado del inquilino.

Se aprobó tal cual lo veníamos pidiendo, excepto por una sola cosa (…). Pero salió una ley muy buena».

Roberto Díaz – representante de la Unión de Inquilinos regional

Todos esos puntos podrían resolverse con la implementación de la ley nacional de alquileres, que este miércoles tuvo dictamen en la comisión de Legislación de Diputados. «Se aprobó tal cual lo veníamos pidiendo, excepto una sola cosa que no pudimos lograr que se incorpore. Pero salió una ley muy buena«, explicó con expectativa Díaz, en diálogo con «Vos a Diario».

La Unión de Inquilinos regional se acercó a ese debate, que logró consensuar una iniciativa parlamentaria por sobre las tres que se habían presentado previamente. «Entendemos que en Senadores va a ser más fácil y que en Diputados va a ser más discutido», analizó el representante.

Los principales puntos de acuerdo coinciden en la extensión de contratos a tres años, registrados en AFIP y con precios de referencia en base a la ecuación salarial y la inflación. «De esta manera, los incrementos van a poder pagarse porque nunca van a estar por encima de los sueldos», explicó Díaz.

Si bien resta esperar el avance, las expectativas están puestas en la posibilidad de que la legislación tenga, al menos, media sanción antes de fin de año. Esta sería la primera vez, desde el retorno de la democracia, que el Estado decide involucrarse en la regulación de ese mercado.

En este caso, «les decimos a los empresarios que no hay un negocio privado, sobre todo cuando estás negociando con un derecho constitucional que está regulado por el Estado», concluyó Díaz.


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