La multa a Bolivia por enviar menos gas alcanzaría para comprar apenas 7.000 garrafas

Una reforma en el contrato de importación introducida en 2010 redujo al mínimo el monto que Argentina puede exigir. La compensación alcanzaría los US$626.000, apenas el 10% de lo que cuesta hoy reemplazar los menores envíos con gas licuado.




Luego de que el gobierno nacional anunciara que presentó formalmente un reclamo por el incumplimiento que desde Bolivia se viene realizando en las entregas de gas natural a la Argentina, se supo que la compensación a la que se puede aspirar se ve afectada por una rebaja de las penalidades que Nación pactó a favor de Bolivia en 2010, que haría que el país solo pueda comprar el 10% del gas no entregado o unas 7.700 garrafas .

Como ya detalló Energía On, desde el pasado 22 de octubre los envíos de gas desde el país del Altiplano se encuentran por debajo del nivel mínimo fijado por el contrato vigente que es de 8 millones de metros cúbicos por día para esta época del año.

Desde Integración Energética Argentina (Ieasa), la exEnarsa, se presentó la semana pasada un reclamo formal de activación de la cláusula de Deliver or Pay (DOP) del contrato, es decir la que obliga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a entregar el volumen pactado o a pagar una penalidad.

Si bien lo habitual en un contrato de este tipo es que el DOP o penalidad sea el equivalente al costo que al cliente le va a costar comprar ese gas de otro proveedor, esto no sucede con el contrato entre Ieasa e YPFB, y en el balance final, la estatal argentina terminaría perdiendo nada menos que tres ceros.

Hasta ayer las menores entregas sumaron 16,6 millones de metros cúbicos, por lo cual desde Ieasa el resarcimiento que se puede aspirar es de 626.978 dólares, el 15% del precio del gas no entregado.

Si desde Ieasa se requiriera hoy compensar ese volumen, por ejemplo con compras de gas natural licuado (GNL), afectadas por el contexto internacional que llevó a que el último cargamento comprado hace pocos días se pagara a 38 dólares el millón de BTU, se necesitarían unos 630,8 millones de dólares para adquirir ese mismo volumen.

Con los cual los 626 mil dólares de penalidad solo alcanzarían para cubrir el 10% del costo de reemplazo o bien para comprar 458.680 metros cúbicos que representan algo el equivalente a 7.700 garrafas de 45 kilos.

«Por suerte en este momento la demanda de la zona norte del país está abastecida porque sino sería muy caro reemplazar el menor gas que está enviando Bolivia», aseguró a Energía On, el director de Energy Consultants, Daniel Gerold.


Una pésima negociación


Esto se debe a que en la adenda pactada en 2010 se incluyó un cambio en las penalidades que marca hasta el día de hoy que Argentina está obligada a comprar el 100% del gas previsto, pero que si Bolivia entrega de menos, la penalidad es de apenas el 15% del valor del gas no entregado.

Este trato más que benévolo para Bolivia fue acordado en la primera adenda del contrato que firmó el equipo comandado por el entonces mano derecha de Julio De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

El contrato original de importación de gas, de 2006, imponía penalidades idénticas tanto si Ieasa retiraba menos gas que el marcado, como si YPFB inyectaba una menor cantidad.

En 2010 se procedió a la primera adenda del contrato en la cual se redujo el volumen de gas que Bolivia debía entregar de 27,7 a 21,3 millones de metros cúbicos por día, en gran medida en respuesta al declino que el vecino país venía, y sigue, teniendo en su producción.

El gas de Bolivia se clave para abastecer las centrales térmicas de la zona noroeste del país.

Sin embargo, en la misma adenda, Argentina aceptó reducir las penalidades hacia YPFB si la productora despacha una menor cantidad de gas, pero manteniendo el mismo nivel de obligaciones de Argentina que debe tomar el 100% del gas que dice el contrato.

El titular de Consilium Energy y exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, explicó a Energía On que «el contrato de importación de gas entre YPFB e Ieasa siempre estuvo mal, mal diseñado técnicamente porque faltó asesoramiento a Argentina que salió a comprar en 2006 por una urgencia pero hizo un contrato a 20 años y con cambios que fueron peores».

Para el consultor especializado y exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca, el declino de la producción del Altiplano es irreversible, al menos en el corto plazo, y se da a razón de un 3% anual. Un factor que debería ser tenido en cuenta en la renegociación del contrato que está en pleno desarrollo.

Pero más allá de esto, Ríos Roca alertó a Energía On que “el verdadero problema de fondo no es si se aplican y cuántas multas a YPFB, sino qué va a hacer Argentina para aprovisionar al noroeste de su país, porque la producción de gas de Bolivia va a seguir cayendo y tienen que pensar en alternativas”.


La réplica de YPFB


Luego de que el viernes pasado el asesor de la presidencia en temas energéticos, Ariel Kogan, confirmara el anticipo de este medio sobre el inicio del reclamo a YPFB, la firma emitió un comunicado en el que deslindaron responsabilidades.

“En los últimos días el envío de volúmenes de gas natural al mercado argentino sufrió algunos inconvenientes para llegar a los niveles comprometidos a raíz de una falla operativa en uno de los pozos del campo Margarita”, se indicó en el comunicado.

Según se detalló se trata del pozo MGR-X3ST, uno de los de mayor productividad en Bolivia, en donde “por prevención se suspendió temporalmente la entrega de su producción asociada, que antes del incidente alcanzaba aproximadamente los 2,5 millones de metros cúbicos por día”.

Y se advirtió que la falla “fue notificada como un evento de fuerza mayor”, recordándose que “tales situaciones están previstas en el contrato y son administradas en ese contexto”.

Desde YPFB se explicó que el operador del campo, la empresa Repsol trabaja desde hace semanas en la normalización de las operaciones, y se enfatizó que la firma está dando “cumplimiento a las obligaciones contractuales”.


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