La otra Argentina

Luego de hacer concesiones importantes a quienes están detrás de las tomas de tierras que están convulsionando Jujuy, el gobernador Walter Barrionuevo afirmó que “a partir de este momento, vamos a exigir que se respete la ley y la institucionalidad”. Mal que les pese al mandatario jujeño y sus partidarios, sólo se trata de una expresión de deseos. Los activistas de Corriente Clasista y Combativa (CCC), una agrupación que según sus líderes es “maoísta”, y sus aliados coyunturales ya han comprobado que ocupar terrenos ajenos es una táctica muy eficaz, de suerte que no tienen motivos para abandonarla. Por el contrario, parecen decididos a aprovechar al máximo el protagonismo que han logrado para pedir cada vez más. Además, saben que en medio de una temporada electoral tanto el gobierno provincial como el nacional irán a virtualmente cualquier extremo para impedir que se repita lo que sucedió en la localidad de Libertador General San Martín, donde el desalojo violento de un predio tomado por familias dirigidas por activistas dejó el saldo de cuatro muertos y docenas de heridos. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cuenta con el apoyo incondicional de Barrionuevo, ha hecho de la negativa a reprimir a los “luchadores sociales” una de sus señas de identidad y nada le dolería más que ser acusado de estar dispuesto a respaldar el uso de la fuerza contra quienes están reclamando una vivienda digna. En un intento de aplacar a los activistas, la Legislatura jujeña aprobó la expropiación de 40 hectáreas del predio perteneciente al ingenio azucarero Ledesma. Huelga decir que, desde el punto de vista del gobierno provincial, la medida resultó ser contraproducente; en las horas siguientes se multiplicaron las tomas de tierras en otras localidades y se vio afectado hasta el aeropuerto internacional de la capital, San Salvador de Jujuy. Asimismo, en la vecina Salta también se han producido choques violentos entre la policía y familias que ocupaban terrenos, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires izquierdistas están celebrando marchas en contra no sólo de Barrionuevo sino también contra el kirchnerismo por “criminalizar” la protesta social. Los militantes más exaltados que están en guerra contra “el sistema” aparte, todos concordarán en que es deber de las autoridades garantizar el respeto por la ley y la institucionalidad, ya que la alternativa sería un período de anarquía seguido por otro de represión indiscriminada, pero en el curso de su gestión también les corresponde hacer lo necesario para impedir que los problemas sociales se agraven tanto que miles de familias –incluyendo las de efectivos policiales– se crean sin más alternativa que la planteada por organizaciones como la CCC. El “plan” que Barrionuevo acaba de anunciar para mitigar el déficit habitacional entregando “un lote para cada familia que lo necesita” debería haber sido puesto en marcha hace muchos años, pero parecería que el gobierno jujeño, como los de muchas otras provincias en que una proporción muy grande de los habitantes vive en condiciones que conforme a las pautas actuales son infrahumanas, optó por esperar hasta que se produjera un estallido cuya gravedad no le fue posible minimizar. No es nada fácil encontrar “soluciones” viables para los problemas sociales de provincias paupérrimas de tradiciones feudales, con economías precarias, en que los políticos son duchos en el arte de manejar la miseria con métodos clientelares, sobre todo si el gobierno nacional y el grueso de la clase política del país se han acostumbrado tanto al atraso del norte que no se sienten preocupados por lo que a su entender será una manifestación del “federalismo” económico. En el mundo desarrollado, la diferencia extraordinaria que hay entre el ingreso per cápita de Jujuy, que es comparable con el de algunos países del África subsahariana, por un lado y por el otro la capital federal, que disfruta de un nivel de vida que es equiparable con el atribuido a ciertas partes del sur y centro de Europa, motivaría un esfuerzo enorme por impulsar cambios drásticos a fin de reducirla, pero mientras los habitantes del norte pobre sigan aportando cantidades adecuadas de votos al movimiento populista más poderoso de turno, la mayoría de los políticos preferirá dejar las cosas como están.