La participación en las políticas públicas turísticas

Juan Manuel Andrés*

El desarrollo territorial es un proceso de transformación que, a través de la organización del espacio, de sus usos y de las dinámicas sociales, pretende mejorar la calidad de vida, reduciendo la pobreza y aumentando el capital social, en equilibrio con el ambiente. El turismo, como actividad socioeconómica, es un aspecto del desarrollo territorial que, desde un análisis del discurso político de los últimos 20 años, se ha transformado en un ítem de relevancia en las agendas de gestión a nivel de los municipios, provincias y país.

Cuando los gobiernos toman decisiones de gestión, lo suelen hacer sobre diferentes asuntos que forman parte de lo que se denomina “agenda política”. La inclusión de esos asuntos tiene que ver con las necesidades y problemáticas que plantea la sociedad, mayormente vinculadas al corto plazo. Al mismo tiempo, existe otro tipo de decisiones que los gestores públicos deben tomar, vinculadas a cuestiones estratégicas y de largo plazo, como las vinculadas con el desarrollo equilibrado y sustentable de cualquier actividad económica y su ordenamiento en el territorio. Para lograr ese desarrollo y en las condiciones planteadas, se requiere de una “política de Estado”. Esta premisa implica un amplio consenso social y político, al mismo tiempo que presenta una continuidad temporal de largo plazo. Es decir que no todas las políticas públicas pueden ser consideradas como políticas de Estado.

Una gestión que aspire a generar políticas de Estado como respuestas estratégicas a los grandes ejes de desarrollo debería promover el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de esas políticas, permitiendo que el conocimiento, las ideas y la experiencia de los ciudadanos enriquezcan los procesos decisorios, creando nuevos espacios de encuentro y diálogo sin temor a perder protagonismo.

En los últimos años, hemos sido testigos de situaciones complejas producidas por políticas públicas de ordenamiento territorial (en general) y desarrollo turístico (en particular) plasmadas en planes, programas y proyectos que no contemplaron las visiones y necesidades de la sociedad y, por lo tanto, no tuvieron continuidad en el largo plazo. Si analizamos las noticias vinculadas a estos temas en los medios regionales del último lustro, encontraremos varios e ilustradores ejemplos de malestar y oposición por parte de los vecinos, prestadores de servicios y hasta de los turistas ante decisiones gubernamentales que no resolvieron las problemáticas de fondo o lo hicieron solo parcialmente.

Este tipo de rechazo de la sociedad se da cuando el modelo de planificación es tradicional, determinístico y tecnocrático, con una fuerte distinción entre el sujeto que planifica (equipo técnico del Estado) y el objeto de la intervención (la sociedad, su territorio y sus actividades). La planificación tradicional utiliza un paradigma positivista y genera diagnósticos de las situaciones de partida para luego trazar un plan de trabajo compuesto por programas y proyectos que los gobiernos locales deberán llevar a cabo en contextos dinámicos y que suelen diferenciarse de lo visualizado en el diagnóstico.

El rol de la participación ciudadana tiene que ver con una definición filosófica. El modo en que es entendida la participación desde lo institucional incide directamente en la operacionalización de esa participación en las políticas públicas. Hay muchos gobernantes que, confundidos, entienden que la población solo puede expresarse en los períodos electorales, eligiendo a sus representantes y que estos representantes son lo que toman decisiones. Generar espacios de participación vinculante, por lo tanto, podría significar perder poder.
La participación en la planificación debe estar presente a lo largo de todo el proceso, desde el planteamiento de la metodología que se llevará a cabo, pasando por la elaboración del diagnóstico, la definición de los objetivos y el futuro deseado, la decisión de las posibles acciones a realizar, hasta la evaluación de los resultados.

Para lograr los objetivos planteados como sociedad de forma equilibrada y sostenible, el Estado debe garantizar la pluralidad de voces y actores.

Para lograr los objetivos planteados como sociedad de forma equilibrada y sostenible, el Estado debe garantizar la pluralidad de voces y actores, tratando de que no haya sesgos vinculados al mayor poder del que dispongan unos con respecto a otros (los procesos participativos constituyen en sí mismos formas de disputa de poder). Es por ello necesario generar estrategias para que aquellos con menos herramientas puedan ser parte de la planificación.

La participación permitirá dotar de información de primera mano, legitimar las decisiones y definir en conjunto qué es lo mejor para la mayoría.

El Estado debería generar herramientas de concientización y capacitación de los actores sociales, así como los espacios participativos para la definición de los problemas más relevantes. La población, los técnicos y los políticos (juntos) encontrarán las respuestas más acordes a los problemas planteados. Así, las políticas de desarrollo turístico tenderán a un desarrollo territorial sustentable y perdurarán en el tiempo, para poder ser consideradas políticas de Estado.

*Juan Manuel Andrés, magister en Desarrollo y Gestión del Turismo