La politización de la deuda

Por razones presuntamente vinculadas con la convicción, propia de un aristócrata venido a menos, de que por ser la Argentina un “país rico” sus gobernantes tienen pleno derecho a tratar con desdén a acreedores molestos, estos sujetos miserables que en opinión de muchos no merecen respeto alguno, buena parte de la clase política nacional da por sentado que las deudas pueden repudiarse por motivos morales. A través de los años, pensadores de distinto tipo se las han ingeniado para suministrarle una cantidad impresionante de pretextos éticos e ideológicos que a su juicio sirven para justificar una negativa principista a reconocer la legitimidad de los reclamos de quienes piden la devolución de dinero prestado. Entre otras cosas, han señalado que en todos los casos, incluso los de jubilados europeos y asiáticos que cometieron el error imperdonable de suponer que las autoridades argentinas eran personas confiables y que por lo tanto les convenía comprar los títulos en oferta, lo que buscaban los bonistas era lucrar, detalle que, han insinuado, de por sí es más que suficiente como para descalificarlos. Asimismo, los contrarios por principio a la noción de que resulta mejor respetar los compromisos financieros, aunque sólo fuera por razones prácticas, insisten en que los acreedores deberían entender que en la Argentina no tiene sentido hablar de la continuidad jurídica del Estado; aquí, todos los gobiernos son revolucionarios. Rompen con un pasado indigno para fundar una nueva república a partir de cero, de suerte que sería absurdo pedirles encargarse de las deudas de regímenes anteriores. Hace casi treinta años, el entonces presidente Raúl Alfonsín intentaba convencer al resto del mundo de que el tema de la deuda externa no era económico, como tantos suponían, sino “político”, ya que una dictadura militar, con la colaboración de sus socios externos, había sido culpable de acumularla. Se trataba de un planteo que, dadas las circunstancias, tenía sus méritos. Por lo menos, sirvió para que otros gobiernos procuraran ayudarlo. En cambio, nadie puede tomar en serio los intentos de ciertos kirchneristas, entre ellos el mismísimo Néstor Kirchner, de convencer al mundo de que no les corresponde asumir la responsabilidad por deudas que fueron dejadas por los odiosos “neoliberales” de la década de los noventa, puesto que, juran, su propio “modelo” es radicalmente diferente. Sea como fuere, cuando de la parte externa de la deuda pública se trata, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner coincide con Alfonsín. Hace un par de días, Cristina reaccionó frente al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que condenó al país a pagar 1.333 millones de dólares, además de los intereses acumulados, a los fondos “buitre” que compraron a bajo precio los bonos de quienes se habían negado a participar del canje impulsado por su marido, afirmando que la decisión del magistrado se debió a que “constituimos el contramodelo de un mundo donde el capital financiero y sus derivados se han convertido en amos y señores. Nos quieren castigar”. Por lo demás, según la presidenta, la Argentina es víctima del “colonialismo judicial” foráneo; le parece intolerable que el país tenga que acatar reglas apropiadas para miembros de la comunidad internacional que por terquedad se aferran a “modelos” anticuados. En otras palabras, a su entender la deuda es en el fondo un problema “político” que, sería de suponer, podría solucionarse con algunos discursos vehementes suplementados por negociaciones entre los gobernantes, siempre y cuando éstos se animaran a desafiar el capital financiero. Como Alfonsín en cierto momento, Cristina quisiera erigirse en líder de una gran rebelión latinoamericano contra el sistema financiero internacional, pero sus homólogos de países habituados a honrar sus obligaciones entienden que no sería de su interés colaborar con una campaña en tal sentido. Que los políticos mismos se hayan sentido atraídos por la idea resumida por la consigna “hay que subordinar lo económico a lo político” es lógico. Resulta natural que crean que sería maravilloso si todo dependiera de su voluntad, si pudieran repartir beneficios sin tener que preocuparse por las opiniones ajenas, sobre todo las de los personajes siniestros y mezquinos que se ocultan en “los mercados” y que, por motivos malignos, se dedican a frustrar sus proyectos generosos. Aun cuando comprendan que los intentos de “subordinar lo económico a lo político” siempre han tenido consecuencias desafortunadas, cuando no catastróficas como en el caso en los países comunistas, los más ambiciosos se resisten a darse por vencidos. Desde mediados de la caída en bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers en el 2008 de resultas del estallido de una burbuja inmobiliaria que fue inflada por gobiernos sucesivos de Estados Unidos, una desgracia que marcó un punto de inflexión para la economía mundial, en todas partes se ha hablado mucho de la necesidad urgente de obligar a los banqueros y otros financistas a acatar normas más severas y a conformarse con ganancias menos impactantes que antes, pero la verdad es que muy poco ha cambiado. Puede que desde el punto de vista de los moralistas el sector financiero internacional haya adquirido dimensiones grotescamente excesivas, pero achicarla sin provocar dificultades aún mayores no ha resultado ser tan fácil como muchos imaginaban. Luego de haberse proclamado resueltos a liberarse de la tiranía de los mercados para que se reparta de manera más equitativa la cantidad asombrosa de dinero que está en el sistema financiero, los gobernantes de los países desarrollados han elegido batirse en retirada. Aunque saben que a muchos les encantaría ver encarcelados de por vida a los miles de banqueros y especuladores que suponen responsables de lo que ha sucedido en Estados Unidos, Europa y el Japón, comprenden que tratar de reducir al mínimo del papel del “capital financiero y sus derivados” sólo serviría para causar una recesión muy profunda en los países aún solventes, además de tener un impacto demoledor en Grecia, España, Portugal e Italia. Indignarse por “la codicia” supuestamente insólita, sin precedentes en la historia mundial, de los financistas, como si políticos y otros estuvieran libres de dicho vicio, es sin duda muy tentador, pero a la luz de los resultados de todos los esfuerzos por prescindir de ellos, escasean los gobiernos que están dispuestos a intentarlo.

JAMES NEILSON

SEGÚN LO VEO