La salud en Estados Unidos

Por Redacción

En 1883 el autoritario gobierno imperial del príncipe Otto von Bismark –a quien se debe esta famosa declaración: “Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se decidirán con discursos y votaciones mayoritarias (…) sino con sangre y hierro”– creó el seguro nacional de salud para Alemania. La razón para la existencia de un seguro nacional de salud está tan clara ahora como lo estaba para Bismark hace 130 años. El éxito de un país –ya se calibre con la gloria de sus káiseres, la ampliación de su territorio, la seguridad de sus fronteras o el bienestar de su población– estriba en la salud de sus ciudadanos. Las enfermedades graves pueden afectar a cualquiera y las personas gravemente enfermas, por lo general, no ganan mucho dinero. Cuanto más se tarde en tratar a las personas gravemente enfermas más costosos llegarán a ser su tratamiento y su mantenimiento posteriores. Por lo general, los ahorros privados pueden pagar los costos del tratamiento sólo en el caso de las personas ahorrativas y de las adineradas. Así, pues, a no ser que adoptemos la opinión de que quienes no tienen ahorros abundantes y caen gravemente enfermos deben morir rápidamente (y con ello disminuir el exceso de población), un país con un seguro nacional de salud será más rico y tendrá más éxito. Esos argumentos fueron enteramente convincentes para Bismark. Son igualmente convincentes actualmente. El 1 de enero de 2014 Estados Unidos aplicará en parte una ley –la ley de Asistencia Sanitaria Asequible, ACA por sus siglas en inglés– por la que no se creará un seguro nacional de salud pero que, según las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, reducirá a la mitad el número de ciudadanos de ese país carentes de seguro de salud. En el 2009 el presidente Barack Obama podría haber propuesto un programa tan amplio como el emprendido por Bismarck. Dicho programa podría haber permitido y fomentado la posibilidad –y haberle brindado carácter asequible– de que los americanos carentes de él contaran con un seguro de salud similar al que tienen los miembros del Congreso o podría haberse limitado a ampliar el vigente sistema Medicare para los mayores de 65 años a fin de que cubriera a todos los americanos. En cambio, Obama aportó su influencia en pro de la complicada ACA. La razón, como se explicó en el 2009, fue que la base de la ACA era idéntica al plan que el exgobernador de Massachusetts Mitt Romney había propuesto y firmado como ley en ese estado en el 2006: el “ObamaCare” sería el “RomneyCare” con una nueva mano de pintura. Al ser Romney el probable candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2012, pocos republicanos podrían votar contra lo que había sido la iniciativa legislativa propuesta y firmada de su candidato cuando era gobernador. Así, el Congreso estadounidense promulgaría –se suponía– la ACA con mayorías importantes y votadas por los dos partidos y Obama demostraría que podía transcender la paralización partidaria de Washington. Ya sabemos cómo fue. Ni un solo republicano votó a favor de la ley de Asistencia Sanitaria Asequible en la Cámara de Representantes. Una senadora republicana –Oympia Snowe, de Maine– votó a favor de ella en comisión pero después cambió de bando, amenazó con acabar con ella mediante el filibusterismo parlamentario y votó en contra en el debate final. En cuanto a Romney, se negó a reconocer parentesco alguno entre su proyecto de ley y la ACA, algo parecido a su negativa a reconocer detalles sobre la participación en las Olimpíadas del 2012 de un caballo de doma de su propiedad. Ahora se acerca el 1 de enero de 2014 y está a punto de aplicarse la ley de Asistencia Sanitaria Asequible… pero tal vez no en todas partes. En el sur y en otras regiones controladas por los republicanos los legisladores se han negado a contestar las preguntas de los electores sobre cómo negociar la nueva y cambiada burocracia. También han denegado los dólares federales consignados para ampliar sus programas de Medicaid en el nivel estatal y se han negado a levantar un dedo para establecer los “intercambios” que deben conceder a las personas y a las empresas pequeñas el mismo acceso al seguro de salud con los precios competitivos de los empleados de empresas grandes mediante los departamentos de prestaciones de éstas. En los estados “azules”, controlados por los demócratas y en los que vive el 60% de la población de Estados Unidos (y que representan el 70% de la renta nacional y el 80% de su riqueza), la aplicación de la ACA será probablemente la del RomneyCare en Massachusetts: un camino algo accidentado pero con un éxito claro que nadie deseará revocar a posteriori, aunque nadie sabe qué ocurrirá en los “estados rojos”, donde la infraestructura política republicana no está dispuesta a ceder. ¿Qué harán los médicos y administradores de hospitales en Phoenix, Kansas City, Houston y Atlanta después de haber hablado con sus colegas de Los Ángeles, Seattle, Minneapolis, Chicago, Baltimore y Nueva York, donde los gobiernos y las estructuras estatales están intentando conseguir que la aplicación de la ACA sea un éxito? ¿Compararán las condiciones en las que trabajan? ¿A qué candidatos apoyarán con donaciones y votos en las elecciones del 2014 y el 2016? ¿Qué harán las enfermeras y los pacientes a los que se hayan denegado las prestaciones de la ACA? El acaloramiento partidista de Estados Unidos está a punto de intensificarse en los próximos ciclos electorales, cuando comience el juego de las acusaciones. Bismarck hubiera sabido de quién era la culpa. (*) Profesor de Economía de la Universidad de California

J. Bradford DeLong (*) Project Syndicate