La soberanía sobre nuestros recursos: una bandera vigente

Cada vez que alguno de nuestros pueblos latinoamericanos toma una medida soberana debemos dar fuertes luchas, no sólo con medidas, políticas, económicas, financieras, sino fundamentalmente en el plano de las ideas. A nuestros pueblos les llegan antes, desde los centros del poder concentrado y sus medios de comunicación de masas, todos los conceptos coloniales, apelando a los prejuicios, desconfianzas y, sobre todo, desuniones que nos impidan romper, justamente, esa dependencia. En vez de debatir el correcto modo de aprovechamiento de nuestras reservas en función de la justa distribución social, debemos contrarrestar campañas que ocupan muchas hojas, incluso tapas de diarios y horas de aire, para que en definitiva no nos apropiemos de nuestros recursos del subsuelo. El suelo y el subsuelo constituyen la plataforma física más tangible sobre la que se asienta nuestro desarrollo. Por eso en el auge neoliberal de los 90, luego de haberlo intentado a sangre y fuego mediante una dictadura, se impuso, en la reforma constitucional de 1994, la fragmentación del patrimonio nacional y pasaron a ser de las provincias, las depositarias, sus “dueñas” y “administradoras”. A su vez, en 1995, se “promueve” con estabilidad tributaria, a 30 años, la inversión extranjera para proyectos mineros. Provincias débiles, con poca o nula capacidad de control, frente a empresas multinacionales poderosas que representan el poder de muchos estados juntos, significó lisa y llanamente la continuidad de la entrega. Justamente, cuando comenzamos a posicionarnos sobre nuestros recursos, a formular políticas soberanas desde el Estado, preparando la creación de empresas estatales o mixtas, recrudecieron las campañas “naturistas” en las que agitadores “progres” articulan un discurso conservador ensalzando el paradigma de volver a ser “pueblos recolectores”, para que nada se contamine, para que nada cambie. Cuando nos desendeudamos del FMI, cuando pagamos sólo el 25% por una parte sustancial de la deuda externa, cuando recuperamos los recursos de los trabajadores en manos de las AFJP para volcarlos en políticas sociales, cuando tomamos la decisión de que la tierra rural fuera un recurso no renovable de interés social y limitamos su compra a extranjeros o cuando unimos a todas las provincias productoras de hidrocarburos en la Ofephi para pensar nacionalmente la política energética y acordar la expropiación del 51% de YPF, debimos romper un cerco ideológico, de afuera, pero sobre todo desde adentro, para entender que el camino de vuelta del liberalismo es un desafío permanente donde en el propio Estado conviven, muchas veces, intereses en pugna. Al menos desde el 2003, cuando llegamos con Néstor, y ahora con Cristina, que han demostrado una voluntad inclaudicable de recuperar todas las banderas. Antes no había ninguna disputa. Todo el Estado bobo hacia lo que el “mercado” indicaba. Y así llegamos a ser un país inviable que expulsaba a los jóvenes a la marginalidad o a hacer colas en embajadas extranjeras. Así, nos quieren poner en la discusión de los tóxicos cuando nosotros debemos discutir cómo se transforma en riqueza el recurso potencial del que disponemos, cómo se distribuye para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Éste es el primer debate sobre nuestro derecho soberano a desarrollarnos. Desde este concepto, analizamos la sustentabilidad. No lo obviamos; todo lo contrario, somos responsables principales de la salud integral de nuestro pueblo. Salud que es un atributo que se sostiene con acceso a los derechos: al trabajo, a la educación, a la atención sanitaria, a la vivienda, a la comunicación, al consumo de bienes que mejoran la condición de vida y a todos los nuevos derechos que se forjan cuando se hace visible una necesidad de nuestro pueblo y se consagra en ley. Como todo desarrollo, todo cambio del estado natural implica alteraciones que debemos analizar cuidadosamente. “Cuidadosamente” no significa anteponer el temor, el terror, el prejuicio, y jugar con el desconocimiento, como hace la prensa gorila. Significa, en cambio, dotar de herramientas que permitan el acceso a información cierta, al asesoramiento científico y a los mecanismos de participación y que habiliten la “licencia social”, que es condición indispensable para cualquier proyecto minero de mediana o larga duración. Río Negro tiene potencialidad en minerales de todas las categorías. La extracción de hierro en Sierra Grande (megaminería en socavón) es una concesión a una empresa estatal china que ha actuado en un Estado sin política ambiental ni laboral, como lo que hemos tenido en los últimos 35 años en Río Negro. Ha permitido reactivar una ciudad que se había despoblado en los 90 y hay que fortalecer allí la presencia del Estado, recuperando rentabilidad y garantizando derechos a trabajadores y pobladores. Las de segunda y tercera, que son las que más se explotan, son fuente de recursos que tampoco se han atendido hasta ahora desde el Estado. Y finalmente las de oro y plata, las de primera categoría, aún en fase de exploración, deberán pasar por un mecanismo de evaluación, que tiene diferentes pasos. Habrá que definir, con esos elementos ciertos, cómo se inserta en el modelo de desarrollo que queremos para cada región. Una política minera en el marco de un modelo de desarrollo soberano, popular y nacional, implica que el capital privado debe ser controlado en cuanto al cumplimiento de pautas que permitan que esa rentabilidad vuelva al pueblo rionegrino y que se garanticen las condiciones del menor impacto ambiental. No alcanza con la policía minera, es indispensable tener nuestra propia empresa estatal. Ojalá pudiéramos tener una YMF (Yacimientos Mineros Fiscales), que no existe, todavía, pero al menos tener claro que ése debiera ser el concepto rector para que desde cada provincia, con consenso social de sus habitantes, desarrollemos una explotación de nuestros recursos. Vamos a llevar adelante en Río Negro un desarrollo minero que nos garantice el uso racional de nuestros recursos y la preservación del medioambiente en todos sus aspectos, físico, biológico, cultural, social, etcétera. Por eso apostamos a la participación popular en todos los estamentos: los pueblos originarios, los habitantes de cada región, las universidades nacionales, nuestros institutos tecnológicos, las organizaciones ambientalistas y los gobiernos (provincial y municipal), garantizando la información completa en tiempo y forma al alcance de todos y todas. Mientras damos estos debates en positivo, afincándonos en nuestro derecho soberano a explotar nuestros recursos para nuestros propios intereses, se van proyectando nuevas legislaciones que modifiquen el marco liberal del código minero, perfeccionen las legislaciones ambientales de cada estado provincial y se impulse fuertemente la formación de recursos humanos desde nuestra concepción, en nuestras universidades, para la patria grande latinoamericana que ya ha decidido no ser más fuente de recursos para revoluciones europeas sino para la propia, nuestra emancipación definitiva. (*) Legisladora. Movimiento Evita Río Negro

SILVIA HORNE (*)