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La tensión se mantiene en el Tribunal Superior tras la salida de Massei

Cómo cambió el panorama en 15 días. El covid-19, actor protagónico. La Legislatura aprobó sin debate la ley preventiva plus.



En el Tribunal Superior de Neuquén comienza ahora una nueva relación de fuerzas. (Yamil Regules)

En el Tribunal Superior de Neuquén comienza ahora una nueva relación de fuerzas. (Yamil Regules)

La pandemia de coronavirus se comporta como un actor político que no arma alianzas con nadie. Hace apenas 15 días, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén era Oscar Massei y ordenaba, por decreto, que vuelvan los juicios orales presenciales. Lo corrían con el ejemplo desde la Legislatura: "acá somos por lo menos 100 personas trabajando", decían los diputados, "¿cuántas necesitan ustedes para hacer un juicio?". Hoy a Massei le aceptaron la renuncia, el regreso de los juicios es incierto, y en la Legislatura hay un empleado con coronavirus por lo que se evalúa hacer sesiones virtuales. Como en el lejano marzo, quedarse en la casa sigue siendo uno de los mejores consejos.

El alejamiento de Massei, que se hará efectivo el 1 de agosto, no alcanzó para descomprimir el enrarecido clima que se respira en el cuarto piso de Alberdi 52 donde los vocales tienen sus oficinas.

Hubo un acuerdo tácito para bajarle el perfil a la interna y volver al trabajo con menos discusiones. Pero en estas semanas se cruzaron fronteras de difícil retorno, y la buena memoria es una de las cualidades indiscutibles de los miembros de la familia judicial.

Ayer a la mañana se realizó la reunión de Acuerdo de los miércoles. Asistieron los cinco: Massei, Evaldo Moya, Germán Busamia, Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari, y por vía remota estuvieron el fiscal general José Gerez y el defensor general Ricardo Cancela.

Moya asumirá la presidencia en agosto, y retendrá el cargo en el Consejo de la Magistratura. Gerez asumirá como vocal subrogante, y un fiscal jefe lo reemplazará a él.


La Oficina Judicial


El espinoso tema de la Oficina Judicial Neuquén sigue sin resolver. Como adelantó Río Negro, fue uno de los últimos motivos de quiebre en la relación.

Después de tomarles examen a los cinco candidatos, Massei, Elosu Larumbe y Gennari votaron por el abogado Juan Gaita, ex subsecretario durante el gobierno de Jorge Sapag.

Por su parte Busamia y Moya lo hicieron por la licenciada en Administración de Empresas Veridiana Vieira Sapag, hija de Elías "Gringo" Sapag y sobrina de Jorge.

El acta está circulando para la firma.


Protocolo, etapa II


De lo que sí se habló fue del regreso de los juicios orales. El vocal Elosu Larumbe se hizo cargo de liderar el equipo que compaginará los dos protocolos confeccionados la semana pasada y buscará consenso con un representante de la fiscalía, Agustín García, y una de la defensa, María Luis Andrada.

La idea es lograr hoy la aprobación del ministerio de Salud y que el lunes se pueda hacer el juicio programado para ese día, si es que la situación sanitaria lo permite: Neuquén es ciudad de transmisión comunitaria (otra vez el virus como actor político que no se asocia con nadie).


Prisión preventiva plus


La Legislatura de Neuquén aprobó la extensión de la prisión preventiva. (Gentileza)

Pasado el mediodía, después del receso para almorzar, la Legislatura convirtió en ley por mayoría el proyecto para extender por hasta nueve meses la prisión preventiva.

Se podrá aplicar a aquellas personas que cumplan un año de detención sin haber llegado a juicio a causa de la pandemia. Es la llamada Ley Gerez y tiene el número 3234.

Hace 15 días, en un escenario muy distinto, había sido aprobada en general tras un fuerte debate. Carlos Coggiola (sobischismo) fue el abanderado del proyecto, y Soledad Martínez y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) quienes argumentaron en contra.

César Gass había presentado un proyecto propio. Ayer recordó su advertencia acerca de que la Legislatura estaba comprando una interna del Poder Judicial. "Un presente griego", lo calificó.


La segunda de Gutiérrez


En los hechos resulta ser la segunda modificación al régimen de prisión preventiva que sufre el Código Procesal Penal desde su vigencia en 2014.

Las dos fueron para endurecerlo, y ambas durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

La extensión se aplicará “en todos aquellos casos en que los juicios no se hayan realizado o no se puedan realizar por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia covid 19” y establece su vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.


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