Las AFJP, en la mira
A contramano de sus equivalentes de otras latitudes donde se entiende muy bien que por motivos demográficos, para no decir matemáticos, los sistemas jubilatorios de reparto tendrán forzosamente que ser respaldados por otros basados en la capitalización, el gobierno del presidente Néstor Kirchner parece decidido a hacer trizas del esquema mixto que fue creado por Domingo Cavallo hace casi diez años. Por eso, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se ha estado esforzando por convencer a la ciudadanía de que las AFJP son, como dijo en Dubai, empresas “inútiles” manejadas por incompetentes rapaces que un día tendrán que enfrentar los reclamos judiciales de sus afiliados, de suerte que lo mejor sería volver al sistema tradicional. En parte, los ataques furibundos de Lavagna contra el sistema previsional existente se deben a prejuicios ideológicos y a la voluntad oficial de satanizar la década de los noventa, pero acaso el motivo fundamental sea un tanto más pragmático, porque lo que quiere el gobierno actual, como muchos otros de características similares a través de los años, es apoderarse de los casi tres mil millones de pesos anuales que manejan las administradoras.
Dicho de otro modo, una vez más se trata del afán de un gobierno sediento de fondos de disponer de los ahorros de los jubilados futuros. Por supuesto, como siempre ha sucedido, el equipo liderado por Kirchner esgrimirá cualquier argumento, por tendencioso que fuera, que lo ayude a alcanzar su objetivo, exagerando los defectos de las AFJP y subrayando las bondades, que en nuestro país han resultado ser meramente hipotéticas, del sistema de reparto. Asimismo, es de suponer que, lo mismo que sus antecesores, el gobierno está sinceramente persuadido de que gracias a su propia habilidad el dinero así conseguido servirá para que la economía crezca de tal modo que quienes se jubilen en el futuro no tendrán por qué quejarse, pretensión ésta que a la luz de la experiencia trágica de generaciones de jubilados puede considerarse un tanto fatua.
Por fortuna, en las semanas últimas el gobierno parece haberse dado cuenta de que no le sería tan fácil barrer con las AFJP tratándolas como otro vestigio vergonzoso de aquella “ficción” menemista que se esfumó cuando los peronistas Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde nos devolvieron a la dura realidad. Aunque la mayoría, ya abrumada por la crisis y acostumbrada a que el gobierno de turno meta la mano en los fondos jubilatorios estatales o privados, no ha reaccionado con mucho vigor frente a éste el enésimo asalto a las cajas más tentadoras de todas, la resistencia a permitir que los políticos se alcen con lo que en teoría son las inversiones de millones de personas lo ha obligado a asumir una actitud menos prepotente. Según se informa, luego de repensarlo el gobierno ha optado por ofrecer a las AFJP una quita del 30% sobre el valor nominal de los bonos que se vieron constreñidos a comprar, una reducción sustancial del 75% que antes había exigido, ahorrándose así, espera, juicios contra el Estado que éste con toda probabilidad perdería.
La ofensiva oficial contra las AFJP cuenta con la aprobación tácita del FMI que, por su función como defensor del orden financiero mundial, privilegia la capacidad del país para pagar más de su deuda pública cuantiosa por encima de los derechos de los jubilados actuales y futuros. En el corto plazo, tal actitud, como aquélla de Lavagna y Kirchner que buscan más dinero para atender sus necesidades inmediatas y, si sobra un poco, para el programa ambicioso de obras públicas que quisieran poner en marcha, puede parecer lógica, pero sucede que ha sido precisamente la propensión de nuestros gobernantes a negarse a pensar en el mediano y el largo plazo que ha arruinado al país y depauperado a millones de personas que a pesar de haber cumplido con las leyes previsionales se vieron reducidas a la miseria más absoluta. Así las cosas, convendría que el gobierno aceptara que por tentador que le parezca el dinero acumulado por las AFJP, le corresponderá dejarlo donde está y reconocer que si bien siempre será necesario que el Estado aporte algo a las jubilaciones de los incapaces de ahorrar lo suficiente como para garantizarse una vejez solvente, las jubilaciones privadas no pueden sino seguir siendo esenciales.
