El Gobierno rionegrino pidió más tiempo para informar sobre la compra de tierras con fondos de Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno rionegrino pidió más tiempo para responder el pedido de informes que los legisladores provinciales del bloque Vamos con Todos formularon, para conocer los detalles de la operación que permitió al expolista Hugo Alberto Barabucci comprar más de 14.000 hectáreas, a partir de una donación millonaria del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Así lo solicitó la secretaria legal y técnica del Gobierno provincial, María Julia Mosquera, que envió el 27 de abril último al presidente de la Legislatura y vicegobernador, Pedro Pesatti.

Mosquera indicó en la nota: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de solicitarle tenga bien arbitrar los medios necesarios para otorgar prórroga por 30 días hábiles para elevación de respuesta del pedido informe que se tramita por el expediente de referencia cuya autoridad corresponde a la legisladora María Magdalena Odarda”, en referencia al expediente Hugo Alberto Barabucci, que denunció a varias personas por presunta usurpación.

“Se fundamenta dicha solicitud a petición del señor ministro de Gobierno y Trabajo, abogado Agustín Ríos, manifiesta que por la complejidad técnica que implica la obtención de información necesaria para elaboración de la misma, solicita la extensión del plazo”, explicó Mosquera, en la nota a la que Diario RÍO NEGRO accedió.

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Los legisladores del bloque Vamos con Todos pidieron a organismos provinciales que indiquen “si tienen conocimiento que el origen de los fondos para la adquisición del predio ubicado en área de fronteras correspondió una donación sin cargo de parte del Estado de Emiratos Árabes Unidos hacia el beneficiario Barabucci”.

El dato lo reveló el propio Barabucci, cuando declaró ante el tribunal, integrado por el juez Marcelo Álvarez Melinger, que juzgó a una mujer mapuche acusada por la fiscalía y la querella por usurpación que, finalmente fue absuleta. Esa sentencia quedó firme porque el denunciante no la apeló.

En una de las audiencias del juicio, que se desarrolló en Bariloche, Barabucci declaró que había comprado en 2017 el campo de 14.689 hectáreas, con una “donación sin cargo” de 2 millones de dólares del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

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En la Legislatura, legisladores de la oposición tomaron nota de esa revelación. Por eso, solicitaron en el pedido de informes a los organismos provinciales que indiquen “si de acuerdo a los registros oficiales, el titular del predio identificado como parcela 600.250 de 14.689 hectáreas “es de titularidad del ciudadano Hugo Alberto Barabucci o integrante del patrimonio de afectación del Fideicomiso Amaike”.

Pidieron indicar “si el predio en cuestión se encuentra en cercanías o lindero a las nacientes del río Chubut y/o de otras fuentes de agua, y si el mismo se halla dentro del área de reserva de la biósfera Unesco”.

También, los legisladores quieren saber “si se ha verificado el origen lícito de los fondos correspondiente a la operación inmobiliaria por la cual el ciudadano Hugo Alberto Barabucci o el Fideicomiso Maike adquirió el predio rural”.

“Cuáles son los mecanismos de control que el Gobierno de la provincia de Río Negro ha puesto en marcha para descartar que dicho fondos no se encuentren vinculados a actividades ilícitas como contrabando de divisas, lavado de dinero u otros delitos complejos como como narcotráfico, trata de personas, etcétera”, plantearon en el pedido de informes. “En ese caso, indique si el Gobierno de rionegro efectuó la denuncia penal correspondiente ante el fuero federal”, demandaron que se informe.

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Solicitaron que el Ejecutivo provincial informe “si se verificó que la operación inmobiliaria no configura una acción de fraude en la ley Argentina, en materia de protección de tierras rurales y de resguardo de integridad territorial en áreas de fronteras”.

Requieron que el Gobierno rionegrino indique “cuál es el mecanismo de control implementado por la Provincia para garantizar que Barabucci y/o el Fideicomiso Amaike, no hayan intervenido en dicha operación inmobiliaria como persona interpuesta tal como lo describe el artículo 6 de la ley 26737”.

Recordaron que esa norma prohíbe “la interposición de personas físicas argentinas o de persona jurídicas constituidas en nuestro país a los fines de configurar una nacionalidad figurada para infringir las previsiones” de la ley 26737. Según la normativa vigente, “ello se considera una simulación ilícita y fraudulenta”, advirtieron.

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Pidieron saber “si se verificó al momento de la inscripción de la propiedad sobre el predio, el origen de los fondos de la operación inmobiliaria”.

“Manifieste quién fue el escribano interviniente en la misma, nombre y domicilio constituido por las partes y todos los detalles de la operación inmobiliaria, así como la fecha de inscripción al Registro de Propiedad Inmueble y su registro en la Dirección de Catastro Provincial”, solicitaron en el pedido de informes.

“En caso de que el titular del predio sea el Fideicomiso Maike, indique quiénes son los integrantes de dicho fideicomiso”, pidieron los legisladores.

Requirieron al Gobierno rionegrino que indique “cuáles fueron las concesiones y permiso otorgados por el DPA y por la Secretaría de Minería de la provincia al Fideicomiso Maike”. Además, que informe quiénes conforman ese Fideicomiso “y si se realizaron los correspondientes estudios de impacto ambiental y audiencia pública. Asimismo informe si se aplicó el protocolo de consulta libre, previa informada a las comunidades indígenas que reciden en la zona con Kom kiñe Mú, Lof Cayunao y comunidad Las Huaytecas, entre otras”.

También, pidieron la información “sobre la totalidad de propiedades que se encuentran bajo la propiedad de Hugo Alberto Barabucci en el territorio provincial”, con el detalle de la ubicación, la fecha de inscripción en los registros oficiales y si se hallan en área de seguridad”.

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Además, requirieron al Gobierno de Río Negro que “indique si otra firma denominada Manzil SA posee bienes inmueble en la provincia de Río Negro y su relación con el mismo ciudadano Hugo Barabucci”. Y “si dicha firma tiene tiene relación con los integrantes del Fideicomiso Maike”.

Demandaron que se informe “si Manzil SA está vinculada al Estado extranjero Emiratos Árabes Unidos y se habría actuado como persona interpuesta en contravención a la legislación citada en materia de protección de tierras rurales y áreas de seguridad de fronteras”.

“Eso en función de aparecer como titular del aeropuerto o aeródromo de Puerto Lobos adquirido a Joseph Lewis, ubicado a menos de dos horas de vuelo de la base de la OTAN en las Islas Malvinas, el cual a día de la fecha permanece sin radares ni control aéreo por parte de ninguna fuerza de seguridad, nacional y provincial”, explicaron los legisladores de la oposición.