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Las irregularidades que reveló el caso de las antenas de Parque Norte de Neuquén

La subestimación de tierras afectadas para el pago de la tasa ambiental dejó al descubierto las fallas del Estado. La cuestión ambiental quedó en segundo plano. Insistirán con las intimaciones.

Las irregularidades detectadas en el pago de las tasas ambientales por parte de los propietarios de las cinco antenas de Parque Norte revelan, sin entrar en responsabilidades individuales y omisiones que pudieron ser deliberadas, rasgos de un Estado ineficiente y desigual.

Cómo fue que no pudo detectarse una distorsión tan grosera que era tan evidente por los irrisorios valores reclamados a las empresas dueñas de las estructuras (Claro, Telefónica, TGS y Prima Multimedios). Solo con mirar el Excel y ver que una multinacional estaba obligada, por una instalación en un área protegida, con menos de 5.000 pesos anuales, debería despertar la curiosidad de los funcionarios.

Tal como publicó RÍO NEGRO ayer, el cálculo de la tasa de mitigación ambiental es claro: superficie por valor fijado en la Tarifaria vigente. Al volver sobre esos dos valores puede advertirse el desfasaje. El monto y el plazo del tributo, que era anual hasta 2020, son dos aspectos que aportan a que el caso llame la atención por grosero, pero quizá no el más cuestionable.

Los valores, fijados por metro cuadrado, se fueron actualizando anualmente con el porcentaje general para la Tarifaria. Podría analizarse cómo se definió que sea de $1,5 en 2016. Para la revalorización que incluyó este año el Ejecutivo municipal se tomaron referencias de otras tasas con fundamento ambiental. El número final tiene explicación, pero fue objetado, al menos, por una de las compañías involucradas: $750.

El valor puede ser relativo, pero el cálculo de la superficie, subestimado 20 veces en relación con el número real, no acepta segundas interpretaciones.

En este punto radican las responsabilidades del Estado ¿Se trata de una cuestión netamente tributaria o la pelota está del lado del área que tiene el poder para controlar el cumplimiento de la ordenanza que fija las condiciones de la tasa?

Para zanjar las diferencias, sobre las que la actual administración municipal por ahora no tiene intenciones de avanzar, hay argumentos para uno y otro lado. Solo la Justicia podría dirimir las posiciones.

Una fuente de la anterior gestión municipal cree que no hubo intencionalidad sino que al no ser un tributo relevante, unos 15 mil pesos anuales, puede haber quedado “tapado”. Ahora podría, en caso de que el Municipio pueda cobrarlo, pasar a ser una fuente importante de ingresos con 384 millones de pesos al año.

El segundo aspecto que revelaron las desprolijidades del caso de las antenas es el ambiental. Parque Norte no solo es un área protegida sino que, según estimaciones oficiales, unas 20.000 personas usan diariamente sus senderos y caminos. Qué mitigación, mantenimiento o mejora podrían cubrir los 15 mil pesos anuales que se cobraban, en realidad fueron menos porque existen registros de deudas de varios períodos.

Finalmente parece ser un caso de tensión entre los controles ambientales y las necesidades de comunicación que estos tiempos demandan. Nadie, de la actual y de la anterior gestión, desea una mala cobertura para la telefonía móvil en la ciudad.

En números

$96.636.332
es el monto por el que intimó el Municipio a las cuatro firmas involucradas. Por los años mal liquidados solo son $559.082.
$15.757
es el monto total que debían haber tributado, en 2020, las cuatro firmas por la tasa de mitigación. Ninguna pagó.

“Una omisión deliberada”

El subsecretario de Medio Ambiente, Francisco “Pancho” Baggio”, apuntó contra la gestión del actual concejal y exsecretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez. “Las empresas tenían este privilegio de tributar sobre un valor ínfimo y mínimo y no sobre lo que efectivamente ocupaban. Esto es una omisión absolutamente clara y deliberada”, dijo.

Señaló que el área ambiental estaba dentro de la secretaría que conducía Bermúdez. Agregó que en algunos casos se “pagaba un monto irrisorio por un acuerdo con la gestión anterior de la secretaría que estaba a cargo Bermúdez y que, entonces, les estipuló un valor de 3.000 pesos anuales por 10 años”.


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