Las prioridades de la Justicia

El Poder exageró con su pedido de recursos para el 2020, con un aumento del 76%. La política no lo rebatirá demasiado. Los jueces no la incomodan, pero nunca se sabe. La gobernadora electa Carreras se reunirá con el STJ. El gobierno tiene una causa complicada allí: salarios no remunerativos.

El país posiblemente resuelva hoy su presidente 2019-2023. Río Negro finiquitará su revista con elecciones en siete municipios.

Esta semana, concluida la catarsis electoral, la provincia iniciará su marcha de recambio. La electa gobernadora Arabela Carreras y Economía resolverán el nuevo presupuesto, planteado con un aumento límite del 30% de las proyecciones del ejercicio. El Estado provincial terminará con erogaciones por 80.000 millones y así el cálculo para el 2020 estará en los 105.000 millones.

El STJ rompió la frontera y elevó su partida con una suba del 76%. Su pretensión históricamente es alta y la exagera más ya que sabe de la poda gubernamental. Aún así, ese Poder siempre concluye con un trato preferencial. La política opta por no contradecirlo demasiado. Los jueces difícilmente la incomoden, pero nunca se sabe hasta cuándo.

El meneo judicial está en sus haberes. Significa el 91% de sus pagos. El resto del presupuesto queda atado a su expansión salarial y eventuales concesiones del gobierno. El martes, en un acuerdo con el gremio, el STJ definió el aumento de sus remuneraciones y de los otros miembros del Poder, que sumará en noviembre casi el 48%. Aparte del cotejo con la inflación, esa evolución aventaja mucho a los restantes estatales, ni hablar de sus montos. Un juez del máximo tribunal ya está en los 400.000 pesos.

La participación presupuestaria judicial subió y, en la ficción, se la justifica con la inclusión de sus construcciones. El STJ creó -hace unos años- el área de Infraestructura para realizar sus obras. Encajó, tal vez, en las falencias del Ejecutivo para sus concreciones pero, en este caso, la Justicia mantiene similares dilaciones.

Su presupuesto 2019 programó 20 construcciones por 323 millones. Once ni se iniciaron y la ejecución presupuestaria es del 27%, con testimonio de la aún no arrancada “Ciudad Judicial” cipoleña. El nivel del año pasado no fue mejor: se usó un poco más del tercio de las reservas. Esos recursos saldan exigencias salariales.

La Justicia se aparta de su esencia y asume deficientemente el rasgo de constructora. También extrañas a su carga pública, otras áreas sobredimensionadas replican iguales desatinos.

En contrapartida, su obligación deja fiascos insuperables, como la falta de esclarecimiento del incendio en los tribunales viedmenses del 2015.

La investigación se extendió por casi tres años e incluyó hasta la detención de seis personas, con meses de prisión. Al final, la fiscalía no sostuvo la acusación y derivó en sobreseimientos totales, cayéndose las teorías alentadas por los actores del mismo Ministerio Público. Su desarrollo osciló entre la impericia y las discordias internas.

Para la Justicia no hubo autores, menos culpables, y el STJ no puede explicar qué paso. Con las críticas, reaccionó en abril del 2018 y pidió a la Auditoría una investigación de las actuaciones. Un año y medio después, no hay conclusiones.

Estas miserias funcionales difícilmente sean temas del encuentro planeado para esta semana entre Carreras y los jueces superiores. Será un contacto institucional, que derivaría en la disponibilidad presente de fondos y del presupuesto 2020. También, tal vez, asomen otras cuestiones de interés para cada parte.

El futuro gobierno tiene un asunto complicado que anida en una causa para resolver en el STJ: las sumas no remunerativas y no bonificables en los haberes estatales. Existe un fallo firme por falta de apelación de la Fiscalía de Estado, pero la Corte rionegrina no opinó aún de esas desbarrancadas liquidaciones.

El caso testigo de la Cámara cipoleña -que condenó a la Provincia a que aporte al Anses por las sumas no remunerativas en una agente de Salud- ingresó en febrero del 2018, que aceptó su tratamiento en diciembre pasado y prevé la sentencia para noviembre después de un aplazamiento en septiembre, por licencias y comisiones de los magistrados.

La reunión será una aproximación en un vínculo naciente, también por construir.