Lawfare

Integrantes de la dirigencia política, empresaria y gremial nacional están bajo el accionar de la Justicia investigados por corrupción, lavado de dinero y similares. Muchos argumentan ser “víctimas de persecución política”, lo que no resulta muy convincente frente al cúmulo de acusaciones, especialmente cuando se trata de explicar el origen de cuantiosos patrimonios acumulados durante sus gestiones. Con astucia, pretenden diluir las causas reales de sus procesos penales con la explicación de ser perjudicados por el “lawfare”, el uso de la ley como arma de guerra, o la judicialización de la política. En estos días en Uruguay se ha vivido una situación ilustrativa sobre el tema, a raíz del pedido de asilo político de Alan García, expresidente del Perú, investigado por la Justicia de su país por lavado de dinero y presuntos sobornos en una obra adjudicada a Odebrecht. Rompiendo una vieja tradición uruguaya en materia de asilo, el presidente Tabaré Vázquez rechazó el pedido por entender que no existe persecución política y se trata de una cuestión judicial en un país donde funciona el Estado de derecho. Salvadas las distancias con los nuestros, el caso pone las cosas blanco sobre negro: una cosa es la persecución política y otra es la persecución legítima de la Justicia contra quienes delinquen –cualquiera sea su bandería política y el lugar que ocupen en la sociedad–, que debe llevar adelante sin privilegios ni excepciones, para beneficio de toda la sociedad, la verdadera víctima de estos depredadores seriales.
Carlos Segovia, DNI 7.304.065

“Una cosa es la persecución política y otra es la persecución legítima de la Justicia contra quienes delinquen, cualquiera sea su bandería política”.