¿Por qué es importante el precio de los libros?: la ley que enfrenta al Gobierno con toda la industria editorial
La iniciativa, incluida en la denominada Ley Hojarasca, propone eliminar una norma vigente desde 2002 que fija el mismo precio para los libros en todos los puntos de venta. Cámaras editoriales, librerías, distribuidores y la Fundación El Libro advirtieron sobre el riesgo de concentración del mercado y la pérdida de bibliodiversidad.
Desde hace más de dos décadas, un lector que entra a una librería de barrio, una cadena comercial o una tienda online encuentra un mismo libro al mismo precio. Esa regla, que puede pasar inadvertida, es el corazón de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001 y vigente desde 2002. Ahora, el Gobierno nacional volvió a ponerla en discusión al incluir su derogación dentro de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone eliminar decenas de normas consideradas innecesarias o desactualizadas.
La iniciativa reabrió un debate que trasciende al sector editorial. ¿El libro debe regirse por las mismas reglas que cualquier otro producto del mercado o necesita una protección especial por tratarse de un bien cultural? La respuesta divide al Gobierno y a buena parte de la industria del libro.
La Ley 25.542 establece el denominado “precio uniforme de venta al público”. En términos simples, significa que cada editorial fija el precio de un libro y ese valor debe respetarse en todos los puntos de venta durante un período determinado. La norma contempla excepciones puntuales -como descuentos para bibliotecas, instituciones educativas o ferias-, pero impide que una librería, una cadena comercial o una plataforma digital venda un título muy por debajo del precio establecido para atraer clientes.
Para el Gobierno, eliminar esa regulación permitiría una mayor competencia entre vendedores y, en consecuencia, una baja en los precios para los consumidores. Esa lógica responde a una visión más amplia de desregulación de los mercados, uno de los ejes de la gestión de Javier Milei.
Sin embargo, el rechazo de la industria editorial fue inmediato y, sobre todo, amplio. La Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación Argentina de Librerías, Editoriales y Distribuidores, la Fundación El Libro y otras instituciones emitieron un comunicado conjunto para advertir sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría la derogación. No se trata únicamente de un reclamo de librerías independientes: también respaldan la continuidad de la norma grandes grupos editoriales y cadenas comerciales.
El principal argumento del sector es que la ley no elimina la competencia sino que la traslada a otros aspectos: la calidad de la atención, la recomendación de los libreros, la especialización de los catálogos y la cercanía con los lectores. Sin un precio único, sostienen, la competencia dejaría de basarse en esos factores para convertirse en una disputa financiera en la que solo podrían imponerse los actores con mayor capacidad económica.
“La ley garantiza igualdad de condiciones para todos los puntos de venta y permite que una librería de barrio pueda competir con una gran cadena o una plataforma digital”, señala la Cámara Argentina del Libro en su comunicado. Según la entidad, esa igualdad es la que permitió sostener una red de librerías distribuidas en todo el país y favorecer la circulación de catálogos diversos.
En un comunicado difundido este martes, la Fundación El Libro afirmó que la Ley 25.542 “no constituye un simple mecanismo comercial”, sino “la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes”.
Uno de los puntos más discutidos es el impacto que tendría la derogación sobre el precio de los libros. Mientras el Gobierno sostiene que la competencia reduciría los valores, el sector editorial afirma que la experiencia internacional muestra el efecto contrario.
El ejemplo que aparece con mayor frecuencia es el del Reino Unido. Allí funcionó durante décadas el “Net Book Agreement”, un sistema similar al precio fijo argentino. Cuando fue eliminado en 1995, los supermercados comenzaron a vender los títulos más populares con descuentos muy agresivos, incluso por debajo de su costo, utilizándolos como productos de atracción para aumentar las ventas de otros artículos. Muchas librerías independientes no pudieron competir y cerraron. Con el tiempo, el mercado quedó más concentrado y las editoriales comenzaron a privilegiar los títulos de mayor rentabilidad.
Otro argumento que aparece en el debate tiene que ver con las plataformas de comercio electrónico. Las librerías sostienen que vender a través de esos canales implica afrontar comisiones, costos logísticos y exigencias comerciales que terminan repercutiendo en el precio final de los libros. En ese escenario, advierten, los descuentos visibles para el consumidor suelen financiarse mediante un incremento previo del precio de lista.
La discusión excede, además, las fronteras argentinas. Países con una fuerte tradición editorial como Francia, Alemania, España, Japón y Corea del Sur mantienen sistemas de precio fijo o regulado para los libros. La lógica es que el libro no constituye una mercancía cualquiera, sino un bien cultural cuya circulación requiere condiciones específicas para proteger la diversidad de autores, editoriales y librerías.
En Argentina, quienes defienden la ley destacan que su vigencia coincidió con un fuerte crecimiento del ecosistema editorial. Durante las últimas dos décadas aumentó la cantidad de sellos independientes, se multiplicaron las ferias del libro en distintas provincias y creció la producción editorial. Según datos del sector, las novedades publicadas pasaron de unas 12.000 a comienzos de los años 2000 a más de 34.000 en 2023, un crecimiento que atribuyen, entre otros factores, a un mercado menos concentrado y con mayores oportunidades para proyectos editoriales pequeños y medianos.
Para los defensores de la norma, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta un libro, sino por quiénes podrán venderlo y qué libros llegarán efectivamente a los lectores. Temen que un mercado dominado por unos pocos grandes operadores favorezca la circulación de los títulos de venta masiva y reduzca el espacio para editoriales independientes, autores emergentes y catálogos especializados.
El proyecto todavía debe ser debatido en el Senado. Allí se definirá el futuro de una ley que, aunque suele pasar inadvertida para la mayoría de los lectores, regula uno de los aspectos centrales del mercado editorial argentino. Lo que está en juego, coinciden incluso actores con intereses comerciales muy distintos, no es solamente el precio de los libros, sino también el modelo de producción, circulación y acceso a la lectura.
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