Bariloche: Aplicaron leves condenas por 34 estafas con terrenos

El juez Ricardo Calcagno impuso un año y medio de prisión en suspenso al expresidente de la Cooperativa de Viviendas Quimey Ruca, Miguel Alberto Fernández y el extesorero de la entidad Juan Carlos Montivero como coautores penalmente responsables de 34 delitos de estafa simple y 4 por administración fraudulenta.

El fallo se dictó días atrás y el defensor particular de los imputados, Nelson Vigueras, aseguró que impugnará la sentencia.

En cambio, Calcagno absolvió a Milton Hernán Mansilla, Joaquín Alberto Pérez y Héctor Pardo, que formaron parte de la conducción de la cooperativa hasta finales de julio de 2013 cuando fueron desplazados.

En la sentencia a la que accedió “Río Negro”, el juez valoró los testimonios que se escucharon en el juicio y concluyó que los imputados actuaron “a sabiendas que el proyecto urbanístico que (los socios de la cooperativa) abonaban no se realizaría por cuanto la opción de compra de las tierras donde se proyectaba el loteo había caducado, lo cual constituye el delito de 34 hechos de estafa…”.

La sentencia está en sintonía con lo que había solicitado el fiscal Sergio Pichetto. Vigueras había pedido la absolución de todos los imputados.

Calcagno sostuvo en la sentencia que Fernández y Montivero actuaron a espaldas de los asociados y el resto de los directivos de la cooperativa, porque no llamaron a a una asamblea para autorizar la compra de una fracción de 198.000 metros cuadrados, ubicada en la zona de Ñirihuau.

Dijo que utilizaron el ardid de valerse de su condición de presidente y tesorero del consejo de Administración de la cooperativa y firmaron el 5 de agosto de 2011 una opción de compra con los propietarios de la fracción. Pagaron 50.000 dólares. Pero el acuerdo venció el 5 de noviembre de 2011.

El juez sostuvo de que “a pesar de encontrarse vencido el plazo para formalizar la compraventa”, Fernández y Montivero “efectuaron loteo en planchetas, adjudicaron 34 lotes y percibieron las cuotas de los asociados aun vencida la opción de compra y dispusieron como propios dichos montos”.

Calcagno advirtió que la conducta de los imputados al frente de la cooperativa “no se trató de una mala o irregular administración, lo cual no constituiría delito, sino que dicha administración resultó fraudulenta”, sostuvo.