Libertad de expresión y abusos de poder

ALEARDO F. LARÍA (*)

La denuncia formulada por el Grupo Clarín contra funcionarios públicos acusados de “incitación a la violencia” y “coacciones agravadas” incluía como “propaladores” a periodistas de medios oficiales. Diversas organizaciones que nuclean a profesionales de medios salieron en tromba a criticar la denuncia formulada por el Grupo Clarín, considerando que se intentaba “criminalizar el derecho a la libre expresión”. Sin embargo, una mirada más atenta al debate planteado debería permitir distinguir entre la materia criminal, sometida a la consideración de los jueces, y la cuestión, bastante diferente, vinculada con el derecho a la libertad de expresión y sus límites. El Grupo Clarín está siendo sometido a una campaña de desprestigio e intimidación por parte de funcionarios del gobierno. Esto, que es algo manifiesto y evidente, debe ser el punto de partida de cualquier análisis. Otorgando carácter de batalla épica a lo que debiera ser simple aplicación de una ley, el gobierno ha lanzado una campaña de propaganda facciosa utilizando los recursos del Estado –medios públicos de difusión– como si fueran los medios pertenecientes a un partido político. Las presiones de ministros del Poder Ejecutivo que se han ejercido sobre el Poder Judicial han sido también públicas y notorias. Si este uso desmedido del poder gubernamental en contra de un medio privado constituye un delito de coacciones agravadas; o si los funcionarios públicos acusados han incurrido en actos de desviación de poder; o si toda esta campaña carece de relevancia suficiente para llegar a configurar un delito, es una cuestión que deben dirimir los jueces federales. No es propósito de esta nota profundizar sobre una cuestión que está ‘sub judice’ y sobre la que deben pronunciarse aún los tribunales, aunque cabría aquí añadir que la regulación penal de los delitos cometidos por los políticos en ejercicio de la función pública es muy deficiente. Lo que sí podemos abordar ahora es si la sola circunstancia de haber incluido a algunos periodistas como “propaladores” de una campaña que se denuncia como delictiva constituye una violación al derecho a la libertad de expresión de esos periodistas. Lo primero que cabe señalar, aunque resulte obvio, es que los periodistas, como todos los ciudadanos, están sometidos al imperio de la ley. Por consiguiente, si alguien considera que ciertos periodistas han sido partícipes o colaboradores necesarios en la perpetración de un delito, pueden ser denunciados como el resto de los mortales y serán los jueces penales quienes deban despejar estas cuestiones, verificando si existe delito y, en su caso, quiénes han participado en la comisión del hecho. La libertad de expresión no resulta dañada por la sola circunstancia de que se haya formulado una denuncia penal contra un periodista si existen indicios que lo sitúan como eventual partícipe o colaborador de un hecho delictivo. En un sistema democrático se debiera confiar en la independencia e imparcialidad de los jueces, de modo que cualquier ciudadano no puede sentirse agraviado por la sola presentación de una denuncia sobre un hecho genérico que de algún modo lo involucra. Cualquier otra interpretación equivaldría a otorgar a los periodistas una suerte de inmunidad, similar a la que tienen los parlamentarios, que no pueden ser objeto de un procesamiento si antes no se produce el desafuero parlamentario. Por cierto, un privilegio absurdo, que debiera limitarse estrictamente a las declaraciones formuladas en la Cámara, pero no ante las actuaciones delictivas que tienen lugar en otros ámbitos. A los solos efectos argumentativos, y sin que necesariamente se consideren hechos equiparables –aunque guardan cierto aire de familia– conviene recordar la campaña lanzada durante el primer peronismo que culminó con la expropiación del diario “La Prensa”. Como es sabido, Perón, al tiempo que conformó una importante cadena de diarios y radios oficiales que condujo desde la Secretaría de Prensa y Difusión el tristemente famoso Raúl Apold, trató de acallar las críticas que provenían de los medios no controlados por el Estado, entre ellos el diario de la familia Gainza Paz. El argumento, en palabras de Apold, consistía en sostener que “La Prensa” era un diario “antiargentino” que “negaba los derechos legítimos del pueblo y tenía una política enderezada hacia la entrega del patrimonio argentino a intereses extraños”. La presión ejercida sobre los diarios independientes se ejercitó en aquella época de múltiples maneras. Se establecieron cuotas de papel y permisos de importación que quedaban sometidos a la entrega discrecional del gobierno. Un fallo judicial le exigió a “La Prensa” pagar una suma desorbitada por derechos aduaneros correspondientes al papel empleado en la impresión de avisos, admitiendo efectos retroactivos por diez años. Se utilizó al Sindicato de Vendedores de Diarios para estimular un conflicto que derivó en enfrentamientos entre empleados que dejaron como saldo un muerto y varios heridos. Finalmente, el episodio fue aprovechado para que el Congreso Nacional, en abril de 1951, dictara la ley 14021 que declaró la expropiación de todos los bienes que constituían el activo de la sociedad. Luego esos activos fueron entregados a la CGT, que convirtió al diario en vocero del movimiento sindical. Como medida dirigida a preparar las condiciones para la posterior expropiación, hubo una campaña oficial de denigración del diario con pegatinas que reclamaban el cierre de “La Prensa”. Un grupo de periodistas instaló frente a la sede del diario un original “diario oral”, que utilizaba un sistema de altoparlantes, para lanzar invectivas contra el diario “liberal y conservador”. Las preguntas que cabía formular entonces, a la vista del conjunto de circunstancias que rodeaban aquellos hechos, gozan de plena actualidad. ¿Podían esos periodistas, simples “propaladores” de la campaña oficial, ampararse legítimamente en el derecho a la libertad de expresión? ¿Podía el resto de periodistas que contemplaba aquel espectáculo, sin atender al contexto, salir a proclamar angelicalmente el sagrado derecho a la libertad de expresión de esos periodistas? Y lo que es más grave, ¿podían hacerlo sin defender al mismo tiempo el derecho a la libre expresión de un medio independiente que pretendía ser cerrado? Esas mismas preguntas se pueden trasladar ahora a las asociaciones de prensa que salieron a respaldar, en clara solidaridad corporativa, a los periodistas de medios oficiales afectados por la denuncia del Grupo Clarín. Dos anécdotas sirven de moraleja para cerrar esta reflexión. La primera, que el diario “La Prensa” fue clausurado con el argumento de ser de “derecha”, pero lo mismo aconteció al poco tiempo con el cierre de la imprenta en la que se imprimía “La Vanguardia” socialista y con el cierre de “La Protesta” de tendencia anarquista. La segunda anécdota narra que los lectores de “La Prensa”, que en aquel momento era el diario de mayor tirada, en busca de fuentes independientes, se desplazaron hacia un diario fundado en 1945 que hasta ese momento carecía prácticamente de lectores. Aquel modesto tabloide, beneficiado por la inesperada torpeza del gobierno, se llamaba “Clarín”.