Lo mismo, años después

de domingo a domingo

En el cine y la televisión, las sagas son un éxito asegurado. Una y otra vez una historia es retomada con actores iguales o diferentes y -en el mejor de los casos- se logra recrear la emoción que la buena idea original generó en el debut. En la realidad, cuando se habla una y otra vez de un mismo problema es porque se lo analizó, se lo criticó y se buscó culpables pero no se llegó a resolverlo nunca. Es, en definitiva, la admisión de un fracaso. La derrota de la política se hace evidente cuando la Provincia de Río Negro arrastra los mismos problemas año tras año. Pero no es una foto igual a sí misma. En ocasiones, la situación es más grave por el propio paso del tiempo, por el efecto paralizante de la pérdida de esperanzas y por la tendencia a naturalizar lo anómalo en lugar de tomar atajos para romper círculos viciosos. El reclamo de productores frutícolas en calles y rutas de la región tiene décadas. Y el marco resquebrajado por las capas de intervención estatal que complican, encarecen, distorsionan y quitan incentivos a las economías regionales. No erró el legislador Mendioroz -exvicegobernador de los radicales Massaccesi, Verani y Saiz- al resumir la situación: «Cierre de mercados, problemas sanitarios, falta de financiamiento a tasas bajas, recesión, alta inflación, dólar fijo y fuerte presión fiscal conforman un cóctel explosivo», dijo. Nada de lo hecho o intentado desde la Provincia ha dado resultados hasta el momento ante semejante desafío. ¿Impotencia o incapacidad? Es discutible, ya que los diagnósticos oficiales muestran o encubren según la preferencia política del momento, sin llegar a tocar los verdaderos temas de fondo. El contrasentido de un Estado provincial que penaliza el empleo privado ilegal pero viola las normas que regulan su actividad como empleador es otro mal ejemplo. La revelación de estos días no sorprendió a nadie pero irritó a muchos. El gobierno de Alberto Weretilneck no sólo no cumplió la promesa de regularizar la situación laboral de los técnicos y profesionales que atienden a la población más vulnerable sino que, además, siguió usando el área y el método informal para incluir «punteros» políticos, amigos o aliados. El concepto mismo de «becas laborales» encierra un contrasentido y una ofensa. Una beca es un beneficio económico para completar un estudio o una práctica laboral necesaria para adquirir un nivel académico. Subliminalmente, se otorga a la condición de «becado» un buen pasar, la comodidad de recibir un ingreso para hacer lo que se desea. En Río Negro, esa palabra encubre una perversa explotación laboral realizada por el Estado. Decenas de niños, niñas, adolescentes y ancianos institucionalizados por su situación de vulnerabilidad social o familiar están al cuidado de técnicos, operadores y profesionales que perciben un ingreso mínimo que oscila entre $ 1.500 y 4.000 y un promedio de $ 2.800. De ese monto, muchos de ellos tienen que pagar incluso su monotributo. Como el resto de los empleados del Estado, en su mayoría ingresan por cercanía, conocimiento o adhesión política con quien decide. En el último año, el número de «becados» se duplicó. Eso, a pesar de que el gobernador Weretilneck había prometido que el 30 de junio de 2013 pondría fin al sistema de «becas» como mecanismo de contratación de personal. La contracara de ese sistema de precarización laboral es la notoria baja de la calidad del servicio de atención de personas en vulnerabilidad social o familiar. Como el Estado les brinda a los operadores de los Caina, los centros de atención de niños y adolescentes, tan poco en materia de remuneración y cobertura social, es también mínimo lo que les exige. Un «becado» puede ingresar sin demostrar conocimientos ni aptitudes. Esto permite que en el área convivan técnicos, agentes sanitarios y profesionales preparados en universidades con personas sin la más mínima capacitación ni vocación de servicio. No sorprende que la Provincia trascendiera en el país por el caso de las niñas cuyo prematuro inicio en la vida sexual se promovió, explotó o consintió cuando estaban bajo la tutela del Estado, alojadas en hogares de menores. Curiosamente, quien denunció esa situación, el exministro Ricardo Arroyo, tiene buena parte de responsabilidad en el mecanismo informal de las «becas laborales» . El gobierno se escuda en que esta perversa modalidad se inició durante la gestión del radical Miguel Saiz. Y es cierto. Tanto como que varios de los exfuncionarios de ese sector son hoy aliados del gobernador Alberto Weretilneck. Y, pese a que los «becados» son un número relativamente bajo -ahora rondan las 2.000 personas- nadie ha podido o querido salir del laberinto para garantizar estabilidad y salario digno a cambio de aptitud específica y cumplimiento de obligaciones. La política gremial del Estado en estos últimos años no ha sido ajena a este desmadre. Los operadores «becados», por no ser trabajadores formales, penaron durante años sin representación hasta ser amparados por ATE. El gremio, que era fuerte en Salud, fue creciendo en sectores a los cuales el gobierno provincial -aliado con UPCN entonces y ahora- no daba respuestas. No casualmente, la época en que más «becados» fueron regularizados fue cuando el ministerio -y el gobierno todo- tuvo una política de acercamiento con ATE tanto en Desarrollo Social como en Educación. Desde que la orientación viró otra vez a favor de UPCN se produjeron dos fenómenos: ATE volvió a su política de reclamos violentos, ocupaciones y entorpecimientos del tránsito. Y, al igual que en los últimos pases a planta permanente que se realizaron, el alineamiento gremial y político es condición no escrita para el ingreso al «club de la buena estrella» en el Estado. El gremio liderado por Juan Carlos Scalesi acaba de proponer hacerse cargo de la regularización y capacitación de los «becados» a través del IPAP, un instituto mantenido con fondos del Estado pero controlado por el sindicato. Un fenomenal instrumento de influencia que busca mejorar la calidad del recurso humano de la administración pero, en los hechos, alienta a los aspirantes a afiliarse a UPCN. Nadie derogó la garantía de libre afiliación sindical, pero la realidad deja en desigualdad manifiesta a ATE y al recientemente creado gremio estatal, surgido de la ex lista opositora EPUC. Primer resultado: ATE parará el 6 de mayo para pedir aumento y que no se juzgue a dirigentes por acciones gremiales que ocasionaron daños o restricción de derechos de terceros. La agresión verbal del exministro Ricardo Arroyo al dirigente de ATE Rodolfo Aguiar es otro round, y ni siquiera el más penoso, de un combate en el que todos pierden. La derrota perfecta y repetida.

ALICIA mILLER amiller@rionegro.com.ar