López y las leyes o el reino del dinero



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Editorial

“Cada cual tomaba lo que podía, saqueaba, robaba. El Estado era gobernado por el arbitrio de unos pocos. Tenían en sus manos el tesoro, las provincias, los cargos…”.

La frase bien podría pertenecer a un funcionario de gobierno. Y sonar como música en los oídos del presidente Mauricio Macri, quien frente al pantagruélico deschave de la corrupción kirchnerista logró mitigar, en parte, la imprudencia política con la que se manejó el reordenamiento de la economía y la llegada del segundo semestre. Pero no lo dijo un funcionario argentino. Pasaron más de veinte siglos desde que el historiador Cayo Salustio habló así de la corrupción de su imperio, el romano.

Entre los 40 millones de sestercios que se guardó en la bolsa Verres, el gobernador romano de Sicilia –con 44 procesos de corrupción sobre su cabeza–, y los más de 9 millones de dólares que José López le ofrendó al altar de las monjitas de General Rodríguez pasaron también más de veinte siglos. Otros tantos desde que Julio César sostuvo que los tiempos de las armas eran distintos de los de las leyes y echó mano a las reservas del tesoro del imperio, violando todas las leyes que se lo impedían. Y tiempo inmemorial desde que el mitológico Prometeo le robó el fuego a las divinidades griegas para entregárselo a los hombres, enfureciendo nada menos que al poderoso Zeus. Así le fue.

La corrupción, el cohecho, el tráfico de influencias, parecen una porción más del ADN de la especie humana. Los primeros indicios aparecieron ya en papiros egipcios de los tiempos de Ramsés IX, en el 1.100 antes de Cristo. Por eso, desde siempre, el hombre tuvo que imponerle castigos a estos desvíos de su especie. El propio Julio César debió hacerlo. El Imperio Romano fue prolífico en leyes que penalizaban la corrupción de los funcionarios. Y desde antes de Cristo tuvo que crear tribunales de justicia para la corrupción y también cortes especiales para castigar a los jueces corruptos.

“¿Qué pueden hacer las leyes donde sólo el dinero reina?” decía Petronio, célebre autor del Satiricón en el siglo I.

Pero hubo algo con lo que los poderosos de todos los tiempos nunca pudieron aunque intentaran maquillarlo con distintos tonos: la indignación ciudadana. Algo de eso parece estar pasando en la Argentina, a pesar de la ceguera vivida por mucho tiempo con el Ciccone de Amado Boudou o los Sueños Compartidos por Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini.

Tal vez responda a ese cocktail explosivo de corrupción y segundo semestre, las dos claves del momento. O sea: un derrame que no llega al bolsillo de la gente a pesar de las promesas oficiales y la impudicia de los Báez y su banda contando millones de dólares con un habano en la boca y un vaso de whisky en la mano.

Y en medio de todo esto
–salvo respetables casos puntuales– una dirigencia política enmudecida viendo pasar la complicidad manifiesta de los jueces con la corrupción. El peronismo optó por la hipocresía del “no tengo nada que ver y me voy” o la insostenible soberbia del “yo no fui”. El resto de la dirigencia eligió la indignación declamatoria o un sutil mutis por el foro a la hora de decidir qué se hacía con los jueces cómplices. El propio Norberto Oyarbide, incalificable prototipo del tráfico de influencias, con sus anillos de brillantes, sus sobreseimientos y sus faltas de mérito a los corruptos recibió la bendición del gobierno que le aceptó la renuncia y lo salvó del juicio político.

Esta semana, los jueces fueron puestos en la mira del Consejo de la Magistratura, que ahora deberá revisar las añosas demoras y vistas gordas que sufrieron las denuncias judiciales contra quienes robaron con las mismas ansias que nuestros ancestros romanos. Pero esto solo fue producto de la arremetida de los Colegios de Abogados, decididos a salvar su profesión y rescatarla del lodo. Es curioso. Tuvo que hacerlo la sociedad civil, mientras buena parte de la dirigencia política, que podría ser beneficiada, a la hora de separar la paja del trigo, llegó tarde a la cita.

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