Los acuerdos en el proyecto de ley de Alquileres son el signo de lo que viene

Los trabajos en comisión buscaron consensuar posiciones de todos los sectores involucrados. La trascendencia de este momento es haber podido sentarnos en una mesa, revisar posturas, hallar un piso común y avanzar en acuerdos.

Establecer una regulación del Estado es la única manera de terminar con posiciones abusivas preexistentes en la relación de poder que siempre va a haber entre inquilino y propietario. No es una iniciativa en contra de los propietarios o del sector inmobiliario, se trata de abordar la desprotección que sufre el sector más débil y brindar herramientas de resguardo a las familias de inquilinos.

Los inquilinos militan por estos derechos hace mucho tiempo. La trascendencia de este momento es haber podido encontrar un piso común, una posibilidad de debatir racionalmente, quizás no resolver definitivamente la cuestión pero sí avanzar en estos niveles de acuerdo. Con las representaciones de las cámaras inmobiliarias y de las organizaciones de inquilinos sentados en la misma mesa. Creo además que este es el signo de lo que viene como país: la metodología de sentarnos en una mesa y revisar posiciones.

Argentina ha adherido al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11º establece el derecho humano a la vivienda, y los derechos humanos son progresivos y no pueden sufrir retrocesos. Los países se comprometen en su avance y cada retroceso significa una observación. En Argentina hay dos observaciones que han hecho relatores de Naciones Unidas respecto al cumplimiento del tratado. El artículo 11º del mencionado pacto se refiere al derecho a una vivienda digna como “el derecho a vivir en un lugar con seguridad, paz y dignidad”. Para ello se requiere una “adecuada privacidad, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una adecuada ubicación en relación con el trabajo y los servicios básicos, y todo ello a un coste razonable”.

El problema de la vivienda

El dato de personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires es de julio y alcanza los 7.251 individuos. En Río Negro no hay gente viviendo en la calle, quizás porque tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado y la situación se resuelve de otra manera, por ejemplo con carpas en terrenos que aún no han sido loteados y luego con construcciones absolutamente precarias para dejar, de esta manera, de pagar alquiler, que a menudo se vuelve insostenible para muchas familias.

En nuestro país hubo dos censos nacionales realizados por los centros de inquilinos, en los que se muestra el nivel de irregularidades y la situación despareja, de debilidad, que tienen los inquilinos frente a los propietarios o quienes ostentan la representación de los propietarios.

Los ejes de la propuesta

El proyecto de ley brinda una mayor protección a los inquilinos, además de fomentar políticas de acceso a la vivienda.

En la reforma propuesta, el sistema de los alquileres fue avalado en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, y hay acuerdo para llevarlo al recinto antes del día 30, cuando culmina el período ordinario de sesiones.

Eleva el plazo mínimo del alquiler de dos a tres años, establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos y ofrece un menú de garantías entre las cuales el inquilino podrá optar.

El monto de alquiler no será actualizado de forma arbitraria, sino que se acordó que los ajustes serán anuales y deberán efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Otra reforma importante tiene que ver con las garantías: actualmente el propietario es quien impone la garantía para el alquiler, mientras que con la futura ley el inquilino podrá elegir dos opciones dentro de un amplio menú, y el propietario deberá aceptar una de esas propuestas. El proyecto permite garantía propietaria -es decir, otro inmueble-, certificación de ingresos o recibo de sueldo, avales bancarios o un seguro de caución.

El dictamen acordado en comisión promueve la creación del Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda, será el Organismo Rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar el Programa Nacional de Alquiler Social.

Este programa tendrá como beneficiarias principales a las mujeres víctimas de violencia de género, en el marco de la ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26485; además de adoptar medidas que permitan facilitar el acceso al alquiler a jubilados, pensionados y titulares de la prestación por desempleo.

En síntesis, tendrá como objeto facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, familiar y única.

En este marco, hay una coincidencia de todos los movimientos sociales, en la Argentina y a nivel mundial, respecto a la urgencia de obtener lo que el papa Francisco sintetizó como las tres T, la tierra para tener un techo y el trabajo para vivir dignamente. La vivienda es un derecho y debe ser implementado en forma progresiva para que sea verdaderamente digno y universal. Hay que impulsar políticas de acceso al hábitat en todo el país.

*Diputada nacional por el Frente de Todos de Río Negro