Los concejales de La Angostura perdieron en el TSJ; seguirá la causa penal en su contra
Vuelve a escena el conflicto institucional que mantiene en vilo a la municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad junto al Nahuel Huapi.
El Concejo Deliberante de La Angostura votó la destitución de Brito el 15 de enero. (Gentileza: laangosturadigital.com)
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó un planteo de los concejales de Villa La Angostura, que le pedían la intervención directa en el enfrentamiento institucional que mantienen desde hace meses con el Municipio que conduce Fabio Stefani.
La consecuencia más importante del fallo que emitió hoy el Tribunal Superior es que seguirá en pie la investigación en la que están imputados todos los concejales de La Angostura, tanto del oficialismo como de la oposición, por supuesta desobediencia a una orden judicial.
Es que la decisión unánime del Tribunal avala implícitamente la intervención en el conflicto político del juez procesal administrativo Matías Nicolini, quien en enero último levantó la feria estival y ordenó al Concejo Deliberante que se abstuviera de sesionar para tratar la destitución del secretario de Economía y mano derecha del intendente, Daniel Brito.
Este conflicto comenzó por hechos presuntos de corrupción denunciados por una concejal opositora y rápidamente se convirtió en una interna política del Movimiento Popular Neuquino. Hasta ahora va ganando la línea oficial, tanto en el plano político como en el judicial.
El denunciado Brito, quien ganó fama por la costosa y fallida contratación de Jimena Barón para una fiesta local, fue destituido por el Concejo Deliberante en una sesión que se realizó el 15 de enero pese a la orden judicial emitida por el juez Nicolini, quien intentó prohibirla. La orden fue a pedido de Brito.
Los concejales niegan haber desobedecido una disposición judicial, pero el fiscal jefe Fernando Rubio los acusó a todos de haber cometido ese delito y tiene un año de plazo para investigarlos.
Probablemente desde la época en que se investigaba el uso de los Aportes del Tesoro Nacional, durante el gobierno de Carlos Menem (hace dos décadas), que no había un Concejo Deliberante en pleno imputado de un delito.
Entre la maraña de planteos que judicializaron este conflicto político hay uno que se resolvió hoy. El Concejo Deliberante le había pedido al Tribunal Superior que intervenga directamente, con el argumento de que hay un conflicto de poderes y que el juez Nicolini no tiene nada que hacer en esta materia. Técnicamente, se llama planteo de competencia por inhibitoria.
Como queda dicho, por unanimidad los vocales Roberto Busamia, Alfredo Elosu Larumbe, Soledad Gennari y Evaldo Moya rechazaron ese planteo con una resolución interlocutoria de 31 páginas en la que citan una gran cantidad de precedentes.
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