Los desalojados por no pagar el alquiler deben recibir un subsidio, según un protocolo oficial
Es una guía de actuación aprobada por el Tribunal Superior de Justicia. Entre 2018 y 2019 hubo 44 desalojos, 30 de ellos con uso de la fuerza pública.
El protocolo fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia e involucra a varias reparticiones del Estado. Imagen ilustrativa.
Entre 2018 y lo que va del 2019 hubo 44 desalojos de viviendas por orden judicial. En 30 casos -el 70%- se recurrió a la fuerza pública. Para evitar que esa situación violenta derive en algo irreparable, como ya ocurrió en la provincia, el Tribunal Superior de Justicia aprobó una “Guía de intervención en desalojos, desahucios y lanzamientos”.
En sus 17 puntos divididos en 3 fases, organiza el procedimiento para que cada organismo que interviene cumpla un rol específico. Además contempla que se garantice a los desalojados “un lugar o refugio o medios para no quedar en la calle, o al menos por un tiempo hasta que su situación mejore”.
“Cada organismo del Estado deberá colaborar con la atención provisoria o permanente si así lo requiere el caso”, señala el protocolo, “siendo el área de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo provincial el organismo encargado de dar albergue a estas personas, o de ofrecerles un dinero para alquilar temporariamente, modalidad que se utiliza actualmente para solucionar el problema de la vivienda”.
En otro párrafo, la guía indica que quien pide el desalojo debe “proveer un camión de mudanzas o flete para trasladar las cosas del demandado”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, dijo que “esto se viene haciendo desde hace tiempo, el Estado se hace cargo de los desalojados, les da una especie de subsidio. Hay una atención del grupo familiar”.
En cuanto al protocolo, indicó que “circula en borrador desde 2015, se hicieron ajustes, se incorporaron observaciones y ahora se aprobó”.
El desalojo lo ordena un juez civil, en la mayoría de los casos ante el requerimiento del dueño de una vivienda cuyo inquilino no puede pagar el alquiler “porque se quedó sin trabajo o por alguna razón económica”, dijo Busamia. En los últimos 20 meses hubo 44 casos.
Se tramita en la oficina de Mandamientos y Notificaciones, que intima a los ocupantes a desalojar en cinco días. La prioridad, según el protocolo, es lograr un acuerdo.
Las estadísticas oficiales revelan que la negociación no siempre prospera, y el 70% de los casos termina en desalojo por la fuerza pública.
En esos casos intervienen, además de la Policía, Desarrollo Social, Minoridad y Familia (si hay menores), el hospital y los bomberos. Si hay extranjeros, se avisa a Migraciones.
El protocolo prevé la presencia de asistentes sociales y psicólogos, y antes de proceder a la expulsión de los ocupantes “ya tendrán definido el albergue, refugio, casa, hotel o el dinero para que las personas queden a resguardo”.
“Si no hay acuerdo -señala uno de los puntos- se retirarán todos del lugar dado que, aunque contenga una orden de allanamiento y de usar un cerrajero, es imposible ante la resistencia de los ocupantes sacarlos por la fuerza, lo cual no es conveniente porque sería un motivo para que se suscite una agresión”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, diferenció dos clases de desalojos de viviendas: los que se ordenan con motivo de una usurpación (una ocupación por la fuerza o mediante engaño), y los que se disponen porque un inquilino dejó de pagar el alquiler.
“Los primeros son los más complicados de resolver. En el segundo de los casos, la persona en general negocia quedarse en la vivienda unos días más hasta que puede reunir el dinero o encuentra otro lugar donde irse”, indicó.
La cantidad de desalojos son otro indicador de la crisis económica, al igual que la cantidad de personas sometidas a juicio por no pagar sus deudas.
Este diario informó en julio que hay más de 143.000 expedientes en trámite por ese motivo, en su mayoría iniciados por la municipalidad de Neuquén o por la provincia ante tasas o impuestos impagos, en algunos casos por montos inferiores a 5.000 pesos.
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