Los dilemas de la educación policial

https://www.rionegro.com.ar/los-dilemas-de-la-educacion-policial-AARN_1962024/

MIGUEL EDUARDO NOVOA (*)

Decir que la institución policial, como cualquier otra organización, debe adaptarse y repensar su rol en una sociedad cambiante es una obviedad, aun cuando los cambios organizacionales sean mucho más resistidos que en otros estamentos estatales. En ese orden es que muchas funciones que hasta ahora se asumían como propias e indelegables se van transfiriendo a otras instancias extrapoliciales, como ocurre entre otras con la educación policial (ejemplo cercano: Río Negro). Justamente en este importante aspecto es donde se han producido innovaciones profundas que nos marcan la coexistencia de dos modelos. El modelo “tradicional” de formación policial en la Argentina se caracteriza por la inclusión de las instituciones formadoras bajo la órbita de la propia policía y por la existencia de circuitos diferenciados en la formación inicial: para el personal subalterno (suboficiales y agentes) y para el personal superior (oficiales). Caracteriza a este estilo una alta cuota de autonomía respecto de otros organismos de gobierno, lo que repercute en el diseño general de la formación, en los procesos de selección del personal docente y los requisitos de ingreso. En lo referido al primer aspecto se reconoce la existencia de una formación profundamente inciclopedista, abstracta y extraña a las labores policiales en la práctica cotidiana, acompañada de una impronta marcadamente militarizada. Este rasgo se presenta en la existencia del internado y la predominancia del “orden cerrado” (desfiles, formarse, etc.) que tienen un claro aporte a la instrucción instrumental, pues en ella a su destinatario se lo deja de tratar como un sujeto adulto con capacidad para decidir y responsable de sus actos, ya que sus acciones son decididas por otro (la propia institución). Se trata de un proceso vano, aun cuando se lo justifique, relativizando su mortificación, se sobrevaloren sus beneficios secundarios (templanza del carácter, etc.) o se lo resignifique como una aventura. Pero además de vano es perjudicial por cuanto debería incentivar el desarrollo de capacidades subjetivas para la resolución de situaciones problemáticas. Basta la lectura de “Internados” de Erwing Goffman para entender los procesos de deconstrucción del “yo” que se viven en este tipo de instituciones totales. En cuanto a los procesos de selección del personal docente se caracteriza este modelo por la existencia de una estructura autorreferenciada compuesta por profesores e instructores admitidos por la cultura institucional más que por el saber objetivo. Sin embargo, en los últimos 15 años, a la par de los procesos de reforma de los cuerpos policiales en distintas provincias se produjeron varios cambios en los modelos de formación policial. Para este modelo “renovado” es fundamental la participación integrada, en todas las instancias de los procesos formativos, de actores diversos: políticos, de las áreas de Seguridad y Educación, policiales, académicos y sociales, que se traduce en su máxima expresión en una estructura institucional autárquica, opuesto pues al modelo “tradicional” donde los institutos dependen exclusivamente de la Policía. En el extremo renovado podemos citar la estructura autárquica de la provincia de Mendoza, donde la institución formadora depende de una fundación con un consejo de administración integrado por representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, del Ministerio de Gobierno provincial y de la Policía. Otro de los cambios producidos en los procesos de formación policial consiste en el surgimiento de circuitos de formación inicial únicos para el ingreso que se han generado en varias provincias, entre ellas en Buenos Aires, Chaco, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe y en las policías más nuevas: la Aeroportuaria y la Metropolitana. En la provincia del Neuquén vale recordar, además, que entre finales del milenio anterior y principios del actual se produjo una serie de iniciativas reformistas en la Policía que, a pesar de su silencioso derrotero, tienen amplia difusión y reconocimiento en espacios académicos que se especializan en temas de seguridad. Por aquel entonces se logró la sanción, por unanimidad, de una reforma a la ley de Personal Policial que introdujo la figura del “agente de nuevo cuadro”, que sería la primera jerarquía de una futura carrera única policial. En Neuquén, al contrario de lo ocurrido en otras provincias, las resistencias internas y especialmente la salvaje purga policial del 2005 terminaron por derrumbar la nueva carrera y lentamente las innovaciones educativas que la acompañaban. Estos programas educativos, que pueden inscribirse en el camino del modelo “renovado”, ponían su acento en la convocatoria de nuevos recursos con secundario completo, cursos mixtos con cupos femeninos mínimos por región y respecto de la formación inicial: duración mínima del cursado de nueve meses; único, es decir sin procesos diferenciados para suboficiales y oficiales; actualización curricular apuntando a la profesionalización por encima de aspectos castrenses arraigados en la formación policial y la consolidación del externado durante el cursado. En definitiva, se pretendía una suerte de policialización del sistema educativo policial sólo para policías, en labores policiales. Hoy poco queda de esto y aún más, luego de 10 años se volvió al internado de los futuros oficiales reabriendo la Escuela de Cadetes a jóvenes sin experiencia policial; se estableció nuevamente el doble circuito de ingreso y se redujo notablemente el tiempo de formación de los nuevos agentes. Estas preguntas resultan inapelables: ¿puede sostenerse este tipo de instrucción hoy para la formación de funcionarios públicos insertos en un Estado democrático? Después de la vigencia de la ley 26206, ¿podría la fuerza policial admitir el ingreso a sus filas de personal que no haya cumplido con la educación secundaria, que ahora es obligatoria? La visión explícita de quienes, como el suscripto, participaron del nacimiento del Instituto Superior de Seguridad era su paulatina autonomía de la fuerza policial y apertura para recibir alumnos no pertenecientes a la institución. Por esta razón creo en su autarquía como máximo objetivo, donde también los directivos sean designados mediante concursos abiertos y transparentes –hoy el director es designado por el jefe de Policía– o al menos la consolidación de instancias de articulación y concertación política entre la Policía y el Ministerio del área de Seguridad y de Educación provincial para la formación policial de base. Lo mencionado responde a convicciones que siempre he sostenido, aun sabiendo que no serán pocos los que lo interpreten como “entrega de la institución”. Entiendo en ese sentido que se requiere de un amplio debate que permita clarificar qué tareas podemos transferir para ocuparnos de la centralidad de nuestra función: la prevención y la investigación de los delitos, dónde concentrar nuestros esfuerzos y recursos. Por lo tanto la cuestión profunda no es si las cosas se hacen bien o mal, pues rescato el compromiso y capacidad del personal de educación policial, sino si corresponde o no que lo hagamos en desmedro de nuestra especialidad. Lamentablemente esta postura, sostenida en el ámbito de la libertad de cátedra, es la que produjo mi despido del sistema educativo policial el año pasado y la imposibilidad de sortear los concursos selectivos en el Instituto de Seguridad Pública. Así las cosas, los hechos refuerzan mi prédica por la apertura para permitirnos posturas distintas aceptando el disenso, la discusión y la autocrítica, en especial en los ámbitos educativos. (*) Exsubsecretario de Seguridad provincia del Neuquén. Comisario mayor (R) Policía del Neuquén. Abogado. Lic. en Seguridad. Participante del espacio “Audiencia Pública”