Los familiares demandarán al Estado rionegrino 28-5-03

El ataque se produjo en el interior de la alcaidía de Roca, y duró muy pocos minutos. Creen que los presos lo planificaron con tiempo. CIPOLLETTI (AC) – La familia de Enzo Pérez -que fue detenido hace más un año por atacar a una mujer y su hija en Cipolletti, y luego brutalmente vejado en la alcaidía de Roca cuyas heridas le provocaron la muerte- presentará una demanda millonaria contra el Estado rionegrino por los padecimientos que sufrió (estuvo casi dos meses en coma antes de morir) y los daños y perjuicios causados a su esposa e hijos.

Pérez fue involucrado a principios de este año en el crimen de la kinesióloga Diana del Frari, en cuyo consultorio se hallaron huellas de él.

Sin embargo, su detención se produjo el 5 de abril de 2002 cuando la policía intervino tras la la denuncia de un vecino que escuchó gritos. Pérez había atacado a una odontóloga que vive en el barrio Prieto y a su hija de 14 años. Los uniformados llegaron justo para evitar que la agresión fuera mayor, según lo que declaró la víctima.

La versión oficial del episodio cuenta que cuando la policía tocó el timbre del chalet, fue el propio Pérez -que había ido, como plomero, a reparar una caldera- el que intentó convencerlos de que todo estaba en orden.

Como la odontóloga estaba a medio desvestir, se presumió que había sido un intento de violación, pero ese delito nunca le fue imputado.

Lo llevaron detenido, bajo la acusación de tentativa de homicidio, a la alcaidía de Roca, donde fue alojado en un pabellón común. Pérez fue vejado y golpeado por los mismos presos, lo que obligó a su internación en estado de coma, para morir casi dos meses después.

En febrero de este año, los peritos de Gendarmería Nacional, a pedido de la Justicia rionegrina, determinaron que en el consultorio de la kinesióloga Del Frari donde había sido asesinada en 2001, había rastros de Pérez que para entonces ya llevaba ocho meses muerto.

El abogado de la familia de Pérez, Carlos Gadano, pidió al juez Emilio Stadler que indagara al jefe de la alcaidía Andrés Capsi por el ataque a Pérez que terminó con su muerte, pero el magistrado no le concedió la solicitud.

El abogado considera que se cometió el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público al haber alojado a Pérez en un pabellón común.

Por ello, la causa penal por lo que pasó el la alcaidía está prácticamente parada.

La familia del plomero asesinado obtuvo ya el beneficio de litigar sin gastos, por sus escasos recursos. El próximo paso -explicó Gadano- es iniciar una demanda contra el Estado provincial en representación de los padres de Pérez, por un lado, y de la viuda y los hijos, por el otro.

Pérez tenía 29 años y, según las normas, la expectativa de vida productiva de un ser humano llega a los 65. Los tribunales se manejan con una tabla de cálculo casi matemático para determinar, en dinero, el perjuicio causado. En cambio, en el aspecto del daño moral causado a Pérez no hay tabla establecida. «Su padecimiento fue enorme», dijo Gadano.