Los nuevos jueces

La presencia en el Consejo de la Magistratura de políticos bajo sospecha hace prever pocos avances.

La convicción generalizada de que el país no cuenta con los jueces que cree merecer no puede atribuirse a las pasiones políticas. En los años últimos, tantos jueces se las han arreglado para protagonizar episodios vergonzosos, cuando no criminales, que no puede sorprender a nadie el profundo desprestigio del Poder Judicial, el cual en opinión de la mayoría tiene muy poco que ver con la administración de la Justicia. Exagerado o no dicho juicio, está contribuyendo a desmoralizar al país, intensificando de esta manera el riesgo de que comparta el destino nada envidiable de otras naciones latinoamericanas en las que la corrupción ha debilitado tanto a las instituciones, que no poseen los recursos internos que les permitirían recuperarse. En la raíz de este fenómeno está la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo en el curso de los años noventa. Siempre había sido evidente que ciertos jueces mediáticos se preparaban para una carrera política enviando a la cárcel a acusados vinculados con un movimiento que no pensaban en integrar, pero antes de iniciarse la gestión de Carlos Menem era por lo menos posible convencerse de que, con escasas excepciones, los magistrados antepondrían los deberes propios de quienes tienen la misión de interpretar la ley a sus eventuales lealtades partidarias. En muchos casos se trataría de una ilusión, pero de una que al menos servía para estimular la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país. De más está decir que a esta altura pocos creen que todos los jueces respetan esta regla fundamental: a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión relevantes, abundan los que no confiarían en juez alguno.

Pues bien, aunque nadie siente demasiado entusiasmo por el Consejo de la Magistratura, una institución impulsada a comienzos de los años noventa por la UCR con miras a frenar la proliferación de jueces descaradamente menemistas, el que por fin está iniciando sus tareas podría significar que en el futuro la Justicia propenderá a mejorar, al verse desplazados poco a poco los jueces actuales por otros de capacidad y de independencia de criterio más evidentes. Con todo, la presencia en el Consejo de políticos bajo sospecha hace prever que de producirse avances en este terreno no serán muy importantes. Asimismo, aunque el Consejo resultara ser un modelo de su género, obrando con eficiencia e imparcialidad implacables, la tan deseada renovación de la Justicia requerirá mucho tiempo. Si bien, de formarse una «masa crítica» de buenos jueces, ella podría emprender una ofensiva contra los que queden del antiguo régimen, con el propósito de obligarlos a servir a la política en otra función.

Por supuesto, nunca será posible eliminar por completo la influencia de los políticos en la Justicia, y puesto que a su modo los jefes partidarios y los legisladores representan a la ciudadanía y que la alternativa sería la conformación de una corporación judicial cerrada, no sería deseable que ello ocurriera. Aun así, es legítimo esperar que andando el tiempo aumente la cantidad de jueces que sin intentar ser totalmente «apolíticos» no se sientan comprometidos con el destino de ningún partido o dirigente determinado y que, de todos modos, den por descontado que la carrera judicial es más digna que aquella del político común y que por lo tanto no sueñen con tomarla por una buena manera de atraer la atención de los operadores partidarios. Es que una de las razones principales de la decadencia de la Justicia consiste precisamente en la pérdida de respeto hacia ella por parte de los jueces mismos: mientras que en ciertos períodos del pasado algunos magistrados hacían gala de un orgullo pomposo a todas luces excesivo, en el fondo tal actitud era decididamente más sana que aquella que caracteriza a tantos jueces de nuestros días que, por su conducta, voluntad de figurar en los programas televisivos, modo de vestir y su lenguaje, parecen resueltos a brindar la impresión de ser personajes sumamente divertidos, aspiración que acaso sea muy democrática, para no decir popular, pero que no contribuye en absoluto a aumentar el prestigio de la magistratura y en consecuencia el respeto por la ley.


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