Maduro se atribuye amplios poderes en seguridad y economía



El gobierno venezolano se arroga amplias facultades para preservar la seguridad y garantizar el suministro de alimentos y energía, mediante un decreto de estado de excepción cuyo contenido fue difundido ayer.

La medida, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno” y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” y promueve la “interrupción del período” del presidente Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

El decreto ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.

Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados –en grave escasez– para evitar que terminen en manos de contrabandistas.

Maduro fue más allá en las facultades a esos colectivos, al atribuirles “funciones de vigilancia y organización”, conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”.

Esta medida en particular fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo”.

“Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social”, añadió.

La norma también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, escasas por los precios del petróleo.

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La norma también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, escasas por los precios del petróleo.

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