Mafia en acción

En la Argentina, no es exactamente común que un sindicalista sea expulsado de un gremio por violar una ley.



Aparte de la conformada por los delincuentes comunes, la colectividad más desprestigiada del país es con toda seguridad la sindical. A juicio de la ciudadanía, desde hace muchos años los jefes de los gremios más poderosos se limitan a aprovechar en beneficio propio las penurias de los trabajadores en vez de procurar atenuarlas. Así las cosas, no cambiará mucho la filmación del episodio protagonizado por Juan Ladina, el hasta hace poco secretario general adjunto de la UOCRA y, para colmo, "secretario de cultura" de la CGT disidente de Hugo Moyano, cuando intentaba extorsionar a un empresario advirtiéndole sobre lo insensato que sería rehusarse a abonar la coima reglamentaria. Si bien el jefe del sindicato, el diputado peronista Gerardo Martínez, se vio constreñido a actuar con rapidez, separando a Ladina y a cuatro delegados zonales de sus cargos y formulando la denuncia penal correspondiente ante la Justicia, pocos creerán que hubiera reaccionado de tal modo de no haberse difundido antes los detalles del caso. Después de todo, no es exactamente común que un sindicalista sea expulsado de un gremio por violar una ley. Asimismo, aunque es de suponer que los integrantes de la corporación sindical saben muy bien cómo sus compañeros más notorios se las arreglaron para enriquecerse, hasta ahora ninguno -con la excepción parcial del gastronómico Luis Barrionuevo cuando nos informaba que "en la Argentina nadie se hace rico trabajando"- se ha tomado la molestia de explicarlo al resto de la población del país.

Según Martínez, lo hecho por Ladina fue "una traición a la causa de los trabajadores". Se equivocaba: fue algo decididamente peor. Al pedir dinero a cambio de la promesa de pasar por alto las hipotéticas deficiencias de las condiciones de seguridad e higiene en obras en construcción, Ladino y sus cómplices daban a entender que no les importaba para nada el hecho de que el año pasado murieran más de 160 albañiles a raíz de la negligencia así supuesta. Por el contrario, aunque la UOCRA ha protestado con vehemencia altisonante en muchas ocasiones contra la actitud de aquellos empresarios que a fin de ahorrar dinero se niegan a tomar todas las precauciones necesarias, a juzgar por la conducta de Ladino, en opinión de ciertos delegados sindicales la muerte de sus "compañeros" tenía la ventaja de permitirles extorsionar mejor. ¿Cuántos piensan de este modo siniestro? En la grabación que fue realizada por las cámaras ocultas del programa televisivo Telenoche Investiga, Ladino y los demás hablaban como si les pareciera perfectamente normal que la UOCRA vendiera la vida de sus afiliados a cambio de aportes ya para "la caja", ya para las fortunas personales de sus dirigentes. Puede que la impresión así brindada fuera totalmente falsa, que sólo fuera cuestión de delitos aberrantes cometidos por un puñado de ovejas descarriadas, pero a menos que la Justicia emprenda una investigación en gran escala, la mayoría seguirá dando por descontado que los jefes del sindicato son mafiosos despiadados a los cuales no les importa en absoluto el bienestar de los trabajadores.

Además de defender con uñas y dientes las "obras sociales" que constituyen una fuente de ingresos tradicional, los sindicalistas nunca dejan de reclamar el derecho a controlar la seguridad en los lugares de trabajo, pretensión a primera vista muy razonable, pero que a juicio de muchos empresarios es sólo un pretexto para buscar "irregularidades" que les permitirían extorsionarlos. Luchar contra esta práctica criminal es muy difícil porque los sindicalistas automáticamente tratan a todo esfuerzo de obligarlos a respetar la ley como un nuevo zarpazo contra "la causa de los trabajadores". Asimismo, nadie ignora que todos los gobiernos temen a los sindicatos -los cuales, como acaban de recordarnos, son perfectamente capaces de paralizar al país en defensa de sus "conquistas"-, de modo que los intentos de investigarlos raramente prosperan. En efecto, de no haberse grabado la entrevista de Ladino con los empresarios de la construcción en la que les aconsejaba "no poner a la UOCRA en contra", la posibilidad de que este caso repugnante llegara a manos de la Justicia hubiera sido virtualmente nula.


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