Máquinas demolieron la casa donde vive un agente penitenciario en la ex U9
Según consta en la denuncia del Servicio Penitenciario Federal y la Defensoría Pública Oficial, cuando se realizaba la demolición, el hombre estaba junto a su hija en su interior. En ese lugar, la Municipalidad realiza obras de parquización que serán inauguradas mañana.
La vivienda que fue demolida. Foto: Yamil Regules.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) denunció que máquinas demolieron de forma ilegal una vivienda situada en la calle Alderete 795, dentro del predio donde funcionaba la Unidad Penitenciaria Número 9.
La demolición se realizó el 9 de septiembre. En ese lugar, la Municipalidad de Neuquén realiza un paseo que serán inaugurados mañana, en el contexto del aniversario de la ciudad.
Según consta en la denuncia: “se violentó la propiedad mediante la vulneración de los alambres de púas existentes entre los paredones de la parte trasera de la vivienda, destruyéndolos completamente, a posteriori, junto con las habitaciones, baño y todos los elementos accesorios al inmueble de la propiedad del S.P.F de manera completamente ilegal”.
La denuncia expresó que en el lugar de los hechos se presentó Fabián García, en representación de la Municipalidad de Neuquén.
La Defensoría Pública Oficial número 2 solicitó a la jueza federal, Carolina Pandolfi el cese de las obras consideradas ilícitas (una demolición es considerada como parte del proceso de una construcción).
El documento de la Defensoría, específica que el jefe del Complejo Penitenciario de Senillosa, Carlos Merino, expresó que personas no autorizadas “habrían roto un candado de ingreso y procedido a demoler -sin autorización alguna- una vivienda que se encuentra en posesión del Servicio Penitenciario Federal”.
En otro párrafo se añade: “El SPF le había adjudicado la tenencia del inmueble demolido a un agente de esa institución como vivienda personal. Así al momento de proceder a la demolición ilegal, el agente se encontraba junto a su hija en el interior de la vivienda”. El texto judicial también especifica que “se dañaron bienes del estado nacional por el accionar ilícito”.
Merino señaló que García es quien estaría encargado de dirigir la demolición.
Según los representantes de la Defensoría, se autorizó únicamente a la parquización del sector extramuros, a la apertura de calles, a su iluminación.
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