Mathov detenido y Santos procesado

El ex jefe de la Policía Federal comisario general Rubén Santos fue procesado con prisión preventiva y un embargo de 2 millones de pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad reiterada, mientras que el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov quedó detenido, confirmaron fuentes judiciales.

La jueza federal Servini de Cubría responsabilizó a Santos como jefe de la fuerza policial que reprimió a los manifestantes después que el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, antes de su renuncia como titular del Poder Ejecutivo Nacional.

El fiscal federal Luis Comparatore se opuso a que se le conceda la excarcelación a Mathov, detenido por su supuesta responsabilidad en la violenta represión del 20 de diciembre en Plaza de Mayo y sus alrededores.

En el dictamen que presentó ante Servini de Cubría, Comparatore recordó que Mathov está implicado en una causa en la que se investigan cinco homicidios, más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad y lesiones leves y graves reiteradas.

A última hora estaba decidido que Mathov fuera trasladado al Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, según fuentes judiciales.

En tanto, la magistrada dictó la «falta de mérito» del ex jefe de Operaciones Metropolitanas, Roberto Gaudiero, por insuficientes pruebas de cargo en su contra, pero lo mantiene vinculado al sumario que instruye con la intervención del secretario Moras Mon.

Santos lamentó el impacto familiar -dijo que ahora no puede pasear con sus hijas- cuando, «visiblemente destrozado», según una fuente judicial, a las 18.30 se notificó de la resolución, tras lo cual fue trasladado al Cuerpo de Policía Montada, donde cumplirá la medida que se le impuso. «Disculpen. Quiero hablar con periodistas, tengo muchas ganas, pero me lo prohibieron», dijo Santos a los acreditados en los tribunales de Comodoro Py, cuando, custodiado por efectivos de la fuerza que encabezó, abandonaba el edificio de los tribunales federales de Retiro.

Por su parte, Mathov se presentó ayer por la mañana ante Servini, que la noche del jueves había dispuesto su detención al hacer lugar a un pedido, en ese sentido, de los fiscales Comparatore y Evers.

La declaración de Mathov, una ampliación de indagatoria, se prolongó hasta la noche porque, aunque sólo se interrogó por nuevos hechos, las respuestas fueron «muy detalladas» y se cuidó «con celo» cómo eran volcadas en el acta que se levantó para dejar constancia de la audiencia.

En muchos pasajes del trámite, Mathov -asistido en la ocasión por el abogado Jorge Valerga Aráoz- se refirió a un escrito que presentó semanas atrás, en el que explicó su conducta cuando se registraron los incidentes que terminaron con la renuncia de De la Rúa.

Servini había accedido a una solicitud de Comparatore y Evers que reclamaba el procesamiento y la prisión preventiva del ex funcionario de De la Rúa. Junto a Santos, también fueron procesados otros ex oficiales de la Policía Federal, que se hallaban detenidos como coautores de los ilícitos denunciados. En el expediente, los fiscales apelaron ayer la «falta de mérito» de tres policías acusados de haber participado en la represión.

De esa manera, los representantes del ministerio público cuestionaron la determinación tomada el lunes por Servini, que benefició a Horacio José Barrios, José María Cayetano Bercovich y Guillermo Daniel Galdame. (Télam)

Citan a directivos del Central

El juez de instrucción Mariano Bergés podría citar a declarar la semana próxima a directivos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de la causa sobre un presunto fraude en perjuicio de ahorristas por la inmovilización de depósitos como consecuencia del denominado «corralito» bancario.

La eventual citación a los funcionarios del Central, sucedería a los allanamientos realizados en esa entidad por orden de Bergés, donde se secuestraron documentos vinculados a la investigación.

En las últimas dos semanas el magistrado allanó sucursales casas matrices de los bancos Sudameris, Galicia, Citibank, BankBoston, Rio y Scotiabank y prohibió la salida del país de 20 directivos.

Tras esas medidas, la investigación apuntó hacia el Central con el objeto de verificar los «movimientos de dinero» de las entidades antes y después de la entrada en vigencia del «corralito» a fin de establecer si algunas de las operaciones violaron o no la seguridad de los depósitos delos ahorristas. (DyN)

La Corte resuelve si abre el «corralito» para que San Luis saque 247 millones

La Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si la Nación debe o no permitir que la provincia de San Luis recupere más de 247 millones de dólares de reservas que tiene atrapados en el «corralito» bancario, según dictaminó el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

Así lo revelaron fuentes allegadas al caso, quienes señalaron que el dictamen de Becerra se conoció siete días después de que la gobernadora María Alicia Lemme y el fiscal del estado puntano, José Samper, presentaran el recurso ante la Corte contra la pesificación de las reservas de San Luis.

El planteo que resolvió Becerra se refiere a que, como el recurso fue presentado por un estado provincial contra la Nación, será la Corte la que con su jurisdicción «originaria y exclusiva» defina el caso, tal como lo prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional.

El alto tribunal debe expedirse sobre esta espinosa cuestión en momentos en que mantiene un enfrentamiento con el poder político, que quiere someter a juicio a los miembros de la Corte.

Mientras en el plano jurídico se espera que posiblemente el tema sea tratado la semana que viene por ministros de la Corte, en el ámbito político esta cuestión fue la que hizo que la gobernadora no firmara el pacto de la administración de Duhalde y las provincias.

La gobernadora sostiene que no firmó el pacto con la Nación porque el gobierno de Duhalde «no se ha preocupado por un tema central, manifestado ya en distintas oportunidades antes del decreto de pesificación» y que obedece a «la garantía de futuro que significa para San Luis, sus reservas».

«Las reservas provinciales no son de nadie en particular sino del pueblo sanluiseño. No las ganamos en la lotería, son fruto del esfuerzo de una administración exitosa», insistió ayer Lemme.

Es que la gobernadora decidió recurrir ante la Corte luego de haber agotado, según indicó, la vía política ante el gobierno nacional. Así, el pasado miércoles 20 de febrero se presentó junto al Fiscal de Estado, donde interpuso un recurso de amparo que evite la pesificación de las reservas que San Luis posee en dólares.