Medios en la mira
Como no pudo ser de otra manera, el allanamiento de la sede del diario porteño «La Nación», que fue ordenado por la archiconocida jueza María Romilda Servini de Cubría en el marco de su investigación de «una operación de lavado de dinero», ha motivado protestas por parte del diario mismo y entidades periodísticas tanto nacionales como internacionales. Aunque ninguna persona sensata supondría que por tratarse de un medio de comunicación importante «La Nación» debería considerarse por encima de la ley, el que según lo que trascendió la decisión de allanar sus oficinas se basara en nada más firme que un artículo que fue publicado el año pasado en un semanario sensacionalista, vinculado con «el banquero menemista» Raúl Moneta, ha sido más que suficiente como para convencer a muchos de que estamos frente a un atropello más contra la libertad de expresión. Desde luego que la idea de que jueces, fracciones políticas y grupos económicos se hayan puesto a intimidar a la prensa mediante acciones judiciales arbitrarias ha estimulado a los atraídos por las teorías conspirativas, razón por la que convendría que la jueza Servini de Cubría, una magistrada que desempeñó un papel estelar en una larga serie de casos notorios de connotaciones políticas evidentes, explicara lo que tenía en mente cuando ordenó el procedimiento. Debería entender que a menos que medidas espectaculares de dicho tipo parezcan plenamente justificadas, podrían contribuir a sembrar la impresión de que en nuestro país el Poder Judicial se ha convertido en un grupo de presión más que, como tantos otros, no se siente cohibido por la ley.
Según ADEPA, «otro juez federal, el de San Martín» también «pretendió, sin lograrlo, dañar la reputación» del diario «Clarín» ordenando la detención de su directora bajo sospecha de haber adoptado ilegalmente hijos de desaparecidos. Puede que no haya habido ninguna conexión entre los dos episodios, pero es natural que el protagonismo de la jueza Servini de Cubría ha servido para hacer sospechar que «La Nación» es blanco de una maniobra emprendida por una fracción deseosa ya de intimidar a un medio que conforme a algunos actúa como el vocero del «establishment», ya de brindar la impresión de que el gobierno del flamante presidente Néstor Kirchner ha iniciado una campaña contra aquellos periodistas que se animaron a criticarlo.
Aunque resultara que la jueza contara con información más digna de crédito que la difundida, no se verían reducidos mucho los perjuicios ya ocasionados por el procedimiento. A menos que los motivos sean evidentes, todo episodio de este tipo propenderá a hacer pensar que grupos vinculados con intereses políticos no se sienten conformes con la libertad de prensa que existe en la mayor parte del país y que por lo tanto están decididos a cercenarla, amenazando, aunque fuera indirectamente y bajo pretextos diversos, a los medios a su entender díscolos que insisten en tomar en serio la «lucha contra la corrupción» y en subrayar la discrepancia entre lo que dicen políticos determinados y lo que efectivamente hacen.
El que «por primera vez en sus intensos 133 años de vida» -como ha señalado el diario mismo en un editorial reciente- , «La Nación» haya sufrido un allanamiento judicial, ocasionó mucha inquietud. De propagarse la idea de que individuos resueltos a manipular la prensa no vacilaran en ensañarse con uno de los diarios más respetados y más influyentes no sólo de la Argentina sino también de toda América Latina, no habría ningún medio en el país que no pudiera ser víctima de atropellos decididamente mayores. Como sabemos muy bien, ya son muchas las provincias en las que dirigentes políticos reacios a rendir cuentas ante la ciudadanía se las han arreglado para asfixiar a diarios independientes locales negándoles publicidad oficial o recurriendo a medidas judiciales con el único objetivo de obligarlos a «colaborar». Si bien hasta ahora los diarios de alcance nacional han sido relativamente inmunes a esta plaga que sigue provocando estragos en buena parte del territorio nacional, de resultar el allanamiento a «La Nación» ser parte de una ofensiva antiperiodística, los más perjudicados serán los medios más pequeños y por lo tanto más vulnerables.
