Megaproblema

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

No puede haber sino preocupación en el gobierno de Jorge Sapag de cara al resultado del referéndum que se realiza hoy en Loncopué, en el que los vecinos definirán en las urnas, en una votación inédita, si aprueban o no una ordenanza municipal para prohibir el desarrollo de un proyecto de explotación minera a gran escala dentro del ejido municipal. El debate ambiental que generó esta consulta y el resultado que se conocerá esta tarde llega en medio de otra discusión de similares características con efectos amplificados: las perforaciones en yacimientos de gas y petróleo con técnicas no convencionales para la extracción de hidrocarburos. El caso de Loncopué es único en la provincia: no hay antecedentes de un llamado a elección para definir, mediante mecanismos de participación directa, sobre el uso del suelo. Los vecinos de la localidad llegan a esta instancia después de transitar un largo proceso que lleva más de cuatro años y que se inició cuando la empresa provincial de minería (Cormine) firmó un contrato con la empresa china Emprendimientos Mineros para la explotación de cobre en el cerro Campana Mahuida. En todos estos años se sucedieron planteos judiciales entre vecinos que se organizaron y la provincia, una batalla que llegó hasta última hora del viernes y que probablemente continúe después de conocerse el resultado de hoy. La nueva batalla legal a la que se llegará si Loncopué le dice que no a la minería se planteará sobre cuestiones formales y de fondo. La convocatoria a esta consulta realizada por el Concejo Deliberante tuvo respaldo mayoritario, un aval que incluyó hasta a los concejales del Movimiento Popular Neuquino, el partido que gobierna el municipio. El llamado se efectuó sobre la ley de municipalidades, pero la Constitución provincial, en su reforma del 2006, introdujo mecanismos de participación semidirecta, que no fueron reglamentados aún, e incorporó la consulta popular no vinculante para definir cuestiones municipales. Alrededor de este nudo normativo girarán las próximas intervenciones en la Justicia. El viernes a la tarde el presidente de Cormine, Martín Irigoyen, anticipó la estrategia de la provincia y dijo que pedirá la nulidad del referéndum y la inconstitucionalidad de la ordenanza. También criticó la consulta el ministro de Desarrollo Social Leandro Bertoya. Dijo que la elección de hoy “va a ser una expresión política que no es vinculante” y sostuvo que los 1.000 empleados públicos que trabajan en Loncopué cobran el sueldo con lo que generan el petróleo y el gas. “Es raro que una localidad que vive de las regalías que se producen en otras ciudades se oponga a la minería”, dijo el viernes el ministro en un restaurante de categoría donde se presentó el plato de comida que identifica a la provincia. Con el obispo Virginio Bressanelli pinchando como un tábano sobre los cuidados ambientales en las industrias extractivas, la opinión de los vecinos de Loncopué agrega una dificultad a Sapag en el debate ya instalado sobre el impacto ambiental. El obispo le pidió al gobierno que informe con detalle qué consecuencias tienen los no convencionales, anunció que la Iglesia está elaborando un informe al respecto y hasta sugirió la idea de que el gobierno convoque a un plebiscito. El gobernador no ha demostrado, hasta ahora, una actitud pedagógica constante sobre los cuidados ambientales. Por el contrario, se transformó en el principal comunicador de las nuevas técnicas utilizadas por las empresas petroleras para sacar los recursos y su gestión gira en buena medida alrededor de la promoción de políticas vinculadas a los hidrocarburos con la expectativa de generar mayores recursos vía regalías. La agenda ambiental tiene otros frentes. Esta semana llegó a la Legislatura el reclamo de una ONG de Villa La Angostura que denunció presiones para modificar la ley de Bosques Nativos para desarrollar emprendimientos inmobiliarios en sitios prohibidos. “Son grupos económicos manejando a los grupos políticos”, describió Silvia Edelstein de la ONG Alerta Angostura, la entidad que llevó la queja ante los legisladores. Inseguridad en la cárcel Parece que las cárceles tampoco son seguras. En la Unidad Penitenciaria Nº 11 asesinaron a Cristian Ibazeta, un preso que fue testigo clave en el juicio para condenar a tres policías por una represión ocurrida dentro de la cárcel en el 2004. Ibazeta fue atacado el 21 de mayo pasado a la noche en su celda, ubicada a 15 metros de la guardia. Los agresores fueron al menos dos y le provocaron lesiones muy graves con arma blanca. El interno agredido murió tres días después, sin poder declarar sobre lo sucedido. Familiares de la víctima y de Zainuco, una organización que se ocupa de los presos y de la situación carcelaria, creen que hubo una zona liberada para atacar a Ibazeta. Pidieron la renuncia del superministro Gabriel Gastaminza, un funcionario que concentra Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. Sobre el funcionario también hay un pedido de interpelación en la Legislatura. En respuesta a este caso, Gastaminza defendió la inocencia policial y afirmó que “la muerte de Cristian sucedió a manos de otros internos”. Para el funcionario, un hombre que hizo carrera primero impulsado por el sobischismo y luego por el actual gobernador, se trató “de un hecho desafortunado”. La muerte de Ibazeta integra una lista de 28 crímenes ocurridos en la provincia en lo que va del año, en la que también figura el asesinato del sargento José Aigo, un caso que sigue impune.