Millonaria estafa al Ipross: investigan a farmacias de Roca y Allen

La denuncia la presentó el propio Colegio de Farmacéuticos. Cinco prestadores están en la mira. El Ministerio Público hizo dos operativos en busca de documentos claves para la causa.



La Justicia rionegrina avanza en la investigación de una megaestafa contra el Ipross, denunciada la semana pasada en los tribunales de Roca.

Según los cálculos iniciales, el perjuicio para el Estado provincial podría ascender hasta los 100 millones de pesos, a partir de maniobras que habrían comenzado hace más de cinco años.

El caso involucra a un grupo de farmacéuticos de Roca y de Allen, y en las últimas horas se realizaron operativos para secuestrar información valiosa para la pesquisa.

Uno de esos procedimientos se concretó en la sede del Colegio que agrupa a esos profesionales y otro fue en el domicilio de una empleada de la entidad, en Allen.

El expediente se abrió con una presentación que hicieron las propias autoridades de la institución, quienes advirtieron irregularidades en la facturación de al menos cinco farmacias -cuatro de Roca y una de Allen- a la obra social del Estado rionegrino.

“Me adelantaron algo desde el colegio y les dije que avancen. No vamos a apañar a nadie, pero no tenemos nada que ver. Los controles los hacen ellos”.

Claudio Di Tella, titular del Ipross, sobre la denuncia.

De acuerdo a lo informado ayer por fuentes judiciales, en el centro de la maniobra está el pago de medicamentos para tratamientos de pacientes con diabetes y epilepsia, que cuentan con cobertura del 100% por parte del Ipross.

La descripción de los hechos indica que la obra social abonó durante un prolongado período remedios que en realidad no llegaron a manos de ningún afiliado.

Recetas “fantasma” y medicamentos agregados en recetas ya validadas por el sistema informático que regula las operaciones entre las farmacias y el Ipross forman parte del nudo de la historia.

Operativos

La causa se abrió el lunes 13, con la presentación de la denuncia, y está a cargo de la fiscal jefa, Teresa Giuffrida y del fiscal Gastón Britos Rubiolo.

Luego de evaluar los datos aportados por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos, desde el Ministerio Público se ordenó una serie de medidas para recabar pruebas.

En ese sentido, el miércoles 15 se allanó la vivienda de una empleada de la entidad, en Allen, en tanto que este lunes 20 se secuestraron computadoras y expedientes en la sede del Colegio, ubicada en la calle Mitre al 900 de Roca.

Desde la comisión directiva de la entidad optaron por no brindar detalles sobre la causa ante “Río Negro”, informando que previamente se volcará toda la información a los asociados durante una asamblea que se realizará en las próximas horas.

Los controles antes de pagar, otra vez bajo la lupa

Los controles que realiza el Ipross a sus prestadores vuelven a quedar en el centro de la escena, porque no es la primera vez que la Justicia investiga un presunto fraude a la obra social.

En la década pasada hubo una causa que también involucró a farmacéuticos de Roca y este año terminó de juzgarse a exautoridades de la obra social y directivos de la Federación de Clínicas, acusados de perjudicar al erario público a partir de la compra de medicamentos para pacientes oncológicos.

El actual presidente del Ipross, Claudio Di Tella, dijo ayer a “Río Negro” que en este caso “no tenemos nada que ver” porque “los responsables de controlar la facturación son ellos”.

Aludió así al convenio firmado en el 2011, que asignó la responsabilidad de auditoría al Colegio de Farmacéuticos.

Di Tella explicó que luego de esa revisión inicial de la entidad, la obra social recibe las recetas a caja cerrada y se hacen muestreos de control, porque es imposible verificar receta por receta.

De todas maneras, adelantó que a partir del próximo convenio, que se pondrá en marcha en poco tiempo, el validador lo manejará el Ipross.

La magnitud del caso

100
millones podría haber perdido el Estado provincial con las maniobras, de acuerdo a los datos de fuentes judiciales.

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