Muerte del bebé: cuestionan como querellante a una entidad bonaerense

La fiscalía aceptó que una organización civil de la provincia de Buenos Aires intervenga en la causa. La defensa oficial de la madre sospechada pidió la nulidad de esa decisión.



La fiscal Betiana Cendón junto a Martín Lozada y Marcos Sosa Lukman (fiscal adjunto).  (Archivo)

La fiscal Betiana Cendón junto a Martín Lozada y Marcos Sosa Lukman (fiscal adjunto). (Archivo)

La fiscal Betiana Cendón aceptó como querellante a una organización civil de San Isidro, Buenos Aires, para que intervenga en la causa por el homicidio de un recién nacido. Se trata del Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores (Epamm) que tiene varios años de trabajo en el tema.

Sin embargo, la defensa oficial de la madre del bebé rechazó esa decisión. Por eso, pidió una audiencia para plantear la nulidad de la resolución fiscal que permitió actuar como querellante a esa organización.

Así lo informaron fuentes que siguen de cerca el caso. Indicaron que la Oficina Judicial citó para mañana a las 11 a los fiscales Betiana Cendón y Martín Lozada, al defensor oficial Marcos Cicciarelo y al abogado Slavko Jankovic , como patrocinante de la organización aceptada como querellante.

La defensa impugnará en la audiencia a la organización Epamm para que actúe como querellante en la causa que tiene a una joven sospechada de haber causado la muerte de su bebé recién nacido.

Las fuentes revelaron que el Epamm invocó el artículo 55, segundo párrafo, del Código Procesal Penal, para actuar como querellante en la causa. Esa norma indica: “Las entidades del sector público podrán ser querellantes, como así también toda organización que acredite un interés legítimo en el caso y éste se relacione con su objeto institucional”.

Tras la aceptación como querellantes, el apoderado legal de la organización presentó una impugnación contra la resolución de la jueza de garantías Romina Martini, que rechazó la formulación de cargos que la fiscalía había presentado contra la madre del recién nacido.

La fiscalía había imputado a la madre, de 18 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía. El defensor oficial había pedido la nulidad.

Martini rechazó el 24 de mayo pasado la imputación porque advirtió serias irregularidades en el trabajo de la fiscalía para la recolección de pruebas.
Para la jueza de garantías, la fiscalía vulneró derechos constitucionales al allanar un domicilio sin la orden judicial correspondiente y haber obtenido una declaración de la madre sospechada sin la presencia de un defensor.

La fiscalía cuestionó la decisión de Martini porque advirtió que le impidió habilitar la investigación para esclarecer el crimen del bebé, que ocurrió la tarde del 12 de mayo último.

El informe de la autopsia estableció que el recién nacido murió asfixiado por ahorcamiento y además presentaba 10 heridas de arma blanca.

La investigación preliminar comenzó la tarde del 14 de mayo pasado a partir de que la joven asistió a un control ginecológico, donde advirtieron que presentaba una hemorragia vinculada con un parto.

La joven negó haber protagonizado un parto reciente hasta que relató lo que había sucedido a una empleada policial. La fiscalía y la Policía salieron en búsqueda de un recién nacido que hallaron sin vida horas después, en el domicilio de la joven sospechada.

El hallazgo del cuerpo disparó la detención de la joven y de su pareja, que si bien no fue acusado por la fiscalía, sigue vinculado a la causa. Todas esas diligencias fueron anuladas por Martini.

“Considero que ante la urgencia por hallar al bebé la investigación no pudo ver ni considerar el respeto por los derechos fundamentales de la mujer que se había visto obligada, por su propio estado de salud, a exponerse a la criminalización”, afirmó.

“Menos aún pudieron tener en cuenta el contexto en el cual se encontraba inmersa esta joven de 18 años signado por la vulnerabilidad, en estado puerperal y emocionalmente en riesgo”, afirmó Martini.

Cendón y el fiscal jefe Martín Lozada impugnaron el fallo de Martini, que un juez revisará en una audiencia convocada para el 2 de julio, anticiparon las fuentes consultadas.

La organización Epamm quiere intervenir en esa audiencia del 2 de julio, pero depende de que la dejen seguir como querellante en la audiencia de mañana, que estará a cargo de Martini.

Quién es Epamm

El Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores (EPAMM) es una organización civil que trabaja hace unos 20 años “con el objetivo esencial de prevenir el abuso sexual infantil como también todo otro tipo de maltrato que pudiere afectar a los niños desde su primer día de vida”. En la entidad participan profesionales de varias disciplinas.

Fuentes que conocen la causa judicial señalaron ayer que integrantes del Epamm tienen vinculación directa con la Iglesia Católica.

Desde la otra vereda sostuvieron que es posible que existan esos vínculos, aunque plantearon que “eso no tiene nada que ver con el asunto” de fondo. Explicaron que la organización “pide una nulidad” de una resolución judicial que consideran injusta.


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