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A Bariloche le cuesta más de 100 millones de pesos por mes la electricidad en las tomas

Las conexiones en los barrios irregulares dependen desde hace años de tableros comunitarios que, convenio mediante, son facturados al municipio, mientras su reemplazo por medidores individuales se demora sin plazo.

Por los consumos eléctricos en las tomas de tierra y barrios en vías de regularización el municipio de Bariloche debe cargar desde hace años con abultadas facturas de la CEB -que en la actualidad superan largamente los 115 millones de pesos mensuales- y carece de un mecanismo de recupero para cobrarle ese dinero a los beneficiarios.

En la práctica, ese mecanismo agrava la estrechez presupuestaria del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y le resta recursos a las políticas habitacionales.

Los llamados “tableros comunitarios” debutaron hace más de 15 años por un acuerdo entre la Cooperativa y el entonces intendente Marcelo Cascón para ordenar las conexiones clandestinas y la proliferación de “colgados” a la red. Pero lejos de ser una solución “provisoria”, no pararon de crecer.

En la actualidad la mayor parte de esos medidores colectivos se encuentran en la antigua toma Nahuel Hue-Malvinas (ya regularizada), en el barrio 29 de Septiembre, en Alun Ruca y unos pocos en Vivero Municipal. En total son unas 1.500 familias las que cuentan con servicio eléctrico por esta vía. El municipio tiene más pedidos, pero se resiste a extender ese sistema.

En el barrrio 29 de Septiembre, en vías de regularización, también los consumos eléctricos son abonados por el municipio. (archivo)

El IMTV recibió en mayo de la CEB una decena de facturas correspondientes a barrios que reciben suministro eléctrico pero donde no hay medidores individuales y que en conjunto sumaron 112.343.000 pesos. Esos montos son imputados a la partida presupuestaria del Instituto, como ocurre regularmente, a pesar de que se trata de un organismo autónomo, cuyos directivos intentaron derivar los pagos a la cuenta general del municipio hasta ahora sin éxito.

Una rápido cruce entre esa cifra y el número de asistidos que declara el IMTV da cuenta de que cada usuario individual registra consumos mensuales por unos 75.000 pesos.

El director del Instituto Tomás Guevara subrayó que los acuerdos para el abastecimiento en esos barrios mediante una red que saltea los pilares individuales fue algo “transitorio” y más de una vez han solicitado ya a la CEB que los dé de baja y regularice las conexiones casa por casa. Pero no lograron avance alguno.

El caso más notorio es el de Nahuel Hue, una antigua toma que desde hace años tiene ya su parcelamiento definido, con sus calles en regla y el tendido eléctrico apto para la colocación de medidores. Pero todavía mantiene media docena de tableros cuyos consumos paga el municipio, mientras los vecinos reciben la energía en forma gratuita.

Guevara dijo que incluso hay pequeños comercios abastecidos de ese modo, y las familias suelen tener calefacción y varios artefactos eléctricos que distorsionan los promedios de consumo, y que en parte explican lo abultado de las facturas.

Más perpetuo que provisorio

Guevara señaló que la CEB no tiene voluntad alguna de alterar ese esquema y que invoca el convenio original de 2008 por el cual el municipio se obligaba a los pagos, sin plazos, cuya copia “nunca aportó”.

En el diferendo también interviene el EPRE, como tercera parte junto a la CEB y el municipio Hace años en organismo provincial comenzó a intimar a la CEB para que implemente en etapas la regularización eléctrica de Nahuel Hue, pero los resultados fueron escasos.

Hubo un profuso cruce de notas en el que la Cooperativa se excusó por las demoras y las atribuyó a la falta de un relevamiento social y parcelario que correspondería al municipio. En uno de esos escritos el titular de la CEB Carlos Aristegui aportó cifras sobre “la tasa de fracaso por desconexión del punto de suministro regular” y lo atribuyó a “la falta de políticas públicas que garanticen una tarifa eléctrica accesible”.

Dijo allí que las familias “en estado de vulnerabilidad social” rehúyen de los pilares con medidor propio y del pago regular de las facturas, al punto de que en ese momento “solo el 22%” de los usuarios conectados mantenía su regularidad. El otro 78% se desconectó para recuperar la conexión irregular.

Subrayó que para ese universo de usuarios “la política tarifaria es expulsiva del sistema”. Todo esto en 2022, mucho antes de los últimos aumentos derivado de la desaparición de los subsidios.

Consultado ahora por este medio, Aristegui admitió que es un tema pendiente de solución, dijo que comenzaron a abordarlo en una reunión reciente con el delegado del municipio ante la CEB, Hugo Castañón, y desmintió que la prestadora eléctrica esté “cómoda” con la continuidad sin plazo de los tableros comunitarios en los barrios marginales.

“No nos gusta este sistema y estamos interesados en solucionarlo -dijo Aristegui-. Los medidores individuales son el deber ser, pero no se puede hacer de un día para el otro, porque hay una cultura detrás. Hay que trabajarlo desde el punto de vista de la Educación, y en esto tiene un papel muy claro el municipio”.

Desacuerdos sin solución

El EPRE exigió más de una vez a la CEB que regularice las conexiones en Nahuel Hue y en algunas de sus respuestas la distribuidora recordó que los acuerdos con el municipio surgieron por las condiciones de “marginalidad” dominantes en el barrio y los “incidentes violentos” que ocurrieron cuando el personal de la CEB intentó retirar las líneas clandestinas.

Por esa razón, subrayó que todo el plan de regularización debía estar precedido de “políticas sociales” que incluyan relevamientos de vivienda y de consumo, con detalle de los artefactos eléctricos por vivienda, y un “plan de contención” de los vecinos involucrados, de lo cual responsabilizó al municipio. “Esas gestiones lamentablemente fracasaron, ningún plan tuvo éxito a la fecha”, sostuvo la CEB en su intercambio con el organismo regulador.

Desde el Instituto insisten en que la CEB no tiene un interés de fondo en alterar la actual situación, a pesar de que el acuerdo marco de abastecimiento por tableros “para asentamientos y barrios carenciados” desde su mismo título incluye la palabra “transitorio”.

Guevara reconoció que “hay algo de eso”, ante una pregunta sobre el componente “cultural” que señalan desde la CEB entre los obstáculos que impiden generalizar la instalación de los pilares individuales.

Dijo que el IMTV está atado al pago de esos consumos colectivos -que la CEB factura y “compensa” periódicamente con las tasas municipales- y no puede trasladarlos a las familias beneficiarias porque en ese caso funcionaría como “distribuidor eléctrico” y lo tiene vedado. Además le correrían obligaciones en torno a la seguridad.

Aun así el Instituto contrata y paga regularmente a un electricista matriculado para que se ocupe del control y mantenimiento de esas instalaciones.

Más pedidos, rechazados

Guevara dijo que el procedimiento dejó de ser virtuoso. El municipio recibió pedidos de otras tomas y asentamientos para acceder a tableros comunitarios pero se negó, para no engrosar el costo que ya le resulta pesado de sostener. La consecuencia es la multiplicación de “colgados”.

El referente del Instituto dijo que mantener la actual irregularidad es malo para todos, porque la CEB se desentiende de la calidad del servicio. “La gente sufre cortes, se le rompen electrodomésticos, y no tiene a quién reclamar”, afirmó.

También admitió que reconvertir el régimen de tableros comunitarios e incorporar los usuarios como clientes con factura propia “es una cuestión de tarifa social”.

Guevara dijo que Nahuel Hue y Malvinas (donde hay unas 700 familias) ya tienen su electrificación completa y hace tiempo están en condiciones de prescindir de los tableros, que la CEB sigue sin erradicar. En Alun Ruca (400 parcelas) la obra está en marcha, con fecha de terminación para antes de fin de año. Y el Instituto tiene en proyecto también la electrificación del 29 de Septiembre (otras 400 familias) aunque por ahora sin financiación asegurada.

Guevara dijo que la baja de los tableros le permitiría al Instituto redireccionar esos recursos (a razón de 1.300 millones de pesos por año) para ejecutar por ejemplo la obra pendiente del 29 de Septiembre y otros proyectos postergados como la apertura de calles e infraestructura básica en un nuevo plan de 128 nuevos lotes ubicados al este de la ciudad. “Pero por ahora es imposible, porque tenemos que comprometer presupuesto en esto, que es tan ineficiente”, se lamentó.


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