La «letra chica» de la declaración de emergencia económica en Cipolletti

La ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante le otorga facultades al Ejecutivo para cortar contratos de forma unilateral, entre otras. Habrá un exhaustivo control sobre el uso de los vehículos públicos.

La declaración de emergencia económica, financiera y fiscal en la municipalidad de Cipolletti otorga una serie de facultades al Poder Ejecutivo para ajustar el gasto público, incluso con el recorte de contratos sin previo aviso. La “letra chica” de la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante despertó preocupación en los gremios que ya solicitaron una reunión con el intendente Rodrigo Buteler para discutir algunos alcances que tiene para los empleados municipales.

Buteler llegó al municipio en un contexto de grave crisis financiera y su primera tarea fue iniciar un ajuste y recorte del gasto público. Además de reducir un 40% la planta política y disminuir la cantidad de secretarias, envió al Concejo Deliberante el proyecto de emergencia que se aprobó en la última semana del año pasado.


El propósito de la normativa es “mitigar” la crisis financiara es impulsar el desarrollo de políticas, estrategias y programas públicos “con el fin de reorganizar la situación actual y fomentar una administración eficaz y ordenada”.


El primer trabajo del Ejecutivo será realizar una auditoria exhaustiva de la implementación de la normativa con un balance a mitad de año para evaluar resultados. La ley municipal rige por un año, pero es prorrogable a 12 meses más automáticamente si así lo dispone el Ejecutivo.


Será tarea del intendente contener el gasto público a fin de garantizar las prestaciones de servicio esenciales. Una de las primeras informaciones que surgieron del gabinete fue poner en duda el pago del aguinaldo, que finalmente se concretó y generó las primeras rispideces entre Buteler el exintendente Claudio Di Tella.


Uno de los puntos más controvertidos es la facultad para recisión prórroga o renegociar contratos “sean de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública, de consultoría y/o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad al 9 de diciembre de 2023, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte la Municipalidad de Cipolletti”. También habrá un férreo control en la utilización de los vehículos públicos.


El municipio será más riguroso con los ciudadanos con deudas impagas. Es que una de las recomendaciones de la ordenanza es promover la ejecución fiscal de las deudas municipales. “Realizar una revisión exhaustiva de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria, a fin de asegurar que las mismas sean justas y razonables “, además de limitar los gastos de las partidas de publicidad y propaganda, “salvo aquellas que tengan por objeto difundir y comunicar los actos de gobierno que involucren el interés general”.


La normativa también prevé suspender por el término de 180 ochenta días contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza, el otorgamiento de subsidios, subvenciones, aportes y contribuciones no reintegrables. “Se dispone la suspensión de los viáticos de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, a excepción de los autorizados por Resolución del Intendente Municipal”. Otra puerta que se abre son los sistemas de retiro voluntario para los empleados municipales, una práctica muy común en los noventa.


Esta semana podría concretarse la reunión entre el Ejecutivo y los gremios para discutir los alcances de la normativa a los empleados municipales. El secretario general de Soyem, Marcelino Jara, envió la semana pasada una nota al intendente tras darse a conocer los detalles de la ordenanza municipal. Hay preocupación porque uno de los artículos prevé el cambio de horarios y tareas de forma unilateral.


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