Transporte público: rechazo al aumento del boleto en la audiencia pública en Bariloche
La propuesta fue rechazada de plano por todos los expositores, que participaron en su condición de usuarios o de representantes de organizaciones vecinales y de partidos políticos. Pasaría a costar 319 pesos la tarifa plana.
El boleto en Bariloche pasará de 320 a 980 pesos, pero con un subsidio a los residentes, que pagarán menos. Archivo
El gerente de la empresa Mi Bus, Juan Pablo Follonier, abrió hoy la audiencia pública sobre el boleto del transporte urbano con una escueta defensa técnica de la solicitud presentada en septiembre por la concesionaria, que llevaría la tarifa plana a 319 pesos, cuando el valor actual es de 158 pesos.
La propuesta fue rechazada de plano por todos los expositores, que participaron en su condición de usuarios o de representantes de organizaciones vecinales y de partidos políticos. Aseguraron que una tarifa de ese valor sería impagable, que el aumento interanual al que aspira Mi Bus supera la inflación y también descargaron severas críticas sobre la calidad del servicio.
Follonier dijo que la empresa funciona hoy con 90 colectivos de los cuales solo 75 están operativos. Señaló que 30 de las unidades tienen una antigüedad superior a los 10 años, algo que originalmente estaba vedado por contrato, pero que el municipio flexibilizó.
El gerente definió los 319,72 pesos solicitados como una “tarifa técnica”, que surge de cruzar los 6,5 millones de kilómetros recorridos por año para brindar el servicio en todo Bariloche con la estimación de 13,5 millones de pasajeros transportados, de los cuales el 50% paga la tarifa plena y el resto recibe alguna clase de subsidio, incluidos los estudiantes que viajan gratis.
Sostuvo que el costo total de prestación anual es de 4.700 millones de pesos, y que 2.500 millones se destinan al pago de salarios. La empresa recibe subsidios de Nación, la provincia y el municipio por 1.650 millones de pesos.
El informe fue criticado por superficial e incompleto. Cuando le tocó el turno, Concepción Mohana -economista e integrante de la Multisectorial del Transporte- dijo que la “fórmula polinómica” prevista en el contrato para medir los costos de prestación es “limitada”, subrayó que “la tarifa es social” y recordó que el Estado debe asumir su rol de regulador.
Señaló que la información disponible para los oradores anotados era “insuficiente” porque el expediente ofrecido en Tránsito no detalla por ejemplo el costo de patentes y seguros de cada una de las unidades. “¿De dónde salen los números?”, se preguntó.
Al igual que audiencias anteriores, otros miembros de la Multisectorial como Elena Florin y Facundo Britos pidieron “que se abran los libros contables de la empresa” para conocer sus costos e ingresos reales.
La mayor parte de los asistentes se presentó solo a escuchar y solo once intervinieron como oradores. Pero la postura unánime fue de abierta confrontación con reclamo de aumento que impulsa Mi Bus “y también con el gobierno municipal”, a quien varios calificaron como socio de la empresa.
Mohana cerró su intervención con un decidido rechazo a la suba del boleto, también pidió la apertura de los libros y criticó al Ejecutivo municipal porque “no hay fiscalización ni control” sobre los colectivos.
Una joven que se presentó como residente en el kilómetro 20 y usuaria del servicio. Ana Kergarabian, dijo que Mi Bus “funciona mal” y que es común ver mujeres y niños parados. Subrayó que “es imposible pagar la tarifa” pretendida por la concesionaria.
También intervino como expositor el concejal electo por Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten, quien dijo que decidió presentarse “para denunciar la degradación del transporte urbano” en Bariloche. Aseguró que hay colectivos que circulan sin revisión técnica (lo cual fue desmentido luego por Follonier) y también que no cumplen con la obligación legal de tener rampas para personas con discapacidad.
Señaló que la empresa presta el servicio “con unidades viejas, en connivencia con el intendente Gennuso” y dijo que Mi Bus “hizo un gran negocio financiero” al ingresar a la concesión en 2016 con un capital mínimo y comprar las unidades cero kilómetro en leasing con los ingresos que le garantizaba el contrato, para luego llevarse muchos de esos colectivos de la ciudad y reemplazarlos por otros más viejos.
“Gennuso defiende a la empresa violentando su función. Y el municipio libera la zona, no controla, es una vergüenza”, se quejó el futuro concejal.
Transporte público: “Una tarifa justa y proporcional”
Expuso también la Defensora del Pueblo Analía Woloszczuk, quien dijo hablar en nombre de los usuarios que esperan “un servicio eficiente y de calidad”. Puso el foco en la metodología para calcular la tarifa y dijo que el esquema de subsidios nacionales, que perjudica a Bariloche, podría impugnarse con más efectividad “si existiera un Defensor del Pueblo de la Nación”. El cargo está vacante desde hace más de una década.
“Instamos (al Ejecutivo) a evaluar con detenimiento el pedido de la empresa” dijo Woloszczuk y reclamó “una tarifa proporcional, justa y razonada”.
También se expresaron otros vecinos como Vilma Castangetto, Robert Cooper y Gloria Moreno, quienes refirieron las dificultades que encuentran a diario para viajar por la falta de frecuencias, porque los colectivos pasan llenos y el mal estado de las unidades. Todos se pronunciaron en contra del aumento.
La audiencia se realizó en la sala de Prensa del Centro Cívico, donde los participantes habían colgado numerosos carteles para declarar el rechazo al aumento tarifario, para pedir “colectivos en buen estado, y también “más frecuencias nocturnas”.
Críticas a la metodología de las audiencias
Varios de los oradores, que son habituales participantes de las audiencias públicas obligatorias por tarifa del transporte (se realizan una o dos por año), subrayaron que la concurrencia es cada vez menor porque las voces que allí se expresan “no son escuchadas”.
Vilma Castagnetto dijo que el desinterés no se debe a que la gente esté conforme con el transporte sino “al descrédito que este gobierno municipal creó sobre las audiencias públicas”. Dijo que los participantes, ella entre otros, nunca reciben los informes posteriores como marca la reglamentación, en los que la autoridad convocante debe decir qué parte de las ponencias se incorporaron y justificar las que se rechazaron.
“No hemos recibido respuesta cada vez que hemos argumentado, lo cual tornaba nulas las audiencias y nulos los aumentos que se aplicaron”, subrayó.
Aunque no estaba en el orden del día, la audiencia de hoy terminó con una virtual interpelación a la vicejefa de Gabinete Gabriela Rosemberg, quien además preside la comisión de segumiento del Transporte, por la supuesta liviandad de los controles a Mi Bus.
Rosemberg reconoció que la estructura es insuficiente, que necesitarían más inspectores, y aseguró que armaron un nuevo equipo e intensificaron los operativos en los últimos tres meses, lo cual derivó en “quejas de la empresa”.
Habló también de las dificultades para lograr reformas y un mayor financiamiento para el sistema por proyectos que nunca fueron aprobados en el Concejo.
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