Narcos en la mira
Tendrá razón el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado católico, Jorge Lozano, cuando dice que las bandas de narcotraficantes no podrían instalarse en el país “sin el visto bueno, sea por coima o por extorsión, de algunos funcionarios de algunos poderes ejecutivos locales”. Sin embargo, parecería que identificarlos, para después obligarlos a rendir cuentas ante la Justicia para que reciban un castigo que disuadiría a los tentados a emularlos, es virtualmente imposible ya que, por motivos de solidaridad partidaria, ideológica o corporativa, con escasas excepciones serán protegidos por otros miembros de la clase política nacional. Así, pues, aunque últimamente funcionarios como el secretario de Seguridad Sergio Berni, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y otros han reaccionado frente a las presiones provenientes de la Corte Suprema y el Episcopado dando a entender que ellos sí son plenamente conscientes de la gravedad del problema y por lo tanto están dispuestos a tomar medidas draconianas en un esfuerzo por atenuarlo, como disparar misiles contra aviones no identificados a fin de derribarlos, hasta ahora sólo se trata de palabras. Que éste sea el caso podría justificarse si la amenaza planteada por el narcotráfico fuera una novedad imprevista que acababa de surgir, pero sucede que no lo es. Por el contrario, la transformación de la Argentina de un “país de tránsito” en uno de consumo creciente ha sido un tema supuestamente prioritario desde antes del inicio de “la década ganada”. Mientras que miembros del gobierno nacional son reacios a avalar una “ley de derribos”, ya que, como explicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, “significaría pena de muerte sin juicio previo, varios líderes opositores están reclamándola. Dadas las circunstancias, las dudas oficiales son legítimas. Aun cuando el país contara con medios tecnológicos lo bastante eficaces como para permitirle distinguir entre aviones repletos de drogas y otros meramente despistados, podrían cometerse muchos errores fatales, como ya ha ocurrido en otras partes de América Latina. Por cierto, puesto que, según se ha denunciado centenares de veces, el sistema de radares existente es penosamente rudimentario, de suerte que nadie controla las zonas fronterizas, de aplicarse una eventual ley de derribos no tardarían en producirse malentendidos luctuosos. De todos modos, se trata de una tarea que sería apropiada para la Fuerza Aérea, pero de resultas de la política antimilitar del gobierno kirchnerista no está en condiciones de emprenderla. Tampoco serían capaces de hacer mucho Gendarmería, la Policía Federal o las provinciales. El estado de indefensión así supuesto es una consecuencia lógica de muchos años de populismo facilista. La falta de institucionalidad se ha hecho sentir no sólo en el terreno político sino también en todo lo relacionado con el funcionamiento de los organismos públicos, entre ellos los encargados de la seguridad. Para superar con éxito el desafío planteado por la expansión muy rápida de las bandas de narcotraficantes, sería necesario mejorar mucho el desempeño de la Justicia, la Policía, los servicios de inteligencia y, mal que les pesara a los decididos a perpetuar los conflictos de más de treinta años atrás, las Fuerzas Armadas. Asimismo, hasta que se entienda que la corrupción no es algo folclórico, para no decir simpático, vinculado de alguna manera con la idiosincrasia nacional, sino un fenómeno parasitario que ha debilitado enormemente el país, haciéndolo más vulnerable a un sinnúmero de lacras sociales, entre ellas la drogadicción que está provocando estragos en muchos sectores de la población, no habrá forma de frenar el avance del narcotráfico. Como debería habernos enseñado la experiencia de los países vecinos, los mercaderes de la droga son expertos consumados en aprovechar las debilidades de sociedades en las que la corrupción consentida es endémica; lo hacen comprando voluntades, extorsionando y manipulando a personajes que anteponen su presunta lealtad a agrupaciones políticas determinadas al bienestar común. Por ser la Argentina un país en que la consigna “roban pero hacen” dista de ser una humorada cínica, ha resultado ser una presa fácil de delincuentes que disponen de recursos financieros superiores a los de casi todos los gobiernos provinciales.
