Negocio familiar

Aunque la Justicia se ha acercado al núcleo menemista, pocos creerán que pueda avanzar.



Desde el día en que Carlos Menem inició su prolongada gestión, muchos han dado por descontado que aprovechó su posición privilegiada para convertirse en uno de los hombres más ricos del país con la ayuda de personajes como el fallecido Alfredo Yabrán, el traficante sirio Monzer al Kassar y, claro está, su ahora ex cuñado Emir Yoma, todos los cuales proceden de familias oriundas de la misma zona de Siria, pormenor que, demás está decirlo, ha estimulado la especulación en torno a la existencia teórica de pactos mafiosos. He aquí el motivo por el cual la detención de Emir Yoma por orden del juez Jorge Urso ha provocado tanto revuelo. De haberse tratado sólo de un empresario riojano movedizo, su destino no interesaría a nadie salvo a él mismo, sus allegados y sus socios, pero por ser cuestión de un integrante del círculo íntimo de un ex presidente presuntamente corrupto se da la expectativa de que por fin la Justicia logre penetrar en el hipotético imperio financiero creado por los menemistas.

La causa del tráfico de armas tiene dos facetas. Una, que en principio es la más importante pero que en realidad es secundaria, tiene que ver con la venta ilegal de armas a dos países en guerra, Croacia y Ecuador. Como es notorio, operativos de este tipo son frecuentes en el mundo actual y todos los países significantes, sin excepción alguna, participan en ellos, de suerte que es poco probable que la eventual confirmación de que las autoridades argentinas han respaldado a los croatas, los cuales se destacan de sus vecinos por su fervor católico, contra sus enemigos serbios incida demasiado en el prestigio nacional. Asimismo, es por lo menos plausible que en estas ocasiones la Argentina haya disfrutado de la aprobación de los Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, sobre todo de Alemania, que, por razones propias habrán querido ayudar a los croatas. En cuanto a las ventas de armas al Ecuador, las revelaciones sí han perjudicado nuestra relación con un aliado tradicional, el Perú, pero puesto que según se informa las armas eran de calidad inferior, el negocio no parece haber contribuido mucho a fortalecer al enemigo coyuntural.

En cambio, la otra faceta, la vinculada con la posibilidad de que el operativo haya servido para aumentar todavía más las grandes cantidades de dinero que, se supone, se han visto trasladadas desde la esfera pública a las arcas privadas de Yoma y de su ex cuñado, no podría minimizarse aludiendo a juegos diplomáticos y geopolíticos complicados. De estar en lo cierto los convencidos de que Menem y sus cómplices consiguieron convertirse en multimillonarios gracias al poder político del jefe del clan, la aclaración de este caso permitiría la puesta en marcha de un esfuerzo auténtico por “luchar contra la corrupción” con algo más que los sermones moralizadores rutinarios que suelen formular los dirigentes políticos. Igualmente impactante sería el eventual descubrimiento de que los centenares de millones de dólares que presuntamente conformaron la comisión – léase, coima – que habría recibido Emir Yoma fueron utilizados para financiar las actividades proselitistas del Partido Justicialista.

Con todo, aunque la Justicia se ha acercado al núcleo menemista – es decir, al propio ex presidente Menem -, pocos creerán que pueda avanzar mucho más. Si bien Menem no cuenta con las armas decisivas que estaba en condiciones de esgrimir mientras encabezaba el gobierno, sigue siendo una pieza significante en el tablero político nacional de manera que atacarlo podría resultar contraproducente. Para colmo, entre las figuras formalmente involucradas en este caso de tráfico de armas están no sólo el entonces canciller Guido Di Tella sino también el ministro de Economía Domingo Cavallo. Como es natural, los menemistas harán cuanto puedan por exagerar el papel desempeñado por este último, a sabiendas de que tanto el gobierno aliancista como buena parte del país procurarán defenderlo. Una vez más, es una cuestión de responsabilidades tal como las define la Constitución, tema que siempre ha suministrado a abogados agresivos y a políticos intrigantes una fuente inagotable de materia para poner en apuros a cualquiera que haya ocupado puestos jerárquicos en cualquier gobierno.


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