No irían a prisión en la causa sobreprecios por medicamentos
Recibirían penas leves la ex ministra de Salud rionegrina y los medicos acusados por distribuirse los fondos originados por los sobreprecios que pagaba el Ipross. Presentaron los alegatos.
La exministra de salud de Río Negro, Adriana Gutiérrez, acusada en el juicio por el cobro de sobreprecios de medicamentos oncológicos y prótesis al Ipross durante la gestión del radical Miguel Saiz, no iría prisión si la justicia confirma la solicitud de tres años en suspenso que pidió el fiscal jefe Andrés Nelli.
La ex funcionaria está acusada de ‘fraude a la administración pública por manejos fraudulentos”.
La pena sería de ejecución condicional, y solo tendría que cumplir reglas de conducta.
Los insumos médicos se adquirían a través de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Río Negro (Feclir).
El fiscal pidió la absolución de Héctor Tasat, directivo de Feclir y a la vez vocal del Ipross por esos años. En la causa está acusado de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, pero según Nelli, “participó de las negociaciones, pero no firmó los contratos” sospechados de fraudulentos.
“Feclir es representado por su presidente y no por sus vocales, Héctor Tasat era un socio más”, expuso.
En cuanto a la ex ministra Gutiérrez, que también ejercía la titularidad en el Ipross cuando se produjo el supuesto fraude, señaló que durante su gestión se firmaron “los dos contratos entre la Federación de Clínicas, la mutual rionegrina, “Corporación Atlantis” y “Droguería Eleón” para la provisión de medicamentos y prótesis varias”.
Manifestó que Ipross no hizo ningún control previo de los contratos ni de las empresas involucradas, “recayendo en la ella toda la responsabilidad. No se consultó a fabricantes, ni a droguerías, ni al Colegio de Farmacéuticos. Sólo se sentaron, discutieron el contrato y se firmaron, sin haber realizado una licitación pública ni concurso de precios”.
El representante del Ministerio Público dijo que “las empresas que se contrataron para los insumos eran desconocidas, no estaban inscriptas en ningún registro de proveedores, ni contaban con historial en la AFIP, eran empresas fantasmas”.
Además de los tres años de prisión en suspenso, el fiscal solicitó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
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