Ocupaciones de tierra urbana avanzan sin solución en Bariloche

Un antiguo dilema que atraviesa las políticas habitacionales desde siempre es cómo ordenar desde una gestión de gobierno la demanda de terrenos y de viviendas por parte de quienes no tienen donde vivir, cómo identificar los casos más urgentes y cómo asignar prioridades.

Y si ese cometido ya resulta difícil, se torna directamente imposible cuando no existe un plan claro y verificable, y cuando todo el procedimiento en un tema tan sensible se maneja sin transparencia.

La expansión urbana de Bariloche en los últimos 30 años estuvo marcada en buena medida por las ocupaciones improvisadas y los respectivos (y tardíos) planes de regularización, a los que siguieron luego nuevas ocupaciones. De esa forma nacieron, por ejemplo, barrios ya consolidados como Virgen Misionera, Villa Llanquihue, Nahuel Hue, la barda del Ñireco, el barrio Inta y experimentos como las 34 Hectáreas (hoy barrios 2 de Abril y Unión), generadas por el municipio en los años 90 para trasladar a buena parte de las tomas que existían en la ciudad.

También se promovieron mega loteos como Valle Azul y Altos del Este para otorgar parcelas a distintos consorcios y cooperativas en las que se anotaron cientos de familias ávidas de acceder al terreno propio.

Pero las tomas nunca dejaron de rebrotar en cada nueva crisis, es decir casi todo el tiempo. Porque además el tren del Estado no ha logrado nunca romper una constante, la de llegar tarde. Y también porque la generación de suelo urbano y la construcción de viviendas sociales nunca alcanza siquiera a empatar con la incorporación de nuevos demandantes, cuando haría falta que le gane a ese número, durante varios años, si hubiera un intento serio de resolver el déficit.

Si el problema no para de crecer es también porque el precio de la tierra -al calor de la especulación inmobiliaria- se torna inaccesible para sectores cada vez más amplios de la población.

 Motivaciones

Sebastián Miranda se sumó hace pocos días con su familia a la toma de la llamada “Manzana 287”, en el ingreso al barrio 2 de Abril. Contó que alquilaban una pieza en Brown y Rivadavia y ya acumulaban un atraso de cuatro meses, cuando se decidieron a tomar porque “no hay trabajo” y querían salir de esa deuda inabordable.

“Esto es por necesidad y dicen que estamos organizados. Si hay organización mejor, pero se porque la gente no tiene dónde ir -aseguró-. Que el municipio no tiene tierras siempre fue una mentira. Lo que falta son decisiones políticas”.

Sebastián es plomero, pero hacer rato que no tiene un ingreso digno para vivir y la precariedad se le presenta como un estado de cosas inmodificable. La toma, dijo, es la salida más a mano. Dijo que está anotado en el registro de demanda del municipio hace tres años “y hay gente que lleva diez años esperando sin ninguna respuesta. No te quedan salidas porque si querés comprar no hay terrenos por menos de un millón y medio de pesos”.

Entre los organismos que trabajan en el tema está el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Una de sus referentes, Erica Brandt, dijo que con el Instituto de Tierras hay un desentendimiento crónico. “Nos hemos reunido montones de veces y las soluciones las tienen en sus manos”, afirmó.

Una de las casillas más sólidas de la Manzana 287 es la de Brenda Velázquez, quien vive allí desde hace diez días, con su hijito de tres años. Se procura algo de calor con una estufa a leña, no tiene luz y el agua se la pide a una vecina. Dijo que vivía con su hermana en el 2 de Abril, pero “hubo un quilombo” y se tuvo que ir. “Vinimos el viernes pasado, limpiamos el terreno y nos quedamos -dijo la joven, de 24 años-. Es bravo, pero no tenemos otra opción”.

Unos metros más allá comenzó a levantar otra casilla de cantoneras Marcos Horisznyj (47 años), originario del barrio El Pilar (47 años), Dijo que siempre vivió de prestado y también alquiló, las pocas veces que tuvo trabajo estable. Para él desembocar en la ocupación es el primer paso para llamar la atención del municipio y en algún momento llegar a regularizar.

Ese juego de presiones está presente de una forma u otra en todas las tomas, y es uno de los factores que enervan a los funcionarios, cuando insisten en que hay “punteros que organizan” esos despliegues.

Querellar y dialogar

El nuevo presidente del Instituto de Tierras y Viviendas, Javier Giménez, asumió la semana pasada, luego del desgaste y el descrédito en el que había caído su predecesor, José Mella, acusado tanto de hostigar a los ocupantes con demandas de desalojo, como de alentar a otros a asentarse en espacios verdes con tácito permiso municipal.

Giménez recorrió varias de las tomas y dijo que confía en lograr un entendimiento para “llevar a cabo un proceso ordenado”, identificar los casos más acuciantes y darles alguna salida, aunque sea con propuestas de “relocalización”.

Aclaró que la denuncia penal cada vez que detectan una ocupación en tierra fiscal del municipio no pueden obviarla porque sería incumplir las obligaciones del funcionario público.

Giménez dijo que en Bariloche hay unas diez tomas si se cuentan sólo las conformadas el último año, y cada agrupoa entre 20 y 50 familias. Además perduran otras más añejasla 29 de Septiembre, Nueva Jamaica y Nahuel Hue, que están en vías de regularización.

“La mayoría tiende a agrandarse, en procesos que son muy desprolijos -admitió-. Algunos limpian los terrenos y otros más o menos. Se ubican en bajos y cañadones. Es todo muy precario y peligroso”.

Señaló que la existencia de tomas planificadas “es difícil de comprobar”, pero aseguró que “en algunos casos se nota que están organizados y asesorados”.

¿Qué va a hacer el municipio en lo inmediato? le preguntó este diario.

“Tenemos una estrategia que es separar la paja del trigo -dijo Giménez-. Tomar los datos de todos, averiguar, hacer un trabajo en equipo con Desarrollo Humano y con Planeamiento, conocer en cada caso si tienen hijos, si tienen propiedad, si hay personas con discapacidad. Algo se ha hecho pero falta mucho”.

Reconoció que el registro de demanda que lleva el instituto (siempre pendiente de “depuración”), tiene más de diez mil anotados.

El nuevo titular del IMTV dijo que el propósito es “regularizar, pero no en cualquier lado” y ofrecer soluciones “a partir de fun orden de prioridades, porque de otro modo se generan enojos y está justificado”.

Insistió en que, aun con las acciones judiciales en marcha, “por ahora la decisión no es promover desalojos sino buscar el diálogo, crear tierra urbanizable y empezar a resolver la situación de los que más necesitan. Pero es algo que cuesta, es caro, porque el municipio no puede urbanizar sin llegar con los servicios”.

Giménez dijo que el listado es una herramienta indispensable y que el municipio, por principio, no legitima ninguna toma. Reconoció que el trabajo por delante es complejo. “El programa de ordenamiento requiere de ordenar el listado, conocer la disponibilidad de tierra y tomar decisiones -afirmó-. Ordenar esos planetas va a tomar un poco de tiempo”.

“Vivir acá no es para cualquiera”

El tiempo es justamente lo que juega en contra de muchos que no pueden ya compartir vivienda con sus padres o deben dejar alquileres que no pueden pagar, y se vuelcan a las ocupaciones. Así nació por ejemplo el asentamiento Ojo de Agua, pegado al barrio Omega.

Allí, entre varios otros, levantaron sus casillas Tamara Aguirre y Vanina Menna. Natalia desmintió que hayan llegado al lugar “arriados” por algún puntero. “Si hubiera organización podría haber, pero no llevaría a nadie si no hay necesidad -razonó-. Porque vivir acá no es para cualquiera. No tenemos calle, estamos colgados de la luz y el agua la vamos a buscar a una vertiente. Leña no hay y también la tenemos que buscar porque no entramos en el plan Calor”.

En el barrio viven 27 familias y el sueño de todos es regularizar y ser dueños algún día. Vanina dijo que la policía pasó un tiempo atrás para tomar los datos de todos con la promesa de extenderles un certificado que -según la ilusión que corrió- iría a consolidar la ocupación y generarles algún derecho. Pero hasta hoy no tuvieron otra noticia de esa supuesta campaña.

Esas historias se repiten en muchos rincones de la ciudad donde alguien pasa el dato de algún terreno fiscal o de “dueño desconocido”, sin alambre ni resguardo. Acto seguido, aparecen los machetes y palas para desmalezar, seguidos de las carpas, las paredes de tabla y plástico y en los mejores casos las chapas, que en el tiempo que corre pasaron a ser “un lujo de rico”, según confesó uno de los ocupantes, mientras tendía el alambre para demarcar el espacio que le tocó en el reparto.

 Cruces y acusaciones 

La dificultad para el acceso a la tierra tiene características de problema “estructural” en Bariloche y la demanda desborda al municipio desde hace años, sin soluciones a la vista.

Existe por ordenanza un Consejo de Tierras, de conformación multisectorial, que debería convocar el municipio. Pero la actual gestión ha intentado desactivarlo y vaciarlo de contenido.

Las organizaciones que pugnan por exponer sus propuestas en el Consejo han conformado la Mesa de Tierras y desde allí insisten en denunciar que Bariloche arrastra un déficit no menor a las 10 mil soluciones habitacionales y que el gobierno municipal carece de un plan para dar respuestas.

Si algo está claro es que se trata de una trama compleja de resolver, que involucra muchos actores y que para hallar acuerdos es primer paso es evitar las lecturas binarias.

Pero la sucesión de tomas de tierra ha demostrado que si en algo falló el municipio es en generar las viviendas y lotes sociales en el volumen necesario y también en incidir en el mercado inmobiliario, como lo proponen las ordenanzas aprobadas en la última década para afrontar el problema, desde la creación del Instituto y las declaraciones de “emergencia habitacional” hasta la conformación del “banco de tierras” y la reglamentación de la figura de la plusvalía o “renta diferencial de la tierra”.

Los actores de las organizaciones creen que hace falta un urgente cambio de rumbo. Bibiana Alonso, de la fundación Gente Nueva y la Mesa de Tierras, aseguró que se paga un precio muy grande por “la falta de claridad” en las políticas del Instituto, cuando “se prioriza la venta de ´activos ociosos´, como los llaman, en lugar de generar un plan serio de gestión”.

 Una experiencia con final abierto

El proceso del barrio 29 de Septiembre, ubicado entre las 645 Viviendas y la ruta Juan Herman, es un ejemplo claro de la improvisación y las desigualdades que afloran cuando la demanda de hábitat choca con la falta de respuestas.

La toma nació hace más de una década y el municipio primero habló de desalojo, luego aceptó identificar y negociar con los dueños de la tierra y finalmente armó un plan de regularización.

Patricia Millalonco, una de las principales líderes del barrio, dijo que ahora viven en “el 29” unas 370 familias y que a pesar de las promesas, el plan está lejos de ser ordenado, porque la luz todavía depende de los tableros comunitarios y porque “hay gente que vende los lotes”.

Aseguró que el propósito original fue “evitar que esto derive en una inmobiliaria barata”, pero no parece tan fácil. “Hay que buscarle la vuelta”, dijo Millalonco. Otro tema pendiente es el de la provisión eléctrica, que trajo en el barrio muchos problemas (incluidos incendios fatales) y que todavía depende de una red provisoria.

La regularización, que el municipio había presentado como experiencia modelo, también está frenada por un atraso con las mensuras y por las trabas que impuso la pandemia, según contó Millalonco. “El acuerdo sigue en pie e incluye la titularización y el pago de los lotes por parte de cada vecino, a razón de 2.500 pesos mensuales durante diez años -señaló la dirigente-. Eso fue hace dos años así que ahora habrá que actualizar. Podría ser el mismo monto pero por un plazo mayor”.